El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, con 55 años de historia, y su Consejo General, agasajaban a los compañeros y compañeras más veteranos haciendo público su tesón y poniendo en valor la importancia de la profesión y de los Graduados Sociales en la construcción de una sociedad respetada, moderna y solidaria en la que los principios de paz y justicia social deben prevalecer.

Los medallistas fueron distinguidos por los presidentes nacional, autonómico y provincial del colectivo. Ricardo Gabaldón, José Blas Fernández y Juan Fernández estuvieron acompañados por el presidente de la Sala de lo Social del TSJA y  representante del poder judicial en Málaga, Manuel Hernández-Carrillo. 

El solemne acto de imposición de las medallas de oro, plata y bronce tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga ante la atenta mirada de autoridades de la vida pública, política y universitaria de la ciudad, familiares y amigos.

225 hombres y mujeres recibían la máxima distinción colegial por su dedicación y una intensa carrera profesional que han vivido como testigos privilegiados de la historia de Málaga y Melilla. 

Algunos ejemplos son la reorganización de las relaciones económicas y laborales, el grado más alto de la industrialización, la incorporación de las nuevas tecnologías, la plena inserción laboral de los inmigrantes y el aumento de la competitividad de los mercados además de los continuos cambios normativos del derecho laboral y de la seguridad social. 

Y, evidentemente, uno de los temas centrales fue la pandemia. Una profesión que antes, pero mucho más ahora, durante este tiempo con la Covid, ha demostrado ser esencial para el mantenimiento de la paz social y la economia familiar.

La tramitación de los ERTES, ayudas y subvenciones de la administración, ceses de actividad de autónomos, pensiones, jubilaciones, registros horarios, teletrabajo… son muchas las normativas y leyes que han nacido en 2020 y todas y cada una de ellas han pasado por los despachos de los Graduados Sociales para transmitirlas a trabajadores, empresas y ciudadanos en general y también defender estos derechos y obligaciones en los juzgados de lo social.