La última versión del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental no sólo dibuja el desarrollo a futuro de este gran escenario físico de la provincia de Málaga, uno de los grandes epicentros turísticos y económicos del país, sino que además pone números a todas las actuaciones que serían deseables en el corto, medio y largo plazo.

El documento, elaborado por el estudio de Manuel González Fustegueras, cuantifica en 1.625 millones de euros la inversión necesaria para ejecutar las infraestructuras en materia de comunicación, los equipamientos sociales, las zonas verdes planteadas…

Así queda recogido en la memoria económica que forma parte del plan en su globalidad, que ya se encuentra abierto a consulta pública. Y esto implica que cualquier persona o administración interesadas pueden durante un plazo de 45 días realizar cuantas observaciones considere sobre el contenido del mismo.

Ciñéndonos a la literalidad del estudio económico, los urbanistas consideran que las acciones inversoras propuestas "deberán estar ejecutadas o encontrarse en proceso de ejecución en un plazo de entre 15 y 20 años".

No obstante, subdividen el calendario en tres períodos: acciones que se inician en los primeros 5 años para el corto plazo, acciones que se inician entre los 5 y 10 años para el medio plazo, y después de los 10 años para el largo plazo, de manera que los distintos órganos inversores a los que corresponda su ejecución establezcan su ritmo de programación anual en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Es de reseñar, no obstante, que dos de las acciones estrella de este plan, como son la liberación del peaje de la AP-7 y la conversión de la A-7 en un bulevar urbano quedan sin precisión temporal. "Por determinar", se indica de manera precisa. Y en el caso de la prolongación del ferrocarril desde Fuengirola, se habla de una operación para el medio y largo plazo.

Tomando como punto de partida este esquema temporal, el mayor peso económico, como era de esperar, se lo lleva el programa del sistema de movilidad y transporte, que representa el 62,37% del total, con más de 1.013 millones de euros.

Le siguen las infraestructuras básicas del ciclo del agua, con un 25,15% (408,7 millones), la Infraestructura Verde (incluyendo el sistema de espacios públicos de nivel territorial) con casi 34 millones, y las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones, con 12 millones.

En cuanto a la distribución temporal de este esfuerzo económico, los técnicos vinculan al corto plazo una suma de 404 millones de euros; 884 millones de euros corresponden al medio plazo, mientras que los 334 millones restantes se desplazan al largo plazo.