La deducción en el IRPF de la que se beneficiarán más de dos millones de trabajadores en España, según la ley

La situación laboral de muchos españoles es más complicada de lo que quizás buena parte de la sociedad piensa. Sobre todo, en ciudades y regiones tan grandes como Madrid. Hoy por hoy, aunque el desempleo sea una de las peores situaciones que podemos experimentar, lo cierto es que no está entre las principales preocupaciones de los españoles. O, mejor dicho, no acapara tantos debates como en tiempos pretéritos. .

Cuestiones como la corrupción de las altas esferas políticas o la permisividad que se tiene con ciertos entornos con temas relacionados como el terrorismo de ETA son hoy por hoy mucho más protagonistas de los debates y de los corrillos populares. Sin embargo, no tener un empleo sólido o estable puede condicionar nuestra vida más que nunca.

Y es que a veces no basta con tener un empleo, ya que la precariedad salarial en comparación con el coste de la vida en la que está envuelta España, y sobre todo zonas como la Comunidad de Madrid, hace que el grupo de personas de la pirámide que menos cobra pase cada vez más apuros. Es por ello que el Gobierno de España se ha visto obligado a tomar medidas para intentar aliviar su situación.

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Una de las decisiones que más polémica ha generado recientemente es la deducción fiscal aprobada por el Gobierno para evitar que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional tributen. Esta ya era una medida que beneficiaba a cientos de miles de personas en la Comunidad de Madrid y en nuestro país, ya que se calcula que unos 800.000 madrileños cobran menos de 18.000 euros.

Sin embargo, su ampliación propiciará que más de dos millones de personas puedan disfrutar de una deducción en el IRPF de cara a la próxima declaración de la Renta. Y es que el Ministerio de Hacienda ha extendido esta rebaja a todas las nóminas inferiores a 20.000 euros.

¿Qué trabajadores no pagarán IRPF?

Esta es una medida que ha generado polémica y sorpresa casi a partes iguales. Sin embargo, la decisión del Gobierno no es otra que intentar amortiguar el elevado tipo marginal de IRPF que soportarán más de dos millones de trabajadores en nuestro país.

Dicho grueso de la población se divide en dos grandes grupos. Por un lado, los 668.058 trabajadores con ingresos comprendidos entre el salario mínimo interprofesional y los 18.376 euros. Y por otro, los 1.228.317 asalariados que tienen ingresos por debajo del límite fijado, unos 20.045,85 euros brutos anuales. Aunque habría un tercer grupo que eleva la cifra total a los 2,4 millones de personas.

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Esta es la barrera en la que se ha situado el final de la aplicación progresiva de la deducción aprobada por el Gobierno para la Renta 2026. El primer grupo tendrá una mayor deducción de la que tuvo en el ejercicio anterior, mientras que el segundo se estrena tras el reajuste. La nueva deducción es igual a multiplicar por 0,2 la diferencia entre los ingresos del trabajador y el nuevo SMI, tal y como explica el medio especializado El Economista.

El año pasado, este tope de ingresos se fijó en 18.276 euros. Pero al pautar una nueva subida del SMI, Hacienda decidió impulsarlo hasta el nuevo límite, esos 20.048 euros, lo que abre la puerta a más de un millón extra de nuevos beneficiarios. Sin embargo, esta cifra de personas afectadas positivamente son aún estimaciones ya que hay excepciones.

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"Si la persona trabajadora no es soltera sin hijos o tiene otras cargas personales o familiares, no tendrá retenciones suficientes para esa deducción, al igual que ocurre si tiene derecho a aplicar otras deducciones que, junto a esta, excedan el importe de las retenciones".

Por otro lado hay que recordar que aunque estos trabajadores se beneficiarían de estas deducciones, no están obligados a presentar la declaración de la Renta, ya que el límite está fijado en los 22.000 euros para trabajadores con un único pagador y en los 15.876 euros brutos para los que tienen dos o más empleos, salvo que ingresen menos de 1.500 euros al año en sus trabajos complementarios.

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Las personas que desarrollan una jornada inferior a la completa también entran en esta horquilla, haciendo que el número de beneficiados ascienda hasta los 2,4 millones de asalariados. En total, tendrá un impacto de 200 millones de euros en las arcas públicas que Hacienda deberá gestionar y amortiguar.

Además, detrás de todos estos cambios ha habido un fallo reconocido por el Gobierno. La actual ley establece un máximo por el que el abono de la tributación no puede restar más de un 43% de la diferencia entre el salario y el mínimo exento de pagar IRPF (15.876 euros).

Sin embargo, el diseño del impuesto provoca que se den tipos marginales que superan el 80% a partir del umbral en el que se comienza a aplicar una retención, si bien las deducciones aplicadas contienen el tipo efectivo medio. Es lo que ha pasado a conocerse como la joroba del IRPF.