Durante los últimos cuatro años, la Guardia Civil ha inspeccionado 3.453.008 metros cuadrados de cultivo de subtropicales en el marco de la 'Operación Chaak', una investigación que consiguió su objetivo: corroborar cómo se había estado realizando una extracción continuada durante años de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara, en el municipio malagueño de Moclinejo. 

Los agentes han localizado en este tiempo 299 aprovechamientos en forma de pozos, sondeos o balsas. Estiman que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cuadrados. Con ellos, se habría regado ilegalmente unas 240,242 hectáreas. El daño al dominio público hidráulico ascendería a 10.000.000 euros.

La intensificación de los periodos de sequías extremas como consecuencia del cambio climático está afectando a la disponibilidad de recursos naturales y la seguridad hídrica. El uso indebido del agua está provocando una sobreexplotación de las aguas superficiales y de los acuíferos, lo que provoca una importante erosión y degradación del suelo y, por ende, grandes consecuencias en la fauna y la flora. 

Frente a ello, la Guardia Civil ha reforzado las actuaciones en materia de vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos. En total, ha realizado un total de 4.348 servicios en fincas rústicas.

Los agentes han llevado a cabo 886 inspecciones en las que se ha detenido o investigado a 26 personas. En conjunto, han cursado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

Según precisan en una nota de prensa, entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes están las perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, las balsas ilegales de acumulación de agua o las captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

Gran parte de las actuaciones se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.

Los autores de este tipo de hechos se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de supuestos más agravados, se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la afectación al medio natural.

Actualmente también se está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el estudio de imágenes satélite para determinar aquellas fincas que están cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada.