Desde 2018, los juzgados han ejecutado 272.417 desahucios en España, la mayoría por impagos de alquiler, afectando a familias vulnerables como las de Maricarmen, Dulce, David, Eva y otros.
Las causas de los desahucios son variadas: impagos, ejecuciones hipotecarias, finalización de contratos o pérdida de regularización en viviendas públicas.
Las historias reflejan la falta de alternativas habitacionales para familias con menores, personas mayores o dependientes, que muchas veces quedan sin solución tras el desalojo.
Aunque las cifras de desahucios han descendido gracias a medidas de protección, la suspensión de estas ha reactivado procedimientos, dejando a miles de familias en situación incierta.
Maricarmen Abascal tiene 87 años y llevaba 71 viviendo en la misma casa. El miércoles salió de ella en una camilla, después de siete años de lucha y tres intentos de desahucio. Su historia ha ocupado titulares, ha movilizado a vecinos y organizaciones de vivienda y ha provocado un nuevo debate sobre qué ocurre con las personas vulnerables cuando llega la orden de abandonar su casa.
Pero Maricarmen no es un caso aislado. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, a mediados de 2018, los tribunales han ejecutado 272.417 lanzamientos en España, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Son cerca de 90 al día.
La mayoría corresponden a viviendas de alquiler: más de 191.000 lanzamientos estuvieron relacionados con incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, frente a 63.272 derivados de ejecuciones hipotecarias.
Detrás de cada procedimiento hay situaciones distintas: impagos, ejecuciones hipotecarias, contratos que terminan y situaciones de personas que viven en viviendas públicas cuya situación administrativa deja de estar regularizada.
Lo que sí tienen en común es que, en algún momento, una orden judicial convierte las casas en las que tienen todo en un lugar que ya no pueden ocupar.
Dulce, David, Eva, María Jesús, Mariló y Javier son algunos de los nombres que hay detrás de esa estadística. Sus historias son diferentes, pero todas terminan con una familia recogiendo sus pertenencias a contrareloj y cruzando la puerta de su casa hacia un lugar que, muchas veces, ni siquiera saben cuál será.
El caso de Dulce
Cuando Dulce y Herminio supieron que Naciones Unidas había pedido al Estado español que suspendiera su desahucio, apareció una última posibilidad. La familia llevaba cinco años viviendo en un piso de El Ruedo, en Moratalaz, junto a sus cinco hijos.
Tres de ellos eran menores y uno, José, tenía tres años y síndrome de Down. El Comité de los Derechos del Niño consideró necesaria la adopción de medidas provisionales para evitar posibles daños irreparables a los niños o, en su defecto, garantizarles una vivienda alternativa adecuada mientras estudiaba la situación.
El problema era el mismo que había estado presente desde el principio: la familia necesitaba una vivienda suficientemente grande y adecuada para cinco hijos, tres de ellos menores y uno con necesidades especiales, en un mercado en el que encontrar una alternativa asequible resulta especialmente difícil.
Entraron a la casa sin un contrato oficial e intentaron varias veces conseguir una vivienda pública y negociar un contrato de alquiler social para quedarse pero no fue posible.
El Ayuntamiento indica que se le ofreció un programa de alojamiento alternativo que fue rechazado, pero según el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, Dulce recibió una notificación en la que se le comunicaba que no podían darle la vivienda porque ya no tenía la capacidad de albergar a la familia.
La mañana del desahucio, vecinos y miembros del Sindicato de Vivienda de Moratalaz se concentraron desde primera hora frente al portal. La comisión judicial llegó acompañada de un amplio dispositivo policial y se produjeron forcejeos con las personas que intentaban impedir el acceso al edificio. Y la familia quedó finalmente fuera de la vivienda con sus cinco hijos.
La petición del organismo internacional no había conseguido detener el lanzamiento. El caso de Dulce tampoco era el primero de El Ruedo, semanas antes, otra familia había pasado por la misma puerta.
El caso de David
El desahucio de David tuvo menos repercusión que el de Maricarmen, pero detrás había un caso importante del destino de la vivienda social. David vivía desde 2017 junto a su hijo de 21 años en un piso del Ensanche de Vallecas, en la calle Mazaterón. La vivienda formaba parte de una de las promociones vinculadas a la antigua Obra Social de La Caixa, destinadas al alquiler social.
Durante años, las familias de estas promociones fueron manteniendo sus contratos, pero a partir de 2019 comenzaron a denunciar subidas de alquiler y dificultades para renovarlos. Desde 2025 empezaron a recibir comunicaciones en las que se anunciaba que los contratos no serían renovados cuando llegaran a su vencimiento. En Madrid hay unas 500 familias afectadas por este proceso en tres promociones situadas en Vallecas, Vicálvaro y Pinto, según la PAH Vallekas.
David fue el primero de estos vecinos en enfrentarse a un desahucio judicial. La promoción había nacido vinculada a una iniciativa de vivienda social y, años después, el bloque había sido adquirido por Mosaic Propco SL.
