Arcadi España, ministro de Hacienda.
A pocos días de que las comunidades autónomas (CCAA) y el Ministerio de Hacienda vuelvan a reunirse, se ha dado a conocer (por fin) la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) con todo el detalle que no se había puesto en conocimiento general del público ni tampoco de las consejerías autonómicas en enero de este año.
Más de seis meses para tener un documento con un cierto grado de profundidad para contrastar las hipótesis de cálculo de las que parte Hacienda e identificar hasta qué punto es un modelo íntegramente destinado para satisfacer las necesidades de Cataluña y, por tanto, construido de forma ‘top-down’. Es decir, a partir de la conclusión, construir la justificación cuantitativa.
En un primer análisis muy somero de lo que han denominado ‘Acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía’ (el propio nombre es muy revelador, porque el único acuerdo hoy existente es del Estado con Cataluña), no es difícil darse cuenta de que se han producido algunos cambios argumentativos y cuantitativos para apuntalar los criterios de reparto expuestos en enero y cuya justificación no parecía demasiado sólida.
Más de seis meses para tener un documento con un cierto grado de profundidad para contrastar las hipótesis de cálculo de las que parte Hacienda e identificar hasta qué punto es un modelo íntegramente destinado para satisfacer las necesidades de Cataluña
En especial la modificación de ponderaciones en la definición de población ajustada, la reconversión de los fondos, introducir la distribución de las pymes por territorios, afección provocada por el cambio climático... Por poner algunos ejemplos.
Ahora tampoco es sólida. Simplemente, ha pasado de una arbitrariedad flagrante a ser un método puramente discrecional, con agujeros relevantes en la interpretación de variables clave y mezclando diferentes aspectos que le puedan hacer aparentemente ‘beneficioso’ para la mayoría de las regiones.
Desde la perspectiva de los principios generales, llama poderosamente la atención el punto 4º (“Mantenimiento y refuerzo de la solidaridad”) donde asevera que sólo si hay un esfuerzo fiscal equivalente en el ejercicio de sus competencias normativas habrá solidaridad y niveles similares de prestación de los servicios públicos.
Olvida (claro está, intencionadamente) que un esfuerzo fiscal homogéneo al alza no genera necesariamente más recursos para repartir (que en la mayor parte de los casos es justo lo contrario) y que el nivel de prestación de servicios no sólo depende de cuánto dinero se ponga sino de la eficiencia en su uso.
Más allá de las señas de identidad esenciales que pretenden dar al nuevo modelo, yendo al terreno cuantitativo nos encontramos con varios cambios relevantes en la definición del “habitante ajustado” que son especialmente favorables para las regiones con un tamaño económico mayor.
Al mismo tiempo que se tiene más presente el coste de la sanidad y servicios sociales (más desglose de grupos de edad permite ponderar más el gasto más elevado que es el asociado al envejecimiento y la dispersión geográfica) cobra más peso la educación (incluso de 0 a 3 años, aumentando considerablemente el rango de población) y hasta incluso los desempleados sin prestación.
Con lo cual, para las regiones más pequeñas, con mayor porcentaje de población envejecida, dependiente, escasa natalidad o dispersa, lo primero se neutraliza con lo segundo.
Y, al mismo tiempo, las regiones con mayor población activa, natalidad y movimientos migratorios netos, tendrán un factor de ponderación mayor y, por tanto, saldrán beneficiadas.
![El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, atendiendo a los medios de comunicación.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11311001.jpg?p=w:1706\/h:1280&h=lD37SjKf"])
Dado que el factor de la ‘población protegida’ es del 38%, la población total es del 30% y la población entre 0 y 24 años es del 20,5%, el resto de los ajustes al modelo que podrían beneficiar a las regiones con costes de prestación de los servicios públicos más elevados son mucho menos relevantes (por ejemplo, el caso de los estimados ‘costes fijos’ que ponderan el 0,4%).
A ello se suman otros criterios igualmente discutibles como, primero, el IVA de las pymes (algo muy injusto para las regiones en cuya estructura productiva tiene más peso el sector primario o las actividades que están exentas de IVA).
Segundo, el ‘fondo climático’ circunscribiéndolo en primera ronda a las CCAA del arco mediterráneo cuando, siguiendo la misma tesis, hay otros territorios que están sufriendo igual o más los efectos de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.
Tercero y último, lo que denominan “mecanismo complementario de financiación” que destinará recursos para cubrir a aquellas CCAA que poseen más competencias transferidas, justo aquellas que reivindican un ‘déficit de financiación’ mayor.
El ‘fondo climático’ circunscribiéndolo en primera ronda a las CCAA del arco mediterráneo cuando, siguiendo la misma tesis, hay otros territorios que están sufriendo igual o más los efectos de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.
El diferencial de incremento de la financiación entre regiones depende, exclusivamente, de cuál sea el aumento de los recursos a aportar por parte de la Administración General del Estado, parte de los cuales se trasladará al SFA en forma del nuevo “fondo de suficiencia global” denominado “statu quo”.
Aquí es donde Hacienda apenas entra en esta siguiente ronda. Ni siquiera plantea un análisis de viabilidad futura del gasto público teniendo presente todas las presiones de incremento de gasto en plantillas, intereses de la deuda, Defensa, inversión pública, vivienda…
Quedan por resolver varias dudas metodológicas no menores y un amplio margen para asignar fondos a determinadas regiones en detrimento de la equidad.
