Agentes de Guardia Civil vigilan desde la valla que separa Ceuta de Marruecos.
Hay una ley no escrita que gobierna las relaciones entre países que dependen mutuamente de un recurso y un territorio a la vez: cuando un estado obtiene ventaja en el primer tablero, paga el precio en el segundo.
La Rusia de Putin la aplicó contra Ucrania y Europa durante quince años, cerrando y abriendo el grifo del gas en función de cada decisión política de Kiev o de Bruselas. Turquía la aplicó en 2020, abriendo su frontera con Grecia cada vez que Bruselas retrasaba un desembolso por la gestión de refugiados sirios.
La OPEP la inventó en 1973, cuando el embargo petrolero convirtió por primera vez un recurso energético en arma de política exterior.
España vive hoy su propia versión de esa ley, con un matiz más complejo dado que en su caso, la palanca no es solo económica. Es también territorial, y quien la controla lleva medio siglo reivindicando en público la soberanía sobre el activo que utiliza como instrumento de presión.
En JPA la denominamos la “doctrina de la dependencia cruzada”. Un país que depende de otro para un recurso esencial, y que a su vez depende de un tercer actor para gestionar un activo territorial crítico, no gestiona dos relaciones bilaterales independientes. Gestiona una sola arquitectura de riesgo con varias palancas, y solo una de las partes decide cuándo se acciona cada una.
Los datos no engañan
La dependencia energética exterior española alcanzó el 68,4% en 2024, con el petróleo y el gas representando el 97% de esas importaciones. Es una de las tasas de dependencia más altas de las grandes economías de la eurozona, muy por encima de Francia, que compensa con su parque nuclear.
Ese dato es la variable estructural que convierte cualquier decisión energética española en una decisión de seguridad nacional, no solo de abastecimiento.
Madrid, Argel y Rabat lo saben
El 20 de julio, España cerró con Argelia un acuerdo político para elevar hasta un 15% el flujo de gas, con un incremento del 10% a través del gasoducto Medgaz y de hasta un 50% en gas licuado transportado por buque. Argelia es ya el principal proveedor energético de España, con el 34% del gas importado en el primer semestre de 2026, por delante de Estados Unidos (29,4%) y de Rusia (19,7%).
La decisión respondía a una urgencia real, dado que Qatar declaró fuerza mayor en sus exportaciones de gas licuado tras el ataque a su refinería de Ras Laffan, con una merma de capacidad de hasta el 17% durante varios años, y el tráfico por el estrecho de Ormuz sigue reducido desde el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos.
Pero hay coste en ese acercamiento; uno que activa un tablero distinto. Argelia es el principal patrocinador político e histórico del Frente Polisario, adversario del Sáhara Occidental que Marruecos considera su causa nacional.
Cada gesto español de acercamiento a Argel se procesa en Rabat no como diplomacia energética rutinaria, sino como una señal sobre en qué bando se sitúa Madrid en el asunto que la monarquía alauí lleva cincuenta años considerando existencial.
El chokepoint marítimo y humano
Aquí está el ángulo que el debate español ha pasado completamente por alto, y que en geografía estratégica se llama gestión de un chokepoint: el Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más transitados del planeta, con más de 100.000 embarcaciones al año y en torno al 10% del tráfico marítimo mundial cruzándolo.
España ha operado durante décadas bajo la premisa tácita de que, junto con Reino Unido en Gibraltar, controla ese estrecho desde la orilla que importa. Esa premisa ya no es cierta en términos de infraestructura, dado que el puerto marroquí de Tánger Med superó al de Algeciras en volumen de mercancía y de contenedores hace varios años, y hoy mueve casi el doble de TEUs que su vecino español.
Marruecos no solo reivindica territorio en la orilla norte. Ha construido, en la orilla sur, la infraestructura portuaria que le da más peso logístico real en el chokepoint, que España misma.
Esto es exactamente el tipo de variable que un análisis de poder duro no puede ignorar: el control formal de un estrecho estratégico y el control efectivo de su tráfico comercial se han separado, y se han separado a favor de Marruecos.
España sigue pensando el Estrecho en términos de soberanía territorial del siglo XX. Marruecos ya lo piensa, y lo está ganando, en términos de infraestructura logística del siglo XXI.
Reivindicaciones de largo plazo
Marruecos no gestiona la frontera con Ceuta y Melilla como un simple instrumento de presión puntual; reclama ambas ciudades como territorio propio, de forma pública, recurrente y desde las más altas instancias del reino. En enero de 2026, el ex jefe de gobierno Abdelilah Benkirane relanzó en Fez la reivindicación llamando a ambas ciudades "causa nacional no resuelta" y su devolución "desenlace ineludible".
