Paquita en su piso.
Paquita, la otra Maricarmen de 83 años pendiente de la fecha de su desahucio: "Quieren que mi casa sea un piso turístico"
La mujer lleva 28 años en una vivienda de La Latina cuyo lanzamiento fue suspendido en julio y continúa a la espera de una nueva fecha.
Más información: La empresa del desahucio de Paquita en Madrid: ya le han cerrado pisos turísticos y es experta en comprar bloques
Francisca López Ruiz, Paquita para sus vecinos, lleva casi tres décadas viviendo en el mismo piso de la calle Santa Ana, en pleno barrio de La Latina. Tiene 83 años, un grado III de dependencia y Parkinson.
Llegó a esa vivienda hace 28 años y allí ha construido buena parte de su vida: en esa casa murieron su madre y su marido y allí ha permanecido junto a su hijo Carlos durante casi tres décadas.
Ahora espera una nueva fecha de desahucio.
El lanzamiento previsto para el pasado 22 de julio fue suspendido cautelarmente por el juzgado, que pidió información a las administraciones sobre la situación de vulnerabilidad de la octogenaria y las alternativas habitaciones disponibles.
La decisión les dio un respiro, pero no cerró el procedimiento. Paquita sigue sin saber cuándo tendrá que abandonar la vivienda en la que lleva viviendo desde finales de los años noventa.
La aprobación de los decretos de vivienda da un respiro porque contempla la suspensión de un desahucio si la persona es vulnerable y no tiene alternativa habitacional pero aún no sabe qué será de su vida.
"Para mí esta casa significa toda la vida. Mi madre y mi marido murieron aquí", contaba durante el verano. También explicaba entonces lo que suponía para ella la posibilidad de tener que marcharse: "Me siento muerta porque esta es mi vida, esto es todo lo que tengo".
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Desde entonces, Paquita ha dejado de atender a los medios. Su caso despertó el interés de más de un centenar de periódicos, radios y programas de televisión, según explica la asociación que la acompaña.
La respuesta ha sido siempre la misma: está cansada y no quiere exponerse de nuevo mientras no haya novedades sobre su situación.
Ahora su entorno intenta protegerla de esa exposición. Está previsto que participe únicamente en un pequeño vídeo para responder al interés mediático que ha generado su caso.
Salvo que cambie de opinión, será su única aparición hasta que se conozca una nueva fecha de lanzamiento y tenga que volver a enfrentarse públicamente a su situación.
Una vida en Santa Ana
Paquita llegó a Madrid desde Huelva cuando tenía apenas 15 años. Décadas después, su vida sigue ligada al mismo barrio. En Santa Ana ha construido una red de vecinos y conocidos que, para una mujer con movilidad reducida, tiene también una importancia práctica.
Su Parkinson y su grado III de dependencia hacen especialmente complicado pensar en una mudanza. Durante el primer intento de lanzamiento explicaba que tampoco entendía cómo podía encontrar una vivienda nueva en tan poco tiempo: "¿Cómo vas a buscar una casa del día uno al día 22 sin poderme valer bien y con mi hijo trabajando sin más remedio?".
El piso no es únicamente el lugar donde vive. Es también el espacio en el que ha permanecido durante casi 30 años y donde, según contaba ella misma, está buena parte de su historia familiar.
El alquiler que ha venido pagando ronda los 1.150 euros mensuales. La propiedad corresponde a Tolesanta S.L., una sociedad vinculada a un patrimonio inmobiliario que gestiona distintos inmuebles del centro de Madrid.
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La familia de Paquita sostiene que detrás del procedimiento está la intención de destinar la vivienda al alquiler turístico. "Quieren convertir mi casa en un piso turístico. Solo quieren dinero, dinero y dinero", aseguraba durante el verano. Ella ha pagado mes a mes pero la empresa quiere desahuciarla.
El caso de Paquita se produce en uno de los puntos de Madrid donde más se ha tensionado la convivencia entre vivienda residencial y alojamientos turísticos.
El edificio de Santa Ana 6 está a pocos metros de la Plaza Mayor y forma parte de un conjunto de inmuebles que quedaron repartidos entre distintas sociedades después de la reorganización del patrimonio de la familia Couret.
Según explica Daniel Piedrabuena, presidente de la Asociación de Vecinos de La Chispera, en el inmueble todavía quedan varios contratos residenciales, aunque la entidad vecinal sostiene que existe una tendencia a sustituir estos alquileres por usos más rentables para los propietarios.
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"No están interesados en tener contratos de alquiler residencial, solo quieren hacer negocio y les renta más el alquiler turístico o el alquiler a estudiantes", sostiene Piedrabuena.
La misma asociación sitúa el caso de Paquita dentro de una transformación más amplia del centro de Madrid. Su edificio todavía no se ha convertido por completo en un inmueble turístico, pero los vecinos creen que ese podría ser el destino de parte de las viviendas cuando vayan terminando los contratos.
El nombre de Tolesanta ya ha aparecido además en otro conflicto relacionado con los pisos turísticos. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó recientemente el cierre de varios apartamentos turísticos explotados por sociedades vinculadas al mismo grupo en el número 77 de la calle Toledo.
En ese edificio, de unas sesenta viviendas, alrededor de cuarenta llegaron a destinarse a uso turístico, según la resolución judicial.
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Durante el verano, cuando su desahucio estaba a punto de ejecutarse, vecinos y colectivos del barrio se movilizaron bajo el lema "Todas somos Paquita". La suspensión judicial frenó temporalmente el lanzamiento y dejó abierta la puerta a buscar una solución.
No se sabe si su caso está dentro de los desahucios que no se podrán llevar a cabo gracias a los decretos de vivienda.
Su entorno explica que está bien, pero cansada de la atención mediática y sin ganas de volver a enfrentarse a las cámaras y los micrófonos. Después de recibir llamadas de más de cien medios y programas, ha optado por guardar silencio hasta que haya una novedad que realmente cambie su situación.
La historia de Paquita queda así suspendida, como el propio desahucio. Una mujer de 83 años que lleva 28 años en la misma casa, un procedimiento judicial todavía abierto y una fecha que todavía no existe. Por ahora, sigue viviendo en Santa Ana. Y sigue esperando.
