La imagen difundida esta tarde por el Ayuntamiento de Málaga refleja una cuestión clave: el municipalismo cierra filas para hacer frente a los grandes retos de la provincia. Al menos, esa es la conclusión inicial a la que se puede llegar tras ver la fotografía en la que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra acompañado de otros 24 regidores del área metropolitana del territorio (y localidades vinculadas a ella) junto al presidente de Diputación, Francisco Salado, y la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro.

El agua, la gestión de residuos, el suelo para vivienda y, por supuesto, la movilidad, son algunos de los aspectos a los que los consistorios han de hacer frente de forma inmediata con la ayuda de otras administraciones. Especialmente ante un futuro que se presenta incierto. Tan solo por apuntar un dato, las previsiones del INE hablan de más de 300.000 habitantes en la provincia en los próximos años. 

Este crecimiento, sumado a la propia fluctuación poblacional a raíz del turismo, hace tambalear las infraestructuras que, a tenor de los problemas vigentes, parecen obsoletas. “Se trata de consensuar un método de trabajo”, apuntó De la Torre ante los medios de comunicación en los minutos previos al arranque de esta reunión. Un encuentro con un enfoque “muy municipal”, pero al que también asistió el Gobierno autonómico.

No sucedió lo mismo con el Gobierno central, aunque las competencias de gran parte de los asuntos que se trataron recaen en Madrid. La explicación que se dio a esta objeción fue que el Ejecutivo se encuentra “en funciones” y que en ningún momento está la intención de “confrontar” con la institución nacional. De hecho, se espera contar con ellos en ocasiones venideras.

Desde el PSOE provincial hacen una lectura diferente. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga critican que la subdelegación no estuviera invitada, algo que sí se produjo en ediciones anteriores de este foro. Pese a que los ánimos iniciales de los regidores socialistas son “constructivos y esperanzados”, desde Fernán Núñez no ocultan sus temores a que esto sea “una pantomima”. 

Intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el encuentro. Ayuntamiento de Málaga

“(Puede ser) un brindis al sol; una foto del PP tras una reunión en la que ni se creen estrategias ni haya concreción”, apuntan. De los 25 representantes municipales que asistieron, cinco están gobernados bajo las siglas del PSOE (Almogía, Álora, Cártama, Colmenar y Mijas), además de otros dos que pertenecen a la coalición Con Andalucía. 

"Podríamos inspirarnos en los Foros Metropolitanos de Alcaldes que se impulsaron por la Fundación Ciedes del Ayuntamiento y la Fundación Medeca de la Diputación entre 2011 y 2016. El actual plan estratégico de la ciudad de Málaga habla del concepto Málaga Metrópolis Global, que podría servirnos para enmarcar también estas reuniones", recogía la misiva enviada por De la Torre a inicios de semana.

La dinámica de entonces se estructuraba en reuniones técnicas para finalizar con la decisión de los responsables políticos, algo que esperan repetir en 2023, “con nuevos retos por delante” como son la sequía, los residuos, el suelo y la movilidad.

Al respecto de los temas propuestos para analizar, los socialistas señalan también “cuatro áreas vitales”, aunque en este caso desaparece movilidad y residuos para dejar paso a la sanidad y a la educación; todo ello con la vivienda como principal bastión (tal y como demostraron durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales, con las 10.000 VPO como medida estrella en la capital). 

Preguntados por la relevancia que tiene el papel de la movilidad en el futuro de la provincia, explican que el área metropolitana tiene “poco que criticarle” al Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, sobre el Tren Litoral (pilar fundamental para poder implementar un ferrocarril que conecte toda la costa oeste), señalan que el PP “no hizo nada”.

Este enfoque viene a consolidar algo que lleva más de dos décadas produciéndose: el carácter de arma arrojadiza que esta infraestructura ha adquirido en función del cambio de carteras en Moncloa. Ningún partido ha sido capaz de dar una respuesta sólida, repitiéndose las críticas en función del cambio de siglas. El dato está ahí: en 10 años solo se han destinado 9,2 millones. 

El momento en el que la asignación fue superior fue 2018, con el Partido Popular al frente del Ejecutivo. En el documento económico de ese año se recogía una partida específica de 6 millones bajo el título Estudios y Proyectos del Tren de la Costa del Sol, a los que se sumaban otros 420.000 del Corredor de la Costa del Sol. En 2022 fueron 202.000 euros.

Aun así, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, volvió a defender la implementación de este proyecto, abogando por extender la mejora de conexiones a la Axarquía y ampliarlo hasta Antequera. 

Pese a las facilidades que traería esta conexión ferroviaria, su complejidad es máxima. Es por ello que desde el PSOE señalan que a corto plazo es inviable que vea la luz. Según los cálculos que manejan, se tardarían al menos 10 años para iniciarse y 25 para acabar. Todo ello tras un proceso de acuerdo en el que se defina el proyecto y se ejecutan las expropiaciones necesarias para que las vías pasen dirección Estepona. 

La conclusión que esgrimen los socialistas ante posibles más reuniones es nítida: “Si se confirma la pantomima, no iremos más. Vamos a ser constructivos y confiar en que tengan en cuenta los aportes que se han hecho desde nuestros representantes.”. Y en esa línea comenzaron a apuntar este martes, criticando abiertamente la actitud de la Junta de Andalucía, representada en la reunión por Navarro. 

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, resaltaron las valoraciones de la cita de algunos alcaldes socialistas ante "la prueba de la falta de participación" que, a su juicio, supone que el Ayuntamiento enviara una nota de prensa "nada más acabar la reunión sin tener en cuenta lo que dicen los alcaldes". 

El coordinador territorial del PSOE de Málaga y alcalde de Mijas, Josele González, defendió de esta forma que "los alcaldes que no somos del PP también estamos dispuestos a arrimar el hombro por la prosperidad de nuestra provincia, pero sin olvidarnos de las infraestructuras sanitarias y educativas que necesitan nuestros pueblos y ciudades". 

Los regidores socialistas pusieron especialmente el acento en la gestión del agua, que en buena parte depende de la Junta de Andalucía. Así, mientras que el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, lamentó que "no se han tomado las medidas oportunas ni se han hecho las inversiones necesarias para garantizar el agua en la provincia" y demandó "que vayamos todos en el mismo barco, que no haya habitantes de primera y habitantes de segunda"; la alcaldesa de Almogía, Toñi García, exigió la puesta en marcha la depuradora de su municipio.

Igualmente, señalaron proyectos de movilidad dependientes de las instituciones gobernadas por el PP como el desdoblamiento de la  A-357, "fundamental para mejorar la movilidad en el Guadalhorce" y que depende de la Junta, o la mejora de las carreteras de los municipios, que son competencia de la Diputación de Málaga.