"Slap in the middle, I stop then. Look at the winner and the price you pay", Robert Plant.
España se ha convertido en el paradigma del expolio fiscal a la clase media con Sánchez. El Gobierno que decía que no iba a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, como si el resto no trabajara, es el que más ha expoliado a los que finge proteger.
La España de Sánchez país lidera la subida de presión fiscal en toda la Unión Europea, mientras los servicios públicos siguen atascados en las mismas carencias de siempre y la factura del Estado se infla en gasto corriente, burocracia y clientelismo.
El relato de la Moncloa habla de “reforzar el Estado del bienestar” pero los datos de Bruselas y del Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestran un modelo que exprime al trabajador, castiga a la empresa y penaliza la inversión sin ofrecer a cambio más calidad, más eficiencia ni más oportunidades.
Desde que Sánchez gobierna, un salario mediano paga varios puntos porcentuales más de impuestos efectivos sobre su coste laboral, y la parte del sueldo que se queda el Estado ha pasado a superar con claridad la mitad del coste total.
Tomando como referencia un salario mediano que pasa de unos 19.830 euros en 2017 a unos 23.249 euros en 2023, distintos estudios muestran un fuerte aumento del tipo efectivo del IRPF.
Si se mira la carga total sobre un sueldo medio (IRPF, cotizaciones e impuestos indirectos), el estudio del Instituto Juan de Mariana estima que en 2025 la presión fiscal total asciende a unos 21.607 euros al año, lo que representa el 54,7% del coste laboral completo.
Con Sánchez el esfuerzo fiscal real sobre un sueldo medio ha aumentado 13 puntos porcentuales del coste laboral, al pasar de algo más del 40% del coste a superar con claridad el 50%
El informe anual de fiscalidad de la Comisión Europea certifica que España es el país de la UE donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década y refleja claramente que dicho aumento ha recaído en su inmensa mayoría en los salarios.
Entre los periodos 2015‑2019 y 2020‑2024, la carga tributaria en España ha subido 2,9 puntos del PIB, muy por encima de Lituania (+2,3) o Luxemburgo (+2,2), mientras la media europea prácticamente se ha mantenido estable.
La clave política y económica de este expolio está en dónde se ha puesto la voracidad recaudatoria
Las propias proyecciones de Bruselas prevén que España alcance el 38,4% del PIB en 2027, con un aumento de 1,6 puntos en solo tres años, por encima del 1,1 de la zona euro, confirmando que el Gobierno ha optado por financiar el Estado mediante un continuo aumento de impuestos.
El Gobierno se agarra a la falacia de que "la presión fiscal es menor a la media de la Unión Europea". Sin embargo, España tiene más paro, empresas más pequeñas, salarios más bajos y más economía sumergida. La presión fiscal solo mide ingresos sobre PIB nominal, así pagas mucho más, pero la ratio se diluye con más inflación. Te roban por el numerador y por el denominador.
La clave política y económica de este expolio está en dónde se ha puesto la voracidad recaudatoria, que ha sido en el trabajo y las clases medias, no en la eficiencia del sistema ni en la ampliación de bases.
El informe comunitario detalla que más de 2,5 de los 2,9 puntos de subida de presión fiscal se explican por los impuestos sobre el trabajo, es decir, cotizaciones sociales e imposición sobre las rentas laborales.
La mal llamada convergencia fiscal con Europa se está haciendo casi exclusivamente a costa de las nóminas de la clase media, que ve cómo la cuña fiscal se come una parte creciente de su salario sin que eso se traduzca en mejores servicios ni en mayor seguridad económica.
El informe comunitario demuestra que el Gobierno ha preferido apretar al trabajador cautivo antes que acometer una reforma integral, neutral y orientada al crecimiento.
La subida de impuestos no solo se refleja en la presión fiscal, sino en un deterioro sistemático de la competitividad tributaria de España frente al resto de economías avanzadas.
Según el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 de la Tax Foundation, presentado por el IEE, España ocupa el puesto 34 de 38 países de la OCDE, con una puntuación de 57,9, y ha perdido cinco posiciones desde 2018.
El indicador de “presión fiscal normativa” elaborado por el IEE sitúa a España con una carga estructural un 17% superior a la media de la UE y un 18% por encima de la OCDE, lo que refleja que el problema no es coyuntural, sino de diseño.
Entre 2018 y 2024, la presión fiscal en términos de recaudación ha aumentado en 2,3 puntos de PIB en España, mientras que en la media europea ha descendido en 0,6 puntos, evidenciando una agresividad tributaria creciente justo cuando otros países buscan aliviar la carga para sostener el poder adquisitivo y la inversión.
