Vista de una señal que marca las restricciones de Madrid Central en la Gran Vía. EFE
La Justicia obliga a Madrid a anular todas las multas de las ZBE y no solo las de los distritos de especial protección
El volumen total de multas supera las 3,5 millones, lo que equivale a un impacto económico global cercano a los 700 millones de euros
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Una nueva resolución judicial rechaza el criterio del Ayuntamiento de Madrid y aclara que la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) afecta a todas las sanciones pendientes, con independencia del lugar donde se impusieran.
Una magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado una resolución que obliga al Ayuntamiento a anular todas las multas derivadas de las Zonas de Bajas Emisiones que aún no cuenten con una sentencia firme.
El auto rechaza la interpretación del Consistorio, que limitaba los efectos de la nulidad a las sanciones impuestas en las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica.
Sentencia firme
La resolución responde a un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de una conductora sancionada fuera de esas áreas de especial protección.
Según el texto judicial, "todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (...) quedan afectadas por la declaración de nulidad".
![Un cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11248819.jpg?p=w:320\/h:240&h=u8f0IyrU"])
Posibles embargos
AEA sostiene que el Ayuntamiento continúa con los procedimientos de cobro pese a la nulidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una decisión que adquirió firmeza tras la inadmisión del recurso presentado por el Consistorio ante el Tribunal Supremo.
![Señal que anuncia la entrada en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10090519.jpg?p=w:320\/h:240&h=bbRq7mhH"])
Desde AEA, lo califican como una "irregular actuación" y asegura que, si no se paralizan los apremios, recargos y embargos, solicitará la ejecución forzosa de la sentencia.
Millones de afectados
Según las estimaciones de AEA, esta nulidad podría afectar a más de 3,5 millones de expedientes sancionadores tramitados desde diciembre de 2021 hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad el pasado 6 de abril, por un importe cercano a los 700 millones de euros.
