Un tractor esparce fertilizante sobre tierras de cultivo
En marzo de 2026, cuando la crisis del Estrecho de Ormuz disparó los precios energéticos globales, los modelos de riesgo del Gobierno, del Banco de España y de las grandes empresas calcularon con precisión milimétrica qué parte del petróleo español pasaba por el estrecho.
La respuesta, ese 5% que se repitió en ruedas de prensa y notas técnicas, fue tranquilizadora. Técnicamente era correcta. Estratégicamente, era insuficiente.
El verdadero punto de ruptura no estaba en el crudo, sino en algo mucho menos visible: los fertilizantes que sostienen el 20% de las exportaciones españolas, ese activo silencioso que abastece los lineales de media Europa y que durante años ha operado como amortiguador de los déficits en otros sectores.
El superávit agroalimentario compensa hoy el 31% del déficit comercial general de España, no es problema del campo, es un problema de la balanza de pagos.
Mientras muchos mirábamos al barril, algunos también lo hacíamos a la urea, el abono nitrogenado más utilizado en el mundo, que pasó de unos 430 a 750 euros por tonelada en cuestión de semanas, obligando a muchos agricultores a reducir el abonado entre un 40% y un 60%.
No se trata de un problema rural. Es el tipo de shock silencioso que primero erosiona márgenes empresariales y, después, cifras de PIB y de balanza por cuenta corriente.
La cosecha de cereales española de 2026-2027 está en riesgo real. Los agricultores de Castilla y León, de Aragón y de Andalucía están sembrando, o decidiendo no sembrar, con insumos que hace cuatro meses no existían a ese precio o, directamente, no había.
El sindicato sectorial COAG cuantificó el 18 de mayo pérdidas de rendimiento de hasta el 45% en cereales, y hasta el 35% en olivar.
Un agricultor de maíz en Huesca lo traducía recientemente con una precisión que no aparece en ningún informe institucional: "Hasta hace dos meses el coste de producción era de 1.900-2.000 euros por hectárea. Ahora es de 2.600-2.700. Sembramos para ganar 100 euros por hectárea."
El shock de Ormuz no termina cuando baja el petróleo. Termina, si termina, cuando llega la cosecha.
El mecanismo que la narrativa energética invisibilizó
Cuando el 1 de marzo la Guardia Revolucionaria cerró Ormuz, todos los modelos de riesgo en España buscaron variables de porcentaje de petróleo expuesto al estrecho. Lo que los modelos de riesgo estándar no capturaban es que por Ormuz no transita principalmente petróleo español, sino el gas con el que se fabrica la urea.
España importa su urea principalmente de Egipto, Argelia y Noruega, no del Golfo Pérsico. Ese es exactamente el dato que tranquilizó a los modelos de riesgo.
El problema no era el petróleo; era el abono.
El problema es que Egipto y Argelia fabrican esa urea con gas cuyo precio se fija en el mercado global, un mercado donde Ormuz es el nodo de referencia.
Cuando el estrecho se cierra