El propio Mohammed VI ha insistido en la "integridad territorial" de la "zona norte"; el ex presidente del Senado Enaam Mayara pidió explícitamente la "liberación" de ambas ciudades; el ex primer ministro Saadeddine El Othmani las calificó en 2020 de "marroquíes como el Sáhara" y "ocupadas".
El centro de análisis del Estado Mayor español ya alertó en mayo de 2026, según Le Monde, sobre la "presión" marroquí creciente sobre los enclaves, recomendando un plan de defensa específico para ambos puertos fronterizos.
¿Corto o largo plazo?
El 19 de julio, un día antes del acuerdo de Argel, los países de la CEDEAO firmaron en Freetown el respaldo intergubernamental al Gasoducto Africano Atlántico. Son 25.000 millones de dólares de inversión y 30.000 millones de metros cúbicos anuales de capacidad, con Marruecos como punto de entrada a Europa del gas de Nigeria. Primer gas estimado para 2031.
Mientras España negocia con Argelia gasoducto a gasoducto, año a año, Marruecos construye la infraestructura que le dará, en menos de una década, una segunda palanca energética además de la territorial y la portuaria.
Y Argelia corre la misma carrera por la ruta contraria. El Gasoducto Transahariano también uniría Nigeria con Europa, pero por tierra, a través de Argelia. Argel inició la construcción de su tramo el pasado mes de junio y avanza hoy con más ejecución real que el proyecto marroquí, aunque su trazado atraviesa Níger, con niveles de inestabilidad en el Sahel que han frenado versiones anteriores del mismo proyecto durante los últimos veinte años. España, sin asiento en ninguno de los dos consejos de administración, no depende de qué gasoducto se construya. Depende de cuál termine construyéndose primero.
Pero el gasoducto marroquí, a diferencia del argelino, no compite solo en el terreno de la ingeniería.
No podemos entenderlo como un desarrollo aislado, porque desde el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, Rabat ha construido con Washington, Tel Aviv y Abu Dhabi una arquitectura de alianzas, de modernización militar con apoyo israelí, y con más de 30.000 millones de dólares de inversión emiratí en infraestructura y energía, que convierte cada activo marroquí en pieza de un tablero que ya no se decide solo entre Madrid y Rabat.
El elemento más incómodo de esa arquitectura es que ya circula en círculos de política exterior estadounidenses la idea de extender ese reconocimiento territorial a Ceuta y Melilla: el analista Michael Rubin, con trayectoria en el Pentágono, ha pedido públicamente que Washington las reconozca como "territorio marroquí ocupado".
Un error de diseño
España tiende a tratar la energía, el control portuario del Estrecho, la frontera sur, el Sáhara Occidental y la relación con Washington como cinco expedientes en ministerios distintos, sin una sola partida contable que integre el coste completo de cada decisión. Rabat, mientras tanto, opera esas mismas variables como una sola arquitectura con mando único.
Esa asimetría de diseño institucional es la que convierte cada acuerdo de gas español, en un hecho con precio geopolítico, que ningún ministerio tiene la capacidad de calcular por sí solo.
La variable que hay que vigilar, y la fecha
La doctrina de la dependencia cruzada no se resuelve con un comunicado, ni con una cumbre energética. Se resuelve, si se resuelve, cuando un país decide gestionar sus palancas como una sola arquitectura de seguridad nacional en lugar de expedientes ministeriales sin relación entre sí. Es necesaria conciencia geopolítica, comprensión de seguridad nacional y, por tanto, estrategias a largo plazo.
La señal que confirmará si esa integración avanza no es en absoluto diplomática, sino legislativa; y tiene fecha concreta. El lenguaje sobre el estatus de Ceuta y Melilla incluido en el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias FY27 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (que vincula esa mención territorial con una partida de 40 millones de dólares en asistencia militar a Marruecos) deberá superar la revisión del Senado en septiembre.
Si sobrevive al trámite, la variable energética española dejará de ser un asunto exclusivamente bilateral con Argelia y Marruecos, y pasará a depender también de un tablero en Washington donde Madrid, por ahora, no tiene asiento.
*** José Parejo es CEO y fundador de JPA — Jose Parejo & Associates, firma de inteligencia estratégica y análisis de riesgo soberano que asesora a gobiernos, instituciones multilaterales y corporaciones globales en la gestión de decisiones de alto riesgo geopolítico. joseparejo-asociadosai.com ***