La relación de España con Marruecos constituye un caso clásico de asimetría de poder en el que el vecino del sur ha perfeccionado el arte de maximizar su capacidad de presión sin asumir ningún coste.

Frente a ello, la respuesta española ha oscilado entre la cesión y la retórica vacía. En consecuencia, es hora de articular una estrategia de disuasión económica creíble, anclada en la lógica del análisis coste-beneficio.

La economía es el terreno en el que Marruecos resulta más vulnerable y España, junto con Europa, dispone de mayor capacidad de influencia.

Nuestro país es el primer destinatario de las exportaciones marroquíes: recibe en torno al 22-23 % del total de las ventas exteriores del reino alauí, por delante de Francia y muy por encima de cualquier otro socio. Productos textiles, componentes de automoción, cables eléctricos, frutas y hortalizas encuentran en el mercado español su principal salida.

Aunque Marruecos es un cliente relevante para las exportaciones españolas de bienes de equipo, automoción, químicos y combustibles, su peso relativo para la economía española es menor.

La economía es el terreno en el que Marruecos resulta más vulnerable y España, junto con Europa, dispone de mayor capacidad de influencia

Además, el país magrebí recibe volúmenes significativos de fondos europeos en concepto de cooperación al desarrollo, gestión migratoria y transición energética. Estos flujos en muchos casos han de tener el apoyo unánime de los estados miembros para ser aprobados y para ello pueden y deben condicionarse al comportamiento del receptor.

Por otra parte, Marruecos mantiene una elevada dependencia energética de España, y no a la inversa. Alrededor del 25 % de su suministro eléctrico está vinculado a las interconexiones submarinas del Estrecho, por las que fluye de forma abrumadora (90-97 % en los últimos años) electricidad desde la Península hacia Marruecos.

Y el 100 % del gas natural que importa —tras el cierre del gasoducto por Argelia— pasa por las plantas de regasificación españolas y el gasoducto Magreb-Europa en sentido inverso.

Marruecos necesita las infraestructuras y el sistema eléctrico español, lo que constituye una palanca de disuasión que hasta ahora ha sido infrautilizada.

La estrategia española ha de centrarse en alterar de forma previsible y transparente la estructura de incentivos a la que se enfrenta el gobierno marroquí. En este sentido, España debe liderar en Bruselas la revisión de los instrumentos de financiación exterior.

Los fondos de ayuda al desarrollo, los programas de vecindad y los recursos destinados a la gestión de fronteras deben vincularse de manera explícita a resultados medibles en cooperación migratoria, en lo referente a los acuerdos de pesca y en la renuncia a gestos de presión territorial.

La condicionalidad no ha sido ni es una novedad en la política exterior europea.

El acceso preferente al mercado español y europeo, así como el tránsito energético, pueden y han modularse en función de la cooperación.

Los fondos de ayuda al desarrollo, los programas de vecindad y los recursos destinados a la gestión de fronteras deben vincularse de manera explícita a resultados medibles en cooperación migratoria

El mercado único y la política comercial común ofrecen márgenes amplios para reorientar preferencias arancelarias y contingentes sin vulnerar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se articulen con criterios de seguridad y reciprocidad.

La capacidad de Marruecos para abrir o cerrar el grifo de las llegadas irregulares a las costas canarias y a las ciudades autónomas constituye una herramienta de presión de coste 0 para Rabat.

Ante esto, la respuesta no puede limitarse a la externalización de controles. Debe incluir la reducción selectiva de privilegios comerciales y financieros cuando se demuestre que las autoridades marroquíes no cooperan de buena fe.

Al mismo tiempo, España debe invertir en capacidades propias de vigilancia y retorno, de modo que la disuasión no dependa exclusivamente de la voluntad ajena. La credibilidad de cualquier amenaza se diluye si el Estado emisor no dispone de alternativas operativas.

La coordinación europea es indispensable. Un país aislado no puede sostener una política de presión frente a un actor que sabe explotar las divisiones internas de la Unión.

Francia, por razones históricas y económicas, ha tendido a privilegiar la estabilidad de la relación con Marruecos. Alemania e Italia, por su parte, han mostrado una sensibilidad creciente ante los flujos migratorios y Ceuta y Melilla son plazas españolas pero constituyen la frontera sur de Europa.

España debe construir coaliciones variables en torno a objetivos precisos: endurecimiento de la condicionalidad en los presupuestos de vecindad, inclusión de cláusulas de reciprocidad en los acuerdos de asociación y vigilancia reforzada del cumplimiento de las normas de origen y de los estándares laborales y medioambientales en las exportaciones marroquíes. La Comisión Europea dispone de instrumentos técnicos suficientes para realizar esa tarea.

Algunos objetarán que una estrategia de este tipo deterioraría las relaciones bilaterales y podría generar represalias. El argumento es ridículo.

Un país aislado no puede sostener una política de presión frente a un actor que sabe explotar las divisiones internas de la Unión

La política de apaciguamiento sólo ha conducido a la invasión marroquí de Ceuta.

La disuasión económica no busca el conflicto, sino la estabilización sobre bases más equilibradas.

Marruecos responde a incentivos. Si percibe que el coste de la presión —pérdida de acceso a su principal mercado de exportación y a infraestructuras energéticas críticas— supera el beneficio, ajustará su comportamiento.

Una estrategia de esta naturaleza no responde a criterios proteccionistas o de nacionalismo económico. El objetivo no es cerrar mercados, sino limitar el margen de maniobra de un gobierno que instrumentaliza las interdependencias.

Las empresas españolas que operan en Marruecos deben ser informadas con claridad de los riesgos políticos asociados a una posible escalada de tensión, de modo que puedan diversificar sus inversiones.

Al mismo tiempo, España debe reforzar su presencia económica en el resto del Magreb y en África occidental, reduciendo así el peso relativo de un único interlocutor.

La defensa de Ceuta, Melilla y las aguas canarias no se sostiene solo con declaraciones de soberanía. Requiere un entorno de costes asimétricos que desincentive las tentaciones revisionistas.

La economía —y en particular la dependencia comercial y energética de Marruecos respecto a España— es el instrumento más potente y menos costoso de que dispone un Estado democrático para alcanzar ese fin.

Combinada con una presencia disuasoria en el ámbito de la seguridad y con una diplomacia europea coherente, puede restablecer un equilibrio que hoy se encuentra distorsionado.

España no puede permitirse continuar reaccionando a los hechos consumados. La construcción de una estrategia de disuasión económica es una cuestión de realismo político y de defensa del interés nacional. El momento de formularla con claridad y de buscar los apoyos europeos necesarios es ahora.