Málaga adolece de espacios logísticos. Tanto en cantidad como en calidad, pero uno de los grandes proyectos que había sobre la mesa está más cerca de convertirse en realidad. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido la licencia de obras para la construcción de siete naves logísticas en los terrenos donde se asentaba la antigua fábrica de Bacardí, en el polígono de Santa Cruz, que dejó de fabricar ron hace 15 años y cuyo espacio se está utilizando para la organización de eventos. 

El proyecto se llama Málaga Green Logistics Park y está impulsado por el fondo alemán Aquila Capital. Es una plataforma logística de 70.000 metros cuadrados cuyo desarrollo supondrá una inversión de unos 24  millones de euros y que, según indicaron desde Aquila, es el mayor proyecto logístico sostenible de la Costa del Sol.

Las obras de reacondicionamiento del terreno se iniciaron en 2021 y se prevé la generación de 130 empleos directos e indirectos. 

Según se recoge en la licencia de obras, las siete naves irán divididas en dos conjuntos sobre una misma parcela y se incluye además el permiso para la construcción de 422 plazas de aparcamiento, de las cuales 79 son específicas para vehículos pesados, y otras 18, que no están homologadas en el PGOU, serán para bicicletas y vehículos similares. La parcela neta tiene 71.012 metros cuadrados y se habilitarán dos entradas y salidas por las calles Valle Niza y Ronda. 

La creación de este parque logístico va a permitir la implantanción de más empresas en Málaga, muchas de las cuales reconocen abiertamente la dificultad de instalarse en la capital por la falta de espacio. 

Los promotores deben presentar ahora el proyecto de ejecución y una declaración responsable sobre la concordancia entre la documentación del proyecto básico aprobado y el proyecto de ejecución visado. También se indica que tienen que entregar una escritura pública de segregación y cesión de 1.300 metros cuadrados que pasan a vía pública. 

Se estima un plazo para el inicio de las obras de seis meses y de 36 meses para su finalización, aunque se abre la posibilidad de que la empresa promotora pida prórrogas en caso de que lo necesite.