Agencia Tributaria.
Salamanca, mediados del siglo XVI. Un fraile dominico llamado Martín de Azpilcueta observa algo que sus contemporáneos apenas advierten y es que el oro que llega de América encarece la vida en Castilla. No moraliza. Describe.
Cuatro siglos antes de que nadie hablara de teoría cuantitativa del dinero, aquellos teólogos ya diseccionaban precios, cambios y usura con una frialdad analítica que a Joseph Schumpeter, austero juez de las ideas ajenas, le pareció el verdadero nacimiento de la ciencia económica.
Lo dejó escrito en su History of Economic Analysis (1954), señalando que son los escolásticos tardíos quienes, con menos incongruencia que ningún otro grupo, merecen el título de fundadores de la economía científica. La frase incomoda a dos bandos.
A quienes ven en Salamanca un club de liberales, y a quienes creen que la economía empieza con Adam Smith y su mano invisible. Ambos, probablemente, se equivocan, y el error tiene consecuencias muy actuales.
Porque los frailes no defendían el laissez-faire. Discutían cuál era el precio justo, dónde terminaba el préstamo lícito y empezaba el pecado, qué cargas podía imponer el príncipe sin arruinar a sus súbditos.
El gravamen viaja por la cadena de precios, salarios y márgenes hasta detenerse allí donde alguien no puede escapar
Su liberalismo, si así queremos llamarlo, no era una consigna sino más bien era el resultado de mirar los hechos y aceptar que la realidad económica tiene leyes propias que ni el rey ni el confesor pueden derogar por decreto.
Ese es exactamente el problema que hoy esquivamos con la fiscalidad. La política española habla de impuestos como si fueran un botón que pulsar y así se sube el tipo, se recauda más, fin de la discusión.
Pero existe un concepto que los de Salamanca habrían entendido a la primera y que nuestros legisladores fingen ignorar, la incidencia fiscal. Quien paga un impuesto de derecho casi nunca es quien lo soporta de hecho.
El gravamen viaja por la cadena de precios, salarios y márgenes hasta detenerse allí donde alguien no puede escapar. La ley pone el nombre; el mercado decide el bolsillo.
Los números invitan a la humildad. Entre 2010 y 2024 la presión fiscal en España subió 5,53 puntos, hasta el 36,7% del PIB, más del doble que la media de la OCDE, que avanzó 2,54 puntos (OCDE, Revenue Statistics, 2025).
La inflación, venía a decir, es el impuesto que nadie aprueba y todos pagan
Somos, con Luxemburgo y los bálticos, el país desarrollado donde más ha crecido la carga tributaria en catorce años. El discurso oficial lo celebra como convergencia europea, y en parte lo es. La pregunta escolástica sería otra ¿sobre quién ha caído, de verdad, ese aumento?
Rara vez sobre quien se imagina. Suba usted el impuesto de sociedades y observará cómo una parte se traslada a precios más altos o a salarios más contenidos; grave el diésel y verá al transportista repercutirlo en la lechuga; cargue la vivienda con nuevos tributos y comprobará que el inquilino, no el casero, termina pagando la factura. La incidencia no atiende a la buena intención del legislador.
Atiende a las elasticidades, esto es, a quién tiene margen para huir y quién está atrapado. Cuando la oferta es rígida y la demanda no puede esperar, el impuesto se queda pegado al más débil.
En un país con paro estructural y tejido productivo frágil, los atrapados suelen ser siempre los mismos: el asalariado sin poder de negociación y el pequeño empresario sin gestoría cara.
Aquí conviene recordar a Juan de Mariana y aquí su tesis es sencilla y demoledora y dice que cuando el rey manipula el valor del dinero para financiarse sin pedir permiso a las Cortes, comete un latrocinio disfrazado de política monetaria.
Mariana no se oponía a los tributos, se oponía al tributo encubierto, al que no se vota ni se discute, al que llega por la puerta de atrás mientras se proclama por la de delante que no se han subido los impuestos.
La inflación, venía a decir, es el impuesto que nadie aprueba y todos pagan. Cuatro siglos después, con la recaudación disparada por unos precios que ensanchan las bases sin que el Parlamento levante la mano, la advertencia del jesuita sigue picando.
El liberalismo de Salamanca, en el fondo, era esto, es decir, no una fe en el mercado, sino un respeto por las consecuencias.
Sabían que las leyes económicas no se doblegan a golpe de boletín oficial y que el gobernante prudente es el que las estudia antes de legislar, no el que las descubre cuando ya ha vaciado las arcas ajenas. Schumpeter los admiró justamente por ese realismo sin ilusiones, tan escaso entonces como ahora.
Nosotros seguimos subiendo tipos y esperando que la incidencia respete el guion. Cuando esta, que jamás ha leído un programa electoral, sigue recayendo donde le da la gana.
*** Fernando Pinto es profesor titular de Economía Aplicada de la URJC.
