El Gobierno vuelve a la carga con nuevas restricciones al consumo de tabaco, envueltas una vez más en el agotador discurso sanitario y moralizante.
La Médico y Madre al frente de Sanidad actúa con su habitual 'coherencia' y forma de pensar: los adultos españoles son menores de edad incapaces de sopesar riesgos y beneficios, y, por ello, el Estado, tutor benevolente está obligado a protegerles de ellos mismos.
Esta iniciativa es la enésima manifestación de un estatismo que bajo la bandera de la salud pública refleja el ideario de este Gobierno: la sistemática erosión de la libertad individual.
El paternalismo estatal no es nuevo, pero cada vez resulta más insolente. Como señaló John Stuart Mill en Sobre la libertad, el único fin por el que el poder puede ejercerse legítimamente sobre un individuo civilizado, contra su voluntad, es para evitar daño a otros.
El daño a uno mismo, asumido con pleno conocimiento, no justifica la intervención. Fumar es una elección arriesgada, equiparable a montar en moto, practicar escalada extrema o consumir alcohol. Los riesgos son conocidos desde hace décadas.
Quien enciende un cigarrillo no actúa en la ignorancia, sino que asume un riesgo calculado. Tratar a los ciudadanos como niños eternos no solo es ofensivo: es incompatible con la dignidad de un adulto racional en una sociedad libre.
Los defensores de estas medidas invocan el “bien común” y la protección de la salud colectiva. Sin embargo, detrás de esas proclamas late una concepción autoritaria del Estado: el individuo es frágil, irracional y, por supuesto, propenso al vicio.
Por ello necesita que los políticos, los burócratas y los expertos le dicten cómo ha de vivir. Esta visión ignora que la libertad no consiste en elegir lo “correcto” según el criterio oficial, sino en asumir las consecuencias de las propias elecciones.
El adulto libre no es aquel a quien se le impide equivocarse, sino aquel que soporta el precio de sus errores. Sustituir la responsabilidad individual por tutela estatal solo genera ciudadanos más irresponsables y un Estado cada vez más intrusivo.
![Una menor fumando.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11321768.jpg?p=w:1706\/h:960&h=V0UUbd0S"])
Es cierto que el tabaco genera costes sanitarios relevantes, estimados en torno a los 8.000 millones de euros directos por diversas fuentes. No obstante, la recaudación procedente de la fiscalidad que recae sobre él ha superado históricamente los 9.000-10.000 millones de euros/año en España.
Aunque el cálculo exacto del saldo neto es debatido —depende de cómo se contabilicen costes indirectos y productividad—, el fumador paga por adelantado, vía impuestos, una parte muy significativa de los costes futuros de su hábito.
Este hecho incomoda a los prohibicionistas; prefieren obviar con una marcada hipocresía que el tabaco sigue siendo una fuente importante de ingresos públicos que financia, entre otras cosas, la sanidad de los no fumadores.
Más allá de la discusión económica, el debate de fondo es ético y político. Esta concepción paternalista-autoritaria es una patente de corso para restringir sin límite la libertad individual.
Hoy se trata de prohibir el fumar en las terrazas, en las playas etc; mañana serán prohibiciones o impuestos confiscatorios sobre cualquier bien o servicio que el Gobierno y los sacerdotes de la sanicracia consideren inadecuado.
![La Comunidad Valenciana es la última en mantener la prohibición de fumar en terrazas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10256859.jpg?p=w:1706\/h:960&h=plOdY9Ex"])
El Estado Niñera avanza de forma progresiva pero creciente, definiendo como “daño social” lo que antes era elecciones privadas. Se empezó con la protección razonable frente al fumador pasivo en espacios cerrados compartidos y se ha llegado a criminalizar al fumador como un paria.
Nadie defiende el derecho a fumar en un ascensor lleno de gente o en espacios que están en la mente de todos. Pero de ahí a convertir al fumador en un delincuente social hay un abismo.
La solución en una sociedad libre es clara: información transparente y actualizada, responsabilidad civil y contractual, y respeto a las decisiones de adultos.
Quien quiera fumar en su casa, en su vehículo privado o en un establecimiento de hostelería que lo permita conforme al derecho de admisión propio del ejercicio de la propiedad privada, que asuma los riesgos y pague el precio de mercado —impuestos incluidos—.
Reconocer que la nicotina genera dependencia no invalida el argumento. Mill no exigía que las elecciones fueran perfectamente autónomas, sino que no causaran daño a terceros.
![Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensar posterior al Consejo de Ministros de este martes 21 de julio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11320532.jpg?p=c:3600:2025:nowe:240:110\/w:1706\/h:960&h=q9ZwXVSq"])
Millones de personas han fumado durante décadas sin desarrollar patologías graves, mientras otros mueren jóvenes sin haber probado nunca un cigarrillo. La vida es inherentemente arriesgada y el individuo adulto y racional ha de tener la libertad de asumir los riesgos que estime oportunos. Eso es vivir.
El Gobierno cae en la tentación autoritaria no sólo por una intrínseca vocación sino porque es más fácil regular conductas que afrontar los problemas estructurales de la sanidad española: listas de espera interminables, envejecimiento poblacional y dificultades de sostenibilidad financiera. Prohibir o encarecer el tabaco genera titulares y aplausos fáciles; reformar un sistema ineficiente requiere coraje político real.
En definitiva, oponerse a estas nuevas restricciones no es defender el tabaco, sino un principio superior: la autonomía del individuo frente al Estado Nodriza. Los españoles no necesitan más guardianes.
Necesitan más libertad y más responsabilidad. Que cada adulto elija vivir y consumir lo que quiera y como quiera, pague por ello y asuma las consecuencias de sus actos. El mercado, los precios y la información transparente bastan. Lo demás es arrogancia gubernamental disfrazada de compasión.
