Bandera de Francia
Francia tiene un problema con su deuda pública y con su juventud iconoclasta. Un problema considerable, por cierto. Pero lo interesante no es constatar que el Estado francés debe demasiado dinero, sino preguntarse por qué su endeudamiento ha alcanzado esas proporciones.
La explicación convencional, ya se sabe, remite al lugar común de siempre, esto es, a que los franceses han vivido por encima de sus posibilidades. Una interpretación tan manida como errada. Porque las dificultades financieras de Francia no se explican observando únicamente sus presupuestos.
Hay que mirar también al otro lado del Rin. Y recordar una decisión que cambió para siempre las relaciones entre ambos países: la desaparición del franco y del marco. Yanis Varoufakis, aquel griego que incurrió en la osadía de discutir las reglas del euro con sus dueños, lleva años insistiendo en una cuestión elemental: la moneda única no ha eliminado las diferencias económicas entre sus miembros. Las ha convertido en permanentes.
Antes del euro, cuando la industria francesa perdía competitividad frente a la alemana, todavía quedaba el recurso de depreciar el franco respecto del marco. No era la panacea. Pero permitía abaratar los productos franceses y encarecer los alemanes. Francia perdió ese instrumento cuando ambos países decidieron compartir moneda.
Y Alemania supo aprovecharlo. A comienzos del siglo XXI, sus gobiernos promovieron una política de represión salarial que permitió mejorar la competitividad de sus empresas.
Un déficit comercial no se convierte automáticamente en déficit presupuestario
Pero Alemania disfrutó además de otra ventaja que jamás habría obtenido con el marco. Una economía que acumula gigantescos superávits comerciales tiende a provocar la apreciación de su moneda, encareciendo sus exportaciones. El euro eliminó ese problema. Un negocio redondo.
Como su cotización refleja economías diferentes, Alemania dispone ahora de una divisa más barata de lo que habría sido el marco. Francia, por el contrario, quedó atrapada en una moneda demasiado fuerte para su industria. A partir de entonces, mientras Alemania acumulaba superávits comerciales, Francia perdía posiciones industriales.
Y cuando desaparece una fábrica no desaparece solo una empresa. Desaparecen empleos, salarios, inversiones e impuestos. Lo que no se extingue es la obligación de pagar pensiones, mantener hospitales o sostener escuelas.
De ahí que el debilitamiento productivo comprometa las cuentas públicas. Un déficit comercial no se convierte automáticamente en déficit presupuestario. Son cosas distintas.
Pero imaginar que la pérdida de competitividad industrial carece de consecuencias para la recaudación constituye una manera bastante torpe y miope de entender la economía.
Los superávits exteriores de unos países tienen como contrapartida los déficits de otros. Durante años, buena parte de esos desequilibrios se concentró dentro de la eurozona.
Alemania, Países Bajos y las demás economías excedentarias acumulaban recursos financieros que regresaban a los países deficitarios en forma de préstamos e inversiones. Quienes vendían más de lo que compraban prestaban dinero a quienes compraban más de lo que vendían.
Así se mantenía funcionando el invento. Con monedas independientes, aquellos desequilibrios habrían activado mecanismos automáticos para corregirse vía tipos de cambio. Pero con el euro, pueden prolongarse durante años y años.
Hasta que llegó la hora de las lecciones de moralina barata y con cierto tufillo racista. Cuando las dificultades de los PIGS comenzaron a reflejarse en sus cuentas públicas, Alemania se erigió en defensora de la austeridad.
Y Angela Merkel irrumpió en escena para presentar como modelo a la célebre ama de casa suaba, aquella rústica luterana y ahorradora del sur de Alemania que nunca gastaba más de lo que ingresaba. Si una familia debía ajustar sus gastos a sus ingresos –se nos dijo– también debía hacerlo un Estado.
Una analogía estúpida. Porque las finanzas de un Estado no funcionan como las de una familia. Una familia puede reducir sus gastos sin que disminuyan necesariamente sus ingresos. Un Estado, en cambio, cuando recorta el gasto público, puede provocar una caída de la actividad económica y, en consecuencia, de su propia recaudación. Nada que ver.
Había que reducir el gasto, recuperar la confianza de los mercados y aprender a vivir dentro de las propias posibilidades. La receta tenía un inconveniente: el gasto de unos constituye los ingresos de otros.
Cuando el Estado reduce sus inversiones, también reduce la facturación de las empresas, el empleo que generan y los impuestos que pagan. Una paradoja que no parece quitar el sueño a los guardianes de la ortodoxia.
Pero la austeridad posee una virtud política: permite presentar como castigo merecido lo que es consecuencia de un problema económico más profundo. Aunque sería disparatado atribuir toda la crisis de deuda francesa al euro. También la crisis de 2008 y la pandemia, claro, dejaron su factura.
Pero una cosa es reconocer esos factores y otra tragarse el cuento de que Francia se encuentra tan endeudada porque sus ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades. El país renunció a su moneda sin recibir a cambio los mecanismos de compensación propios de una unión fiscal. Comparte moneda con Alemania, pero no un presupuesto federal capaz de corregir las divergencias entre ambas economías.
La eurocracia decidió crear una moneda común sin crear un Estado común. Unificó la política monetaria, mantuvo separados los presupuestos nacionales y sometió a economías diferentes a unas mismas reglas fiscales.
Y cuando aparecieron las contradicciones de semejante construcción, encontró enseguida a los culpables: los Estados despilfarradores y manirrotos. La arquitectura del edificio no tenía ningún defecto. La culpa era de quienes vivían dentro.
La deuda francesa tiene causas diversas, ciertamente. Pero sobre todo destaca un diseño monetario que ha consolidado ventajas competitivas alemanas mientras priva a Francia de instrumentos para defenderse de ellas.
Y ahora se exige a los franceses que corrijan mediante el sacrificio ritual de su Estado del bienestar unos desequilibrios que las instituciones europeas contribuyen a perpetuar.
Ahí reside el genuino origen económico de la revuelta juvenil que vive Francia: en el declive de una potencia industrial que ha sido desposeída de los instrumentos necesarios para defenderse. Primero se establecen unas reglas que favorecen la aparición del problema.
Después se proclama que la única solución consiste en obedecerlas todavía con mayor rigor. Hay que reconocer que, como ejercicio de lógica absurda, el procedimiento posee cierta originalidad. La mecha que encendió el fuego en París, sí, se fabricó en Maastricht.
*** José García Domínguez es economista.