La herida que el alza de los costes de las principales materias primas ha provocado en el sector de la construcción sigue sangrando y tocando de lleno a parte de la obra pública proyectada en la provincia de Málaga. Sólo en 2022 hay casi medio centenar de iniciativas institucionales que han quedado desiertas o a las que se ha desistido por la ausencia de empresas dispuestas a ejecutarlas por los precios inicialmente establecidos.

Así queda recogido en el balance realizado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga y actualizado a finales del pasado mes de diciembre. La suma económica de las operaciones afectadas supera los 30 millones de euros. La mayor parte de estas licitaciones estancadas corresponden a administraciones locales, con más de 40, a las que agregar otras impulsadas por el Gobierno central.

Conforme a los datos de la patronal, que utiliza como fuente la plataforma de contratación del Estado, la provincia malagueña es la segunda más afectada por este evidente problema en el conjunto de Andalucía. Sólo Cádiz presenta números más elevados. En ese caso, es una treintena de actuaciones afectadas, cuyo valor supera los 41 millones de euros.

¿Qué sucede en el resto del territorio? En Sevilla, por ejemplo, son 26 los proyectos contabilizados por la ACP, valorados en unos 23 millones de euros; en Granada, 10 actuaciones, por 16,6 millones; Huelva, con doce proyectos, valorados en 6,9 millones; Jaén, con otras 10 iniciativas (2,3 millones); Córdoba, con 5 (4 millones), y Almería, con 4 obras, valoradas en 611.650 euros.

Ejemplos prácticos

Uno de los ejemplos más significativos de lo sucedido en la provincia malagueña es el concurso para la construcción de una promoción de 84 viviendas de protección oficial en la capital de la Costa del Sol. El proyecto, licitado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga (IMV) a mediados del año pasado, quedó desierto debido a la ausencia de empresas dispuestas a su ejecución por el precio de licitación inicial: 8,6 millones de euros (sin IVA). 

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha tenido que volver a sacar a concurso la actuación, pero elevando en unos 2 millones el precio de licitación. Cerrado el plazo de presentación de ofertas, pugnan por hacerse con este contrato cuatro uniones temporales de empresas y una quinta empresa en solitario.

Son las UTE CFVC Construcciones, C. Lasor y Montajes Industriales Caorza; la de Construcciones Serrot, Sardalla Española y Herysan 2007; la de Gestaser-Monrabal-A7GR., y la de Taller de Urbanismo e Ingeniería, Obras Generales del Norte y Grupo Ferson 03. Y a estas se suma en solitario Vialterra Infraestructuras.

Este episodio se repite en otros muchos municipios. Uno de ellos es Fuengirola, que ha tenido que incrementar sustancialmente el valor de sus proyectos, el Parque de la Loma, para poder encontrar una empresa dispuesta a asumir su desarrollo. Sirva de ejemplo que en junio del año pasado el concurso impulsado por el Consistorio, con un valor de 1.946.814 euros, quedó desierto.

Ante este revés, el municipio tuvo que reajustar los valores de la obra y volver a salir al mercado con un precio de partida de 3.129.440 euros (sin IVA), un 61% más que la primera referencia económica. Sólo así ha sido capaz de adjudicar los trabajos a la unión temporal de empresas integrada por ACP Constructora y Herysan por algo menos de 2,4 millones.

En este Estepona se puede relatar lo ocurrido con el rocódromo que quiere construir el Ayuntamiento en el recinto ferial. La primera licitación tuvo lugar en octubre del año pasado con un precio (incluido el IVA) de 1.264.682,94 euros. Sin embargo, la Administración local ha tenido que volver a sacar al mercado esta misma actuación con un valor sensiblemente superior, 1.978.897,03 euros.

Otro de los proyectos que ha quedado en el camino es el impulsado en la primera mitad del año pasado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la renovación de las vías ferroviarias de las estaciones de Pizarra y Aljaima. Financiada con fondos Next Generation, la operación incluía la sustitución de desvíos en ambos enclaves, con un presupuesto de 2,4 millones de euros (sin IVA). 

Sin embargo, el concurso quedó desierto. Y ello llevó al organismo estatal a desistir del contrato complementario activado para la asistencia técnica para el control y vigilancia de estos trabajos, valorado en casi 440.000 euros.