El arranque de la campaña electoral del PSOE en Málaga para las elecciones generales del 23 de julio ha empezado enturbiado por una decena de funcionarios de justicia que han aprovechado la ocasión para denunciar su situación y han criticado, a voz en cuello, la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez ante sus reivindicaciones. 

Segundos después de que la candidata número 1 al Congreso por parte de los socialistas, Mari Nieves Ramírez, tomara la palabra, comenzaron a escucharse silbatos desde el fondo de la pequeña Terraza de San Telmo donde estaba teniendo lugar el acto, en pleno centro de la capital.

Tras ellos, emergieron menos de una docena de manifestantes con carteles con la cara del presidente del Gobierno y mensajes como "la justicia se hunde" o "negociación ya" y un grito unánime de todos ellos: "Justicia parada y el Gobierno no hace nada".

Su irrupción dio paso a unos segundos de tensión, después de que algún militante socialista presente se dispusiera a encararse con los manifestantes para intentar quitarle los carteles.

El secretario general del PSOE en la provincia, Daniel Pérez, tomó la palabra de inmediato para llamar y trasladar a los manifestantes que serían escuchados.  

La protesta duró apenas unos minutos, hasta que los integrantes del colectivo de funcionarios de justicia fueron desalojados. El mitin continuó con normalidad con la intervención de Ramírez. "Todo el mundo está en su legítimo derecho de defender lo que creen de justicia, pero hay formas de hacerlo", comenzó diciendo. 

Reivindicaciones

El conflicto entre los funcionarios de justicia y el Gobierno comenzó el pasado mes de abril cuando los trabajadores empezaron a movilizarse para exigir una subida salarial similar a la lograda por los letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga.

Siguiendo el ejemplo, estos funcionarios se apuntaron a la protesta, al igual que los jueces y fiscales, cuya revisión de salarios regulada por ley se lleva incumpliendo desde hace dos décadas. Mientras esta lucha sí acabó con un acuerdo, la negociación de los funcionarios sigue en el aire aplazada primero por los comicios del 28 de mayo y, después, por la convocatoria de las elecciones del 23 de julio.