El IEE subraya que el esfuerzo fiscal soportado por los contribuyentes españoles es un 14,1% superior al promedio de la UE, y que en el caso de la imposición directa (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) esa brecha se dispara hasta el 16,5%.
La foto empresarial es incluso más preocupante. En 2024, las empresas aportaron el 33,9% de los ingresos públicos frente al 26% de la media europea, y su carga fiscal equivale al 12,5% del PIB, frente al 10,3% de la UE‑27.
Entre 2018 y 2024, la presión fiscal empresarial ha aumentado en España cinco veces más que en la Unión Europea (1,5 puntos frente a 0,3), confirmando un endurecimiento que penaliza la inversión, la contratación y la competitividad internacional.
El expolio fiscal no se limita a tipos elevados, porque la complejidad normativa añade otra capa de castigo, especialmente para pymes y autónomos.
El Índice de Complejidad Fiscal sitúa a España en 114,8 puntos, muy por encima de la media europea (100) y de la OCDE (103,4), reflejando un sistema farragoso, cambiante y difícil de cumplir.
Las empresas españolas destinan una mediana de 150 horas al año a preparar, presentar y pagar impuestos, frente a las 113 horas de la UE y 92 de la OCDE, un coste administrativo que se traduce en menos tiempo y recursos para innovar, competir y crecer.
Mientras tanto, el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades se mantiene en el 25%, por encima del promedio europeo, y la carga combinada sobre beneficios distribuidos (sociedades + dividendos) alcanza el 47,5% frente al 38,8% europeo.
Todo este esfuerzo fiscal debería, según el discurso oficial, sostener un Estado del bienestar más robusto, moderno y eficiente. La realidad que perciben los ciudadanos y que avalan numerosos indicadores es muy distinta.
España recauda cada vez más como si fuera un país nórdico, pero gestiona los servicios públicos con la ineficiencia de una administración sobredimensionada y un gasto corriente insostenible.
España es un Estado muy caro y muy poco eficaz.
Una parte importante de la recaudación adicional se ha ido a mantener estructuras burocráticas, duplicidades administrativas y programas de gasto difícilmente evaluables, mientras el ciudadano ve cómo su bolsillo se vacía sin recibir un servicio equivalente.
El informe del IEE incorpora un aviso claro sobre el turismo, sector que aporta el 12,6% del PIB, da trabajo a casi 2,8 millones de personas y genera un saldo exportador de servicios de 68.400 millones de euros. La propuesta de elevar el IVA reducido de hoteles y restaurantes al tipo general del 21% es el ejemplo perfecto de cómo el afán recaudatorio puede acabar destruyendo actividad, empleo y, paradójicamente, recaudación.
El IEE recuerda que subir el IVA al turismo equivale, en la práctica, a aplicar un arancel a una exportación intensiva en empleo y muy sensible al precio, empujando a los visitantes hacia destinos competidores como Grecia, Italia o Turquía.
Los precedentes de Portugal e Irlanda, que elevaron el IVA de la restauración y tuvieron que rectificar tras cierres y destrucción de empleo, muestran que el dogma de “más impuestos, más ingresos” fracasa siempre.
La evidencia de que España es el único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto general sobre el patrimonio, y uno de los pocos del mundo desarrollado que aún aplica este tipo de gravamen, nos recuerda que subir impuestos constantemente no solo no genera mayor recaudación, sino que la empeora.
La combinación de mayor esfuerzo fiscal, peor competitividad, más complejidad normativa y ausencia de mejoras visibles en servicios abre una enorme brecha entre el discurso triunfalista del Gobierno y la experiencia diaria de la clase media.
El trabajador español paga más en IRPF y cotizaciones, la empresa soporta una de las cargas más altas sobre excedente bruto entre los países desarrollados, y el retorno en servicios públicos es claramente negativo.
El expolio fiscal de Sánchez no es solo cuestión de tipos altos. Es un modelo extractivo y confiscatorio que penaliza el esfuerzo, el ahorro y la inversión, reduce la movilidad social y alimenta una estructura estatal clientelar cada vez más costosa, compleja y difícil de controlar.
España necesita una reforma fiscal profunda orientada a reducir la carga fiscal y ampliar las bases atrayendo más inversión y empresas, más simplicidad, y un verdadero compromiso con la reducción y eficiencia del gasto que ponga al ciudadano y a la empresa en el centro, en lugar de convertirlos en meros financiadores de un Estado depredador.
Sánchez ha convertido la promesa de Estado de bienestar en el bienestar de su Estado. Y lo ha hecho expoliando a la misma clase media a la que se comprometió a proteger.
