La presentación del nuevo cuadro macroeconómico por parte del Gobierno, programada para el próximo lunes, constituye un acto de política-ficción y demagogia financiera.

Bajo una fachada de una inexistente normalidad institucional en esta hora de España, el Ejecutivo se dispone a plantear unas proyecciones económicas que son un mero artefacto propagandístico, que dibujará un escenario idílico que carece de anclaje en la realidad.

Se está ante una flagrante inconsistencia técnica y una burla política cuya finalidad última no es estabilizar las cuentas públicas, sino pavimentar el camino hacia el próximo ciclo electoral mediante una expansión irresponsable del gasto público que, además no podrá materializarse ante la ausencia de una mayoría parlamentaria para ello.

El núcleo de esta impostura radica en la articulación de lo que rigurosamente debe calificarse como un Presupuesto fantasmagórico.

El Gobierno es plenamente consciente de su incapacidad parlamentaria para aprobar unas cuentas públicas reales; la fragmentación legislativa y la debilidad de sus apoyos condenan cualquier proyecto de ley presupuestaria al bloqueo o a la prórroga sistemática.

Sin embargo, lejos de asumir la prudencia fiscal que exige la parálisis legislativa, el Ejecutivo opta por presentar un diseño presupuestario ficticio.

Se proyectarán, como siempre, ingresos sobreestimados y techos de gasto históricos que jamás se someterán al veredicto de las Cortes Generales, convirtiendo la planificación macroeconómica en una burda declaración de intenciones sin fuerza jurídica ni viabilidad práctica.

Sostener un cuadro macroeconómico sobre un Presupuesto que se sabe de imposible aprobación no es un error de cálculo; es un ejercicio deliberado de deshonestidad intelectual que erosiona la credibilidad institucional del Estado ante los agentes económicos y los mercados internacionales.

Esta estrategia se fundamenta en un señuelo demagógico de manual: prometer una expansión brutal del gasto público como incentivo electoral.

Lejos de asumir la prudencia fiscal que exige la parálisis legislativa, el Ejecutivo opta por presentar un diseño presupuestario ficticio

La teoría de la elección pública (Public Choice) explica con precisión este comportamiento descarnado. El gobernante maximizador de votos tiende a generar un ciclo económico político, incrementando los desembolsos estatales en las vísperas de los comicios para generar una falsa sensación de opulencia y transferir rentas a colectivos clave de votantes.

El problema es que esta borrachera de gasto se financia mediante una confiscación fiscal presente o, peor aún, mediante un endeudamiento crónico que compromete el crecimiento de las generaciones futuras.

La inconsistencia macroeconómica del cuadro que se presentará el lunes es clamorosa y se manifiesta en tres vectores fundamentales.

En primer lugar, una infalibilidad predictiva artificial, por la que se asumen tasas de crecimiento del PIB persistentemente optimistas, desconectadas de la desaceleración global y de la atonía de la inversión privada doméstica, penalizada por la inseguridad jurídica.

En segundo lugar, el dogma de la recaudación perpetua, proyectando una elasticidad de los ingresos fiscales respecto al PIB que ignora la ley de rendimientos decrecientes y el efecto contractivo de la asfixia impositiva sobre la base imponible.

En tercer lugar, el desprecio absoluto a las reglas fiscales europeas, cuya reactivación exige una senda estricta de consolidación fiscal; presentar una expansión masiva del gasto es una provocación institucional que sitúa a nuestro país en la periferia de la ortodoxia comunitaria.

Desde una perspectiva estrictamente académica, la conducta del Ejecutivo encaja en lo que Friedrich Hayek denominó la "fatal arrogancia" del planificador central.

El Gobierno pretende dictar el rumbo de la economía mediante el voluntarismo político, asumiendo que el gasto público tiene una capacidad multiplicadora infinita.

El desprecio absoluto a las reglas fiscales europeas, cuya reactivación exige una senda estricta de consolidación fiscal;

La evidencia empírica acumulada durante décadas demuestra lo contrario: el multiplicador del gasto público en economías con altos niveles de deuda es inferior a la unidad, lo que significa que cada euro detraído del sector privado para ser dilapidado por la burocracia estatal destruye más riqueza de la que genera.

Se produce así un inevitable efecto de expulsión (crowding-out) del sector privado, asfixiando la productividad y la creación de empleo genuino.

El cuadro macroeconómico del próximo lunes omitirá deliberadamente los costes subyacentes de su propuesta.

No se hablará del déficit estructural enquistado, ni de la deuda pública que roza niveles críticos, ni de la pérdida de competitividad exterior derivada de unos costes regulatorios e impositivos crecientes.

En su lugar, el debate público será sepultado bajo una retórica de "escudo social" y "transformación productiva", conceptos vacíos que operan como anestésicos ante una degradación institucional e institucionalizada de las finanzas públicas.

La presentación de este Presupuesto fantasmagórico y sus documentos anexos representa, en definitiva, la culminación de la degradación de la política económica en España.

Ya no se busca la asignación eficiente de los recursos escasos ni el equilibrio macroeconómico, sino la supervivencia política a corto plazo mediante el engaño masivo al electorado.

La inconsistencia técnica de las cifras que conoceremos el lunes es la prueba inequívoca de un Gobierno que ha renunciado a gobernar para limitarse a resistir, utilizando los recursos de todos los contribuyentes como el botín financiero de su particular campaña electoral.

El despertar de esta orgía fiscal, cuando las realidades del mercado y las exigencias de Bruselas se impongan, será inevitablemente doloroso, pero para entonces, los artífices de la ficción confiarán en haber cobrado ya los réditos políticos de su demagogia.