“All you do is spend my money and flus hit down the drain” Nikki Sixx.
El anuncio de un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027 profundiza la insostenibilidad de las cuentas públicas y consolida la deriva fiscal del Gobierno de Sánchez, más preocupada por agotar la legislatura que por garantizar estabilidad a medio plazo.
El Consejo de Ministros ha aprobado para 2027 un límite de gasto no financiero de 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia y un 6,6% más que el año anterior, es decir, más de 14.000 millones adicionales en un solo ejercicio.
¿El objetivo de este techo de gasto? Disparar el gasto político y comprar la voluntad de los socios del Gobierno a costa del expolio y ruina de los contribuyentes, subiendo impuestos a todos y lucrándose con la inflación. No hay justicia social ni estado de bienestar, hay gasto clientelar y bienestar del sanchismo.
Este aumento del techo de gasto es varias veces superior de lo que recomienda la Comisión Europea y se acompaña de una senda oficial de déficit del 1,8% del PIB en 2027, con un reparto del 1,5% para el Estado, 0,2% para la Seguridad Social y 0,1% para las comunidades autónomas.
Conviene resaltar que la falsa “reducción” del déficit viene, de nuevo, de dopar el denominador, el PIB nominal, con mayor gasto público, inmigración e inflación, no por una reducción real de los desequilibrios.
El Gobierno mantiene las subidas de impuestos a todos y asume un récord de recaudación manteniendo el expolio fiscal a las familias negándose a deflactar los impuestos principales. Es decir, el Gobierno solo reducirá el déficit si las familias de clase media pagan todavía más impuestos.
El Gobierno vende esta subida como compatible con la reducción de deuda y el mantenimiento del Estado del bienestar.
En realidad, toda la supuesta consolidación fiscal viene por crecimiento económico dopado y expolio a la clase media y choca frontalmente con las advertencias reiteradas de AIReF y del Banco de España sobre la necesidad de ajustes fiscales en un contexto de deuda por encima del 100% del PIB y, además, aumenta el déficit estructural, el que se genera cuando no hay crecimiento.
La deuda pública española supera los 1,7 billones de euros y se sitúa en el 101% del PIB. Además, los pasivos totales de las administraciones públicas superan los 2,2 billones, un 140% del PIB, tras aumentar en más de 500.000 millones con Sánchez.
El techo de gasto récord para 2027 no es una apuesta responsable por el Estado del bienestar, sino una estrategia cortoplacista
Este nivel de deuda sigue claramente por encima de las previsiones prudentes de los organismos independientes. La AIReF subraya que mantener la sostenibilidad de la deuda exigirá esfuerzos fiscales adicionales, especialmente ante el aumento estructural de gasto en pensiones, sanidad y dependencia.
Pese a esta realidad, el Gobierno opta por aumentar el techo de gasto y aplazar cualquier consolidación seria, confiándolo todo a un escenario de crecimiento del PIB nominal optimista y dopado por gasto público e inmigración.
Un ejemplo ilustra el verdadero problema. Con una deuda según el protocolo de déficit excesivo por encima del 100% del PIB y necesidades de financiación del entorno del 15% del PIB para 2026–2027, cada punto adicional de déficit estructural se traduce en decenas de miles de millones de nueva deuda que se acumula sobre un volumen ya histórico.
La decisión de fijar un nuevo techo de gasto expansivo para 2027 se toma, además, en plena aplicación del nuevo marco fiscal europeo, que obliga a planes de ajuste creíbles y verificables para reducir el déficit y la deuda.
Sánchez sabe que este techo de gasto es insostenible, que la consolidación fiscal es inexistente y que sus socios no le van a aprobar los presupuestos.
![Arcadi España, ministro de Hacienda, en Moncloa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11310102.jpg?p=w:320\/h:240&h=X1pTxCz-"])
Por lo tanto, usa esta supuesta generosidad pública como arma política para acusar a los demás de rechazar recursos y de poner en peligro el estado de bienestar. El que pone en peligro el estado de bienestar es Sánchez, haciendo las cuentas públicas insostenibles.
AIReF ya ha advertido que, para cumplir la regla de gasto nacional en 2025–2026, serían necesarias medidas de consolidación por más de 14.000 millones de euros. El Gobierno, sin embargo, aprueba ahora un incremento del techo de gasto por una cuantía similar sin explicar de dónde saldrán los ingresos permanentes o los recortes futuros.
Esta huida hacia adelante tiene dos consecuencias: o bien se incumplen de nuevo los compromisos con Bruselas, o bien se fuerza una consolidación abrupta más adelante, con ajustes concentrados que dañan más el crecimiento y el empleo, pasando al siguiente gobierno el incómodo papel de saneador de las cuentas.
Las estimaciones del Gobierno tienen un grave problema en términos de credibilidad, al considerar un escenario idílico de crecimiento e ingresos, un cuadro macro muy benigno, objetivos de déficit incumplidos una y otra vez a pesar de contar con ingresos récord y una senda de deuda que se desvía sistemáticamente respecto a las proyecciones de los organismos independientes.
Declarar un techo de gasto “más alto jamás aprobado” en este contexto no es una muestra de fortaleza económica, sino de debilidad institucional: se utiliza el ciclo presupuestario para enviar una señal política de resistencia en la legislatura e intentar comprar la voluntad de los socios del Gobierno con el dinero de los demás, aunque las cifras anticipen más fragilidad futura.
El propio diseño del techo de gasto y de la senda de déficit confirma que el objetivo central es asegurar el apoyo parlamentario suficiente para prolongar la legislatura a través de más transferencias y más gasto discrecional.
La ampliación del margen de gasto busca facilitar la negociación con comunidades y socios políticos, dando mayores privilegios a Cataluña, pero lo hace a costa de deteriorar la calidad del ajuste y de perpetuar un esquema de cuentas públicas dependiente de tipos de interés moderados y de un crecimiento que no está garantizado.
Mientras tanto, se aplaza cualquier reforma estructural seria en pensiones, mercado laboral o eficiencia del sector público, que son precisamente los elementos que los supervisores señalan como imprescindibles para estabilizar la deuda a largo plazo.
La deuda de la Seguridad Social volverá a ser récord, el aumento de deuda anual superará los 55.000 millones de euros y el agujero se le pasará al siguiente, al que acusarán de recortes.
El techo de gasto récord para 2027 no es una apuesta responsable por el Estado del bienestar, sino una estrategia cortoplacista para comprar tiempo político en una economía sobreendeudada y con un margen fiscal cada vez más limitado.
El coste de esa decisión no se verá en los titulares del día, pero sí en una mayor vulnerabilidad ante cualquier cambio de ciclo o shock financiero y en la necesidad futura de ajustes más duros precisamente sobre las partidas que ahora se finge proteger.
Sánchez no fortalece el estado de bienestar con este techo de gasto, expolia a los ciudadanos para mantener el sanchismo en el poder.
