Alba, divulgadora: "Hay 2,44 millones cobrando el IMV por no hacer nada; y los autónomos sin recibir ayudas"

El debate sobre las ayudas sociales vuelve al centro de la conversación en España. Y es que, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 25% de los trabajadores españoles cobra menos al mes que lo que algunas familias pueden recibir a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

No todos los que acceden a esta prestación cobran lo mismo; depende de varios factores, como la cantidad de personas de la unidad familiar. En el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos hijos, puede llegar a percibir alrededor de 16.733 euros anuales gracias al IMV (lo que se traduce en unos 1.400 euros al mes).

Esta cifra sitúa a una parte significativa de la población trabajadora en una posición complicada, ya que aproximadamente uno de cada cuatro empleados en España cobra menos que esa cantidad.

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El sueldo más frecuente -conocido como salario modal- se sitúa en torno a los 15.574 euros brutos anuales, según los últimos datos de 2023 disponibles en el INE (unos 1.112,48 euros al mes). En un contexto, además, donde el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 se ha fijado en 1.221 euros mensuales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.

Esta situación ha reavivado las críticas sobre el posible efecto desincentivador de estas prestaciones. Especialmente entre autónomos y trabajadores con salarios bajos, que perciben una desigualdad entre el esfuerzo laboral y las ayudas públicas recibidas por quienes no trabajan.

"¿Quién va a dar palo al agua?"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado el IMV y concluye que esta prestación podría reducir en un 12% la probabilidad de que los beneficiarios busquen empleo. Este dato ha sido clave para alimentar la discusión sobre si el sistema actual de ayudas está bien diseñado o si necesita ajustes.

Los expertos señalan que, aunque el objetivo del IMV es reducir la pobreza y garantizar un nivel mínimo de ingresos, su estructura puede generar efectos no deseados en el mercado laboral si no se acompaña de incentivos adecuados para la reincorporación al trabajo.

En este sentido, numerosos usuarios de redes sociales han expresado su malestar. Una de las críticas más repetidas es que el sistema actual podría resultar injusto para quienes trabajan largas jornadas y perciben salarios bajos.

Así lo ha expresado Alba, divulgadora financiera creadora de contenido en TikTok bajo la cuenta @Enterateconalba: "¿Aquí quién va a dar un palo al agua?" Y es que considera que el sistema no premia suficientemente el esfuerzo laboral.

Se cuestiona que algunas personas puedan recibir ayudas sin haber cotizado previamente, mientras que trabajadores y autónomos apenas llegan a fin de mes. "Yo puedo entender que haya ayudas sociales para la gente que lo necesita de verdad. Pero quizá para los autónomos y los asalariados que trabajan todo el día y cobran dos duros, igual sienta un poco mal que se estén riendo en nuestra cara de que venga luego una persona que no ha cotizado ni un día y se lleve esa pasta por no hacer nada".

Actualmente, el IMV llega a aproximadamente 2,44 millones de personas en España, lo que equivale a una de cada veinte personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (798.312 hogares). Este elevado número de beneficiarios demuestra la importancia de la medida como red de protección social, pero también intensifica el debate sobre su sostenibilidad y sus efectos a largo plazo.

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El principal desafío para las administraciones públicas es encontrar un equilibrio entre garantizar ayudas a quienes realmente lo necesitan y evitar que estas prestaciones desincentiven la búsqueda de empleo.

"Las ayudas están para ayudar, no para que te salga más rentable el no trabajar. En vez de incentivar y ayudar a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los emprendedores a crear empleo, a trabajar y a generar riqueza; no, mejor a generar que la gente no trabaje", concluye la divulgadora.

Muchos expertos coinciden en que la solución pasa por reformar el sistema para que trabajar siempre resulte más rentable que no hacerlo. Entre las propuestas más habituales se encuentran la mejora de los salarios, incentivos fiscales para trabajadores y autónomos, y políticas activas de empleo más eficaces.

Mientras algunos defienden su papel como mecanismo imprescindible de protección social, otros reclaman cambios para evitar que se convierta en un freno al empleo. En cualquier caso, la discusión refleja una preocupación creciente por la calidad del empleo y el equilibrio entre ayudas públicas y cultura del trabajo.