El conocido como pederasta de Grindr, una aplicación de contactos entre homosexuales, se hacía pasar por agente de la Policía Nacional para coaccionar y acosar a menores edad a los que ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales, según ha declarado en el juicio un funcionario del Cuerpo que analizó su teléfono móvil.

Con la comparecencia de varios policías y el trámite de conclusiones definitivas de las partes, la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia este viernes el juicio a J. D. R., acusado de distintas formas de ciberacoso y abusos sexuales contra 13 menores de entre 14 y 17 años en 2019, 2020 y 2021.

La fiscal ha confirmado su petición de 119 años de cárcel y una indemnización total de 63.000 euros para el presunto pederasta, aunque ha aclarado que en caso de ser condenado podría beneficiarse de la aplicación de la nueva Ley del sólo sí es sí en tres de los 13 casos enjuiciados.

Máximo de 20 años

No obstante, J. D. R. cumpliría un máximo de 20 años de prisión de dictar el tribunal una sentencia con una condena superior.

En la vista oral, el agente encargado del "volcado" del teléfono móvil del acusado ha detallado que se hacía pasar por policía "cuando ligaba con menores", algo que se desprendía de los audios que enviaba a algunos adolescentes con los que contactaba mediante Grindr.

"Coaccionó a un chico de 15 años amenazándole con detener a una amiga suya", ha relatado a preguntas de la fiscal.

El acusado fue detenido en diciembre de 2019 después de que la Policía detectase que se hacía pasar por agente de la autoridad —se le intervino un portaplacas y un carné del Ministerio del Interior— para identificar y cachear a jóvenes en estaciones de Cercanías y Metro como la de Sol.

Los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas, pero al comprobar que tenía antecedentes por abusos sexuales a menores, el instructor del atestado, que ha comparecido ante el tribunal, solicitó al juzgado "por intuición" la intervención de su teléfono móvil.

Vulneración de derechos

Del análisis de las imágenes, vídeos y audios que se extrajeron del dispositivo partió la posterior investigación por supuestos delitos contra la libertad sexual de menores, por lo que el abogado defensor del acusado pidió el jueves la nulidad de la causa y ha alegado que se vulneraron los "derechos fundamentales" de su cliente.

Por su parte, la fiscal ha sostenido en su informe que J. D. R., que padece un trastorno cognitivo que dificulta su comprensión y aprendizaje, pero que no le exime de "responsabilidad", "consentía, aceptaba y buscaba" mantener relaciones sexuales, con y sin compensación económica, con menores de 14, 15, 16 y 17 años.

"Iba buscando menores porque es lo que le gusta", ha remarcado.