Vista del exterior del colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei.

Vista del exterior del colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei. EFE

Sociedad Sucesos

Álvaro, el profesor y numerario del Opus Dei acusado de abusos sexuales a tres menores de un colegio de Mirasierra

Los hechos, según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores, habrían ocurrido hace dos años en el entorno de una actividad educativa vinculada al centro.

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Las claves

Álvaro M., ex profesor y numerario del Opus Dei, está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a tres menores en un colegio de Madrid.

Los hechos denunciados ocurrieron hace dos años durante un campamento del club juvenil Amura, relacionado con el Opus Dei.

El colegio El Prado apartó de inmediato al docente y activó protocolos de protección de menores, informando a las familias y a las autoridades.

El Opus Dei ha confirmado la pertenencia del acusado y su retirada de actividades con menores, y ha expresado "dolor" por los hechos denunciados.

Álvaro M., ya ex profesor del colegio El Prado de Madrid vinculado al Opus Dei y miembro numerario del citado grupo religioso, está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a tres menores, unos hechos que, según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores, habrían ocurrido hace aproximadamente dos años en el entorno de una actividad educativa vinculada al centro.

El caso, que ya está en conocimiento de las autoridades, ha provocado la inmediata retirada del docente de sus funciones y ha activado los protocolos de protección de menores tanto en el colegio como en las entidades relacionadas.

Los hechos denunciados se sitúan en el contexto de un campamento de verano organizado por el club juvenil Amura, una asociación vinculada al entorno del Opus Dei y relacionada con actividades formativas dirigidas a jóvenes.

Según las informaciones disponibles, fue el delegado de Protección del Menor de dicha asociación quien trasladó el caso a las autoridades de la Prelatura y formalizó la denuncia ante la Fiscalía el pasado 13 de marzo, lo que ha dado inicio al proceso judicial.

Tras tener conocimiento de la situación, la dirección del colegio El Prado, un centro privado, bilingüe y exclusivamente masculino ubicado en el barrio madrileño de Mirasierra, procedió a apartar de forma cautelar al profesor acusado.

Asimismo, informó a las familias afectadas y puso los hechos en conocimiento de la Policía. No obstante, fuentes policiales señalan que la apertura formal de diligencias depende de la autorización de la Fiscalía de Menores, que es el órgano competente en este tipo de casos.

El colegio forma parte del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, una red educativa vinculada al Opus Dei que gestiona distintos centros en España.

Desde el entorno del centro se ha subrayado que la respuesta ha sido “inmediata y contundente”, destacando la rapidez en la adopción de medidas preventivas, la comunicación con las familias y la colaboración con las autoridades como elementos clave en la gestión del caso.

Por su parte, el Opus Dei ha emitido un comunicado en el que confirma que el acusado pertenece a la Prelatura y que ha sido apartado de cualquier actividad con menores y de responsabilidades formativas.

En el mismo texto, la institución expresa su “dolor” por los hechos denunciados y recalca que dispone de una oficina de protección de menores, así como de protocolos de prevención y actuación que, aseguran, se revisan de manera continua para garantizar entornos seguros.

Este caso se produce en un contexto reciente marcado por otras denuncias de presuntos abusos en entornos educativos relacionados con instituciones religiosas.

En concreto, guarda cierta proximidad temporal con las acusaciones que salieron a la luz el año pasado contra un ex capellán del colegio Highlands El Encinar, también en la Comunidad de Madrid, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre los mecanismos de control, prevención y respuesta ante este tipo de situaciones.

La investigación se encuentra en una fase inicial y bajo supervisión de la Fiscalía de Menores, que será la encargada de determinar el alcance de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades penales.