Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
El día que un rey inglés quiso recaudar sin permiso del Parlamento, Inglaterra descubrió que la libertad no se defiende con discursos, sino con cuentas. La Carta Magna de 1215 no hablaba de derechos abstractos sino que hablaba de dinero. De quién puede meter la mano en el bolsillo del súbdito y con qué autorización.
Siglos después seguimos ahí, aunque hayamos cambiado los barones por diputados y los pergaminos por hojas de cálculo. El presupuesto es, antes que una técnica contable, un acto de permiso.
España lleva sin ese permiso más tiempo del que ninguna democracia debería tolerar sin inmutarse. Los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2026 se aprobaron en diciembre de 2022, para el ejercicio de 2023, con una mayoría parlamentaria que ya no existe.
Desde entonces, tres prórrogas consecutivas. Es la primera vez desde 1978 que una legislatura entera transcurre sin cuentas propias.
El Gobierno lo defiende amparándose en el artículo 134.4 de la Constitución, que en efecto prevé la prórroga automática. Legal, sin duda. La cuestión es si lo legal agota lo que aquí está en juego, porque una cosa es que la Constitución habilite un recurso de emergencia y otra muy distinta es convertir la emergencia en régimen ordinario. El mecanismo se pensó como un puente entre dos presupuestos, no como una carretera sin salida.
El Gobierno ha fijado para 2026 un techo de gasto no financiero de 216.177 millones de euros
El concepto que ordena este asunto es viejo y luminoso: el control parlamentario del gasto, lo que los anglosajones llaman the power of the purse, el poder de la bolsa. Es decir, quien maneja el dinero público debe pedirlo cada año, partida por partida, y rendir cuentas de lo pedido. Este es el mecanismo por el que los representantes de los ciudadanos fijan las prioridades y vigilan al Ejecutivo.
James Buchanan, Nobel de Economía y padre de la teoría de la elección pública, lo formuló sin rodeos y dijo que la restricción presupuestaria no es un obstáculo para gobernar bien, sino que más bien es la condición para que gobernar signifique algo. Sin ella, el gasto deja de ser una decisión colectiva sometida a debate y pasa a ser una prerrogativa del que ocupa el poder.
El Gobierno ha fijado para 2026 un techo de gasto no financiero de 216.177 millones de euros, cifra récord, y tiene previstos alrededor de 131 decretos para ejecutar por la vía ejecutiva lo que no consigue por la vía legislativa. El presupuesto prorrogado garantiza que se paguen pensiones, nóminas y prestaciones y esto nadie lo discute. Pero cada gasto nuevo, cada reasignación, cada prioridad que cambia, se resuelve por real decreto, la forma de legislar que menos deliberación admite.
El Parlamento no aprueba sino que convalida a posteriori, con la escasa munición de un sí o un no a un texto ya en vigor. Esta es la diferencia entre autorizar y ratificar, entre dirigir el presupuesto y firmar el recibo.
Conviene además no perder de vista quién dijo qué. En febrero de 2018, cuando el Gobierno de Rajoy tenía los presupuestos atascados, cierto líder de la oposición sostenía que un presidente incapaz de sacar sus cuentas debía convocar elecciones.
El poder de la bolsa nació para que nadie recaudara ni gastara sin el consentimiento de los representados
Aquel líder gobierna hoy con las cuentas de hace cuatro ejercicios y asegura sentirse cómodo. La coherencia es un lujo que la política concede a plazos.
La prórroga indefinida no es un pecado jurídico. Es algo más sutil y por eso más corrosivo, pues es la normalización de gobernar sin pedir permiso. El poder de la bolsa nació para que nadie recaudara ni gastara sin el consentimiento de los representados.
Hemos tardado ocho siglos en construirlo y estamos aprendiendo lo fácil que resulta dejarlo dormir. La factura de ese sueño, como todas las facturas públicas, la pagaremos entre todos. Sin haberla votado.
*** Fernando Pinto es profesor titular de Economía Aplicada de la URJC.
