Sede del BCE en Fráncfort.
El cambio climático condiciona la forma en que los bancos centrales gestionan la política monetaria, pero eso no obliga a que se conviertan en activistas climáticos. Del mismo modo que el impacto de los impuestos, el gasto público o las reformas estructurales sobre la inflación y la actividad no lleva a las autoridades monetarias a decidir sobre esas políticas.
Esa responsabilidad recae, en última instancia, sobre la sociedad a través de sus poderes legislativo y ejecutivo. Sin embargo, los bancos centrales no pueden ignorar sus consecuencias: tanto el cambio climático como las políticas de mitigación y adaptación modifican el entorno económico en el que deben cumplir su mandato.
La razón es sencilla: tanto los fenómenos climáticos físicos como las medidas para fomentar la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero pueden afectar a la inflación, la producción, las condiciones financieras y los canales de transmisión de la política monetaria.
También pueden alterar factores más estructurales, como el tipo de interés natural (el consistente con inflación estable y crecimiento sostenido), y sobre todo, las expectativas de inflación.
Por ejemplo, una sequía o una ola de calor pueden reducir la producción y elevar los precios o incrementar su volatilidad. Las inundaciones y las tormentas tropicales pueden destruir capital e infraestructuras, aunque su impacto agregado dependerá de elementos como la cobertura de seguros, el apoyo fiscal a la reconstrucción o la estructura productiva de la economía afectada.
Las propias políticas de transición climática también pueden crear un dilema en términos de política monetaria
A estos daños se suman las interrupciones de las cadenas de suministro, los movimientos de trabajadores entre regiones y sectores, las pérdidas de valor de los activos y las restricciones al crédito.
Desde el punto de vista de la política monetaria, las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. Ante cualquier perturbación, un banco central debe valorar (dentro de su mandato) cómo afectará a la inflación y a la actividad económica, cuánto durarán sus efectos y cómo se extenderán al resto de la economía.
La diferencia es que el cambio climático hace que estas alteraciones sean cada vez más frecuentes, más intensas y, además, con una persistencia incierta dificultando el diagnóstico de su relevancia para la política monetaria.
La clave está en distinguir entre un aumento puntual de los precios y un proceso inflacionista más persistente. Si un fenómeno climático encarece temporalmente los alimentos o la energía, pero las expectativas de inflación permanecen bien ancladas, el banco central puede optar por no reaccionar.
Sin embargo, esa estrategia deja de ser adecuada cuando los shocks son intensos, se repiten con frecuencia o terminan trasladándose a los salarios, a las decisiones de fijación de precios de las empresas y, en última instancia, a las expectativas de inflación a medio plazo. Cuanto más recurrentes y persistentes sean estos shocks, más difícil será tratarlos como fenómenos meramente transitorios.
Las propias políticas de transición climática también pueden crear un dilema en términos de política monetaria. El precio del carbono y otras medidas de mitigación elevan el coste de las actividades intensivas en combustibles fósiles y pueden aumentar a corto plazo la inflación general, especialmente a través del componente energético.
Al mismo tiempo, pueden debilitar la inversión y la actividad a corto o medio plazo, porque parte del capital existente pierde rentabilidad y la reasignación hacia nuevas tecnologías tiene costes. El banco central se enfrenta entonces a una inflación que sube mientras la actividad se debilita.
Pero ese resultado no es inevitable. Depende en gran medida del diseño de las políticas públicas.
No es lo mismo, devolver a los hogares los ingresos obtenidos mediante el precio del carbono a modo de transferencia que revierta sus efectos regresivos, que destinarlos a subvencionar la inversión verde de las empresas reduciendo el coste inicial más elevado de las alternativas limpias.
El destino de esos ingresos condiciona tanto el coste económico de la transición como su efecto sobre los precios.
Igualmente importa la estructura de cada economía. En un país exportador de petróleo, por ejemplo, la caída de la demanda de combustibles fósiles puede reducir los ingresos externos y depreciar la moneda, lo que amplificaría la inflación importada.
Por eso, para evaluar las consecuencias macroeconómicas, no basta con conocer el objetivo de reducción de emisiones: hay que analizar el conjunto de instrumentos para alcanzarlo.
La credibilidad es probablemente el principal puente entre la política climática y la monetaria. Cuando la transición sigue una trayectoria previsible, gradual y creíble; los hogares, las empresas y los mercados pueden anticipar mejor sus efectos.
Las empresas reorientan antes sus inversiones hacia alternativas más limpias, los precios incorporan las medidas previstas y el ajuste económico resulta más suave. En cambio, si las políticas llegan por sorpresa o se perciben poco creíbles, estas decisiones se aplazan y el impacto sobre los precios puede ser mayor.
Entonces, ¿qué deberían hacer los bancos centrales? Primero, incorporar las variables climáticas a sus previsiones: riesgos físicos, exposición de la energía y los alimentos, seguros, respuesta fiscal, precios del carbono, subvenciones y regulación.
Segundo, utilizar habitualmente escenarios alternativos, porque los riesgos climáticos son inciertos y difíciles de representar mediante promedios históricos. Tercero, la comunicación es fundamental, por lo que se debe explicar con claridad cuándo una subida de precios es temporal y cuándo amenaza con convertirse en una inflación persistente.
El cambio climático no invalida la teoría monetaria actual, sin embargo sí transforma la naturaleza de las perturbaciones que afrontan los bancos centrales.
La respuesta adecuada no es ampliar su mandato para dirigir la transición, sino construir un marco macroeconómico más consciente con la evolución del clima: mejorar los modelos de previsiones, evaluar escenarios, proteger las expectativas de inflación y comunicar con precisión cuándo conviene esperar y cuándo es necesario actuar.
***Diego Pérez González, BBVA Research.