Las últimas informaciones sobre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) son espeluznantes. Las imputaciones judiciales escalofriantes.
Ya se sabe que hay que respetar la presunción de inocencia y no habría que condenar a nadie, ni siquiera en lo que se llama la "pena de telediario". Basta con comentarios, incluso neutrales, en los medios de comunicación para que las personas sufran, aunque al final los veredictos finales sean exculpatorios.
Por eso lo importante no es la anécdota, la clave está en analizar el fondo de la cuestión.
Hace nada menos que en 1995 publiqué un libro titulado: Las debilidades de la economía española: corrupción, inflación y paro (EUINSA). Ya está descatalogado.
En el capítulo "Socialdemocracia y Corrupción" (hace ya 30 años) explicaba por qué la socialdemocracia es propicia a la corrupción.
La socialdemocracia se considera garante de la felicidad de los ciudadanos
En aquellos tiempos mi análisis se basaba en que la socialdemocracia lleva en su interior el germen de la corrupción y, por eso, debe ser muy cuidadosa cuando está en el Gobierno.
La primera causa de ello es que su ideología le impulsa a querer controlar todo. La socialdemocracia se considera garante de la felicidad de los ciudadanos y, en consecuencia, debe interferir en sus actividades. Especialmente las económicas.
A ello se le añade la tendencia a crear para ello un sector público gigantesco, con múltiples de organismos. Una maraña de unidades administrativas difíciles de controlar.
Encima se superponen miles de regulaciones, leyes, reglamentos, normas y directivas que dan poder a los administradores de esas unidades.
Ante esa complejidad los "avispados" descubren que los que detectan ese poder, son personas "adaptables", que muchas veces "envidian" los "beneficios" de los que llaman "casta de privilegiados" y desean acceder a ellos.
El deseo de intervenir en el sector público lleva incluso a la ocupación de puestos de gobierno y dirección
Esos "avispados" acaban creando redes de telaraña para atrapar a los aspirantes a esa vida de privilegio. Aspirantes que no reflexionan sobre los esfuerzos que se han tenido que tener esos bienes. Aspirantes que quieren llegar a ellos aunque sea por el atajo de la corrupción.
La suma de estos componentes es mortal para la moralidad de la administración pública.
El deseo de intervenir en el sector público lleva incluso a la ocupación de puestos de gobierno y dirección, no solo en las empresas de propiedad estatal, también en aquellas privadas en las que se pueden infiltrar con el uso de los dineros públicos (véase Telefónica, Indra, ... ). Esa es una corrupción conceptual más peligrosa, incluso que la económica. Entre otras cosas porque muchas veces permanece fuera de los círculos judiciales.
La maraña de normativas y la dispersión de unidades de decisión con poder, dificultan el control del funcionamiento de los mecanismos de "intervención" (pre y post) que, a veces, llegan cuando ya es tarde. Entonces se ponen en marcha los procesos en los que los corruptores y corruptos se alían para repartirse el botín.
¿Es inevitable que esto ocurra? NO. Pero por esa tendencia las operaciones de subvenciones, créditos y otras ayudas del sector público al privado tienen que realizarse con un cuidado exquisito.
No puede haber ni una sospecha. No puede saltarse ni un requisito. No puede intervenir ningún superior a manipular, ni siquiera a insinuar ningún cambio a los funcionarios encargados de los procesos. Además de la moralidad exigida a toda función pública, entonces se corren riesgos legales.
Es lo que estamos viendo estos días. La responsabilidad "in vigilando" no se ha ejercitado. Más bien parece que se ha animado a ser "generosos" con los fondos nacionales y europeos.
Es el caso de la SEPI. Los juzgados dirán dentro de tiempo si hubo o no soborno, cohecho o extorsión. En todo caso ha habido imprudencia y eso tiene un nombre: responsabilidad política.
¿Qué hacemos ahora con la SEPI?
Pues levantar alfombras, abrir ventanas, auditar y revisar todos y cada uno de los expedientes desde hace 8 años. A continuación, exigir responsabilidades si las hay: administrativas, económicas, penales y ... políticas.
Es lo que este gobierno debería anunciar ¿Por qué no lo hace? Porque si sale algo punible, que parece probable, también deberían asumir las responsabilidades políticas "in vigilando". Desde el primero al último, desde lo más bajo a lo más alto.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
