Europa necesita algo más que cumplir hitos: la evaluación ante el nuevo ciclo presupuestario
Desde la puesta en marcha de los fondos europeos, buena parte del debate se ha concentrado en su ejecución, término técnico utilizado para determinar en qué medida se han utilizado los recursos disponibles.
Esta lógica se ha apoyado tradicionalmente en sistemas de seguimiento y reporte, que ofrecían información relevante sobre el despliegue financiero y administrativo, aunque mucho más limitada sobre sus efectos reales en la economía de los Estados miembros.
Con los fondos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Europa comenzó a vincular de forma más explícita los desembolsos al cumplimiento de reformas, inversiones, hitos y objetivos previamente acordados entre los Estados miembros y la Comisión Europea.
Se introducía así una lógica de financiación basada en desempeño (performance-based), apoyada en indicadores más sofisticados y que se alejaba progresivamente de la ejecución financiera como criterio predominante.
El próximo Marco Financiero Plurianual 2028–2034 pretende profundizar en este enfoque. La propuesta de la Comisión, cercana a 1,8 billones de euros, plantea simplificar la arquitectura financiera, reducir significativamente el número de programas, concentrar los recursos en las grandes prioridades comunes e integrar buena parte de los fondos gestionados por los Estados y las regiones en planes nacionales y regionales de colaboración.
Next Generation EU ha demostrado que la condicionalidad puede introducir disciplina, continuidad institucional y orientación estratégica en la inversión pública
Todo ello con el objetivo de hacer el presupuesto europeo más flexible, más estratégico y más orientado a resultados. Pero ¿qué entendemos realmente por resultados?
El cambio tiene importancia. Frente a una cultura tradicionalmente dominada por la absorción financiera (ejecución), la elegibilidad del gasto y la certificación administrativa, donde los objetivos y metas constituían con frecuencia un elemento adicional de verificación, el nuevo modelo obliga a planificar, fundamentar analíticamente los compromisos y construir sistemas de seguimiento más exigentes.
Next Generation EU ha demostrado que la condicionalidad puede introducir disciplina, continuidad institucional y orientación estratégica en la inversión pública. También ha dejado una advertencia fundamental: cumplir un hito no significa necesariamente que una política haya funcionado.
Conviene distinguir, en este sentido, entre resultados observados e impacto. Los primeros pueden responder a la intervención pública, aunque también a otras variables, como una favorable evolución del ciclo económico.
El análisis de impacto exige construir un escenario contrafactual que permita estimar qué habría ocurrido en ausencia de la política y atribuir con mayor rigor los cambios observados a la utilización de los fondos, determinando así el verdadero impacto de los mismos.
Un presupuesto basado en desempeño necesita algo más que hitos verificables
Pese al avance, la propuesta del nuevo MFP todavía no concreta qué papel desempeñará la evaluación en un presupuesto de mayor tamaño, más concentrado y orientado hacia retos estratégicos como la competitividad, la transición energética, la innovación o la seguridad económica.
Precisamente ahí debería situarse el siguiente salto institucional. La evaluación debe convertirse en la infraestructura que permita distinguir qué instrumentos funcionan, bajo qué condiciones generan resultados e impactos y cuáles deben ser rediseñados, reorientados o retirados.
Un presupuesto basado en desempeño necesita algo más que hitos verificables: requiere evidencia acumulativa capaz de conectar los recursos movilizados con los cambios económicos y sociales que justifican la intervención pública.
Para ello, resulta necesario apalancarse en la experiencia del PRTR. Algunos grandes programas asociados a los PERTE han contado con planes de evaluación, informes intermedios y evaluaciones ex post, precisamente por su encaje en la normativa europea de ayudas de Estado, que exige evaluar determinados regímenes cuando superan ciertos umbrales presupuestarios y temporales.
Esta experiencia debería expandirse y responder a una arquitectura general aplicable al conjunto de las políticas financiadas con fondos europeos y, progresivamente, al resto de políticas públicas.
En España, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas afronta un reto decisivo: contribuir a articular una arquitectura común que defina qué debe evaluarse, con qué criterios, bajo qué estándares metodológicos, con qué requisitos de información y cómo deben incorporarse los resultados al ciclo presupuestario.
El impulso europeo hacia la evaluación y la rendición de cuentas ofrece una oportunidad para acelerar su institucionalización en España y convertirla en una función estable de gobierno, con reglas compartidas, responsabilidades claras, capacidades suficientes y mecanismos que garanticen una evidencia comparable, acumulativa y útil para la toma de decisiones.
Esta arquitectura deberá operar con independencia del origen de los fondos con los que se diseñen e implementen las políticas públicas. Europa ha aprendido a condicionar los pagos al cumplimiento de hitos. Ahora nuestro reto consiste en garantizar que cada nuevo presupuesto aprenda sistemáticamente de los efectos generados por el anterior.
***Borja Gambau Suelves, profesor de Afi Global Education
