Acampada en la Puerta del Sol por la vivienda.
El mercado de la vivienda en España está enfermo. El diagnóstico es ampliamente conocido y compartido por los principales partidos políticos. Sabemos que es un problema de oferta. Y, sin embargo, seguimos administrando parches de morfina para aliviar el dolor, en lugar de aplicar el tratamiento óptimo para la cura.
Ese tratamiento no es sencillo. Requiere actuar sobre las causas, no sólo sobre los síntomas. Y necesita, sobre todo, acuerdos amplios y una visión de largo plazo con decisiones políticas estructurales. Porque en vivienda, las medidas aisladas y los remedios de urgencia difícilmente van a curar la patología.
Los datos hablan por sí mismos. En España se crean cada año más de 230.000 hogares mientras que apenas se construyen 95.000 viviendas. De hecho, el Banco de España ya habla de un desajuste próximo a las 750.000 viviendas, que podría escalar por encima del millón en apenas unos años.
Por eso, los mal llamados decretos de vivienda -y digo mal llamados porque en realidad son de alquiler- no atajan el problema de fondo.
Desde el sector de la construcción llevamos tiempo señalando que no existen soluciones sencillas para un problema tan complejo. La vivienda depende del suelo disponible, de los plazos administrativos, de la fiscalidad, de los costes de construcción, de la financiación y, cada vez más, de los cerca de 700.000 trabajadores que faltan.
Los mal llamados decretos de vivienda -y digo mal llamados porque en realidad son de alquiler- no atajan el problema de fondo
Todo ello forma parte de una misma ecuación, como piezas inseparables de un puzle que no encaja. Si queremos que haya más vivienda, especialmente vivienda asequible, necesitamos una mayor capacidad para construirla.
Y aquí aparece el principal problema, la falta de suelo. España necesita disponer de suelo finalista suficiente para responder a la demanda. Por eso, el desbloqueo de la reforma de la Ley del Suelo debería ser la medida prioritaria.
Hoy, por el bloqueo de esta reforma, se tarda más en obtener una licencia que en construir una vivienda, tratándose de un cuello de botella que constriñe la oferta.
Frente a ello, habría que facilitar la disponibilidad del suelo, reducir los tiempos administrativos y permitir que quien quiera y pueda construir lo haga en unos plazos razonables.
Para ello están las declaraciones responsables. Porque podemos discutir después cómo se financian las viviendas, cómo se adjudican o qué régimen de protección tienen, pero primero hay que construirlas en un plazo razonable.
España necesita disponer de suelo finalista suficiente para responder a la demanda
La misma lógica se aplica a la mano de obra. El sector de la construcción afronta una falta creciente de profesionales cualificados que limita su capacidad para aumentar el ritmo de actividad.
Tenemos necesidad de construir más viviendas y, en paralelo, dificultades para encontrar a las personas que deben construirlas. Es una paradoja que no podemos ignorar. Y mucho menos si tenemos altas cifras de paro juvenil.
A ello hay que sumar unos costes de construcción que han experimentado una importante escalada -frente a la que seguimos sin tener un mecanismo para revisar los precios- y una fiscalidad que puede representar más del 25% del precio final de una vivienda.
Si el objetivo es incrementar la oferta y facilitar el acceso, también habrá que revisar aquellos elementos que encarecen y retrasan artificialmente el proceso, desde la fiscalidad hasta determinadas cargas y procedimientos administrativos.
En este contexto, valoramos que se hayan incorporado instrumentos que ayuden a jóvenes y familias a lograr el ahorro necesario para el abono de la entrada.
Tenemos necesidad de construir más viviendas y, en paralelo, dificultades para encontrar a las personas que deben construirlas
La utilización de mecanismos de avales o financiación pública para cubrir una parte de ese esfuerzo inicial puede ser útil para quienes, aun teniendo capacidad para asumir una hipoteca, no disponen del ahorro suficiente. Pero para que esto sea útil, primero hay que construir aquello que se quiere comprar.
También entendemos la voluntad de proteger a las personas más vulnerables. Pero precisamente por eso, debemos preguntarnos por los efectos a medio y largo plazo de las medidas que se acaban de aprobar con un recorrido temporal tan incierto.
Porque una protección que no vaya acompañada de un aumento de la oferta puede terminar siendo contradictoria, ya que si no conseguimos que haya más viviendas disponibles, serán precisamente las personas con menos recursos las que encuentren más dificultades para acceder a ellas.
Y para abordar este desafío existencial hace falta algo quizá menos tangible que el suelo, como es la voluntad y capacidad de alcanzar acuerdos. La vivienda no debería depender únicamente del calendario de una legislatura ni de la urgencia que marque una concentración ciudadana. Construir un parque suficiente de vivienda asequible requiere tiempo, planificación y estabilidad.
Por eso creemos que las reformas estructurales deben contar con el suficiente respaldo para perdurar y dar resultados. La vivienda necesita una visión de largo plazo. No podemos pretender solucionar en tres días un déficit que se ha acumulado durante años.
En definitiva, el problema está diagnosticado. Podemos seguir administrando calmantes, pero mientras no tratemos la enfermedad de raíz, el dolor volverá. Y para sanar el mercado de la vivienda, sin duda, hay que construir más.
***Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