Los vecinos denuncian que la sociedad pretende recuperar las viviendas a medida que vencen los contratos para destinarlas al mercado. La PAH Vallekas reclama soluciones para todas las familias que continúan en los bloques y que se encuentran ante el mismo problema que David.
El caso de Eva
Eva había llegado al mismo sitio que Dulce: El Ruedo, Moratalaz, después de sufrir violencia machista. Cáritas la había realojado junto a sus cuatro hijos en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Allí había encontrado un lugar en el que volver a organizar su vida después de lo ocurrido.
La vivienda, sin embargo, estaba siendo gestionada por la organización religiosa. Cuando Cáritas dejó de hacerlo, la situación de Eva quedó en un limbo y finalmente la Agencia de Vivienda Social decidió ejecutar el desahucio. La mañana del 12 de junio, unas cincuenta personas acudieron al complejo para intentar impedir que la familia fuera expulsada.
El día del lanzamiento la familia comenzó a sacar sus pertenencias y Eva no tenía una nueva casa a la que regresar con sus hijos.
El caso de María Jesús
En Camino Alto de San Isidro, en Carabanchel, los desahucios comenzaron a sucederse hasta convertir cada lanzamiento en la repetición de una escena que los vecinos ya conocían. Ana y sus dos hijos fueron desalojados de una antigua vivienda pública que había pasado a manos de un particular, después fueron Melany y sus hijos menores.
La siguiente fue María Jesús, una vecina que llevaba 15 años viviendo en su casa y 33 en el barrio. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel, denunció que era el cuarto desahucio ejecutado en la zona en apenas un mes.
La mañana del lanzamiento, decenas de vecinos y miembros del sindicato volvieron a concentrarse frente al portal. Intentaron impedir que la comisión judicial accediera al edificio, pero el procedimiento siguió adelante.
El caso de María Jesús terminó en que después de 15 años viviendo ahí, tenía que dejar la casa en la que había vivido.
Mariló y Javier
En Málaga, Mariló y Javier llevaban más de 13 años viviendo en la misma casa de la calle de la Unión. Los dos tienen más de 60 años y cuentan con distintos grados de dependencia reconocidos. Pagaban 550 euros de alquiler y, hasta este verano, aquella vivienda había sido su hogar durante más de una década.
En junio, el lanzamiento se suspendió después de que los servicios de emergencia social alegaran la situación de vulnerabilidad de la pareja. Parecía que quedaba algo más de tiempo para encontrar una solución, pero un mes después la comisión judicial volvió a la vivienda.
Decenas de personas intentaron impedir el desahucio mientras la pareja esperaba dentro de su casa. Finalmente, Mariló y Javier tuvieron que abandonarla. La alternativa habitacional que recibieron fue una habitación de hostal durante siete días.
La cifra baja
El número de desahucios ejecutados en España ha ido descendiendo en los últimos años. El máximo durante la etapa de Pedro Sánchez se registró en 2019, con 54.006 lanzamientos. En 2025 fueron 24.540.
La reducción coincide con las distintas medidas aprobadas durante los últimos años para proteger a las personas vulnerables frente a los desalojos. El primer gran paquete llegó en 2020, durante la pandemia, cuando se establecieron suspensiones de determinados lanzamientos dentro del llamado escudo social. Las medidas se fueron prorrogando posteriormente y también se incorporaron mecanismos de protección a través de la legislación de vivienda.
A comienzos de 2026, sin embargo, el Congreso tumbó el decreto-ley que incluía una nueva prórroga de la suspensión automática de determinados desahucios. Desde entonces, los procedimientos que habían quedado paralizados han comenzado a retomarse.
El sector inmobiliario interpreta esta evolución como una acumulación de lanzamientos aplazados que ahora pueden volver a los juzgados. Las organizaciones de vivienda, por su parte, reclaman que las medidas de protección no se limiten a retrasar los desalojos, sino que garanticen alternativas habitacionales para las familias que no pueden acceder al mercado.
Las cifras del CGPJ no permiten saber qué ocurrió después con cada una de esas personas. No dicen dónde durmió Dulce con sus cinco hijos tras salir de El Ruedo. Tampoco qué hizo David con las cosas que tenía en su casa de Vallecas, dónde fueron Mariló y Javier después de sus siete días de hostal o dónde empezó de nuevo Eva con sus cuatro hijos.
Son 272.417 lanzamientos desde mediados de 2018. Una cifra que incluye situaciones muy diferentes pero detrás de cada procedimiento hay, al menos, una vivienda que alguien tuvo que abandonar.
Dulce la dejó con sus cinco hijos. David, junto a su hijo de 21 años. Mariló y Javier, después de más de 13 años. Eva, después de haber llegado allí para intentar rehacer su vida. María Jesús, tras 15 años en la misma casa.
Y Maricarmen, a los 87 años, después de haber pasado 71 en la suya. La cifra parece enorme y detrás de cada número hay una vida como la de Maricarmen, una persona o una familia entera que tiene que dejar la casa en la que ha vivido hasta el momento en que la policía entra.