La Fiscalía alerta de la situación "crítica de Barajas": salas de asilo "colapsadas" y desbordadas "de menores migrantes"

La Fiscalía madrileña alerta en su Memoria del año 2024 de la situación "crítica en las salas de inadmitidos y asilo del Aeropuerto de Madrid", es decir, el espacio ubicado dentro del Adolfo Suárez, donde permanecen, bajo custodia policial, las personas inadmitidas en la frontera o las que han solicitado asilo.

Describen que es una "situación que se ha repetido cíclicamente a lo largo del año, coincidente con oleadas de viajeros de determinadas nacionalidades que han seguido una misma dinámica: llegadas en tránsito al aeropuerto con solicitud de protección internacional en frontera",

Todo ello ha dado "lugar al absoluto desbordamiento de la capacidad de los medios materiales y humanos del aeropuerto".

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"Ha generado situaciones de difícil abordaje en el servicio de guardia, que han requerido la coordinación entre dicho servicio y su decano y la sección de extranjería para tratar de resolver cuestiones tan delicadas como el posible compromiso a los derechos fundamentales", publica la Fiscalía en su Memoria 2024.

Al parecer, "estas oleadas masivas de viajeros fueron cesando a medida que se iban imponiendo los visados de tránsito a las respectivas nacionalidades por parte de las autoridades competentes", pero el problema no se ha solucionado.

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El Ministerio del Interior señala que uno de los problemas son los conocidos como vuelos patera, sobre todo los que proceden de ciudades como Casablanca y Egipto.

Además, de los 1.937 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados registrados en 2024, 1.110 (casi un 57,5 %) accedieron a la Comunidad de Madrid por el Adolfo Suárez. Fueron 399 en 2023.

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Las sospechas de que detrás de estos flujos puedan estar desarrollándose actividades ilícitas, dieron lugar a la incoación de diligencias de investigación en protección de menores que culminaron en varias operaciones policiales y la investigación de los asuntos en las correspondientes diligencias previas.

Según informan desde la Fiscalía de manera tajante, esta situación ha supuesto un verdadero colapso del sistema.

No sólo de las infraestructuras aeroportuarias, sino de los recursos destinados a acoger a estas personas, entre ellos, los centros de primera acogida.

También del área sanitaria, pues se cuenta únicamente con un centro hospitalario para realizar, en su caso, las pruebas radiológicas, lo que está suponiendo retrasos de hasta 8 meses en la emisión de informes.