Puerta del Sol.
Ayuso envía un requerimiento a Delegación del Gobierno para que desaloje la acampada de Sol en 48 horas como máximo
"Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo importantes perjuicios", ha reconocido el consejero de Presidencia.
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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este martes que el Gobierno madrileño ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en el plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol.
En caso de no hacerlo, ha advertido, la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de todos los madrileños.
"Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo", ha comenzado su comparecencia Miguel Ángel García Martín.
La acampada que se levantó tras la manifestación del pasado sábado "está generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol", ha lamentado el consejero de Presidencia.
"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha reconocido. Por eso, desde la Comunidad de Madrid han decidido mandarle el requerimiento al delegado del Gobierno.
Le dan un plazo máximo de 48 para que dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol. "También para que proteja el edificio de la Real Casa de Correos, donde nos encontramos un edificio con más de 250 años de Historia, declarado Bien de Interés Cultural", ha pedido el consejero. "Ha sufrido actos vandálicos. Hemos visto pintadas, pero también se ha arrojado basura contra su fachada y contra sus ventanas", ha añadido.
En caso de que delegación del Gobierno no cumpla con el plazo, la Comunidad de Madrid presentaría un recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente. Y se reserva, además, el derecho de emprender cualquier tipo de acción judicial, "incluidas las acciones penales contra el delegado del Gobierno en defensa de los intereses de todos los madrileños".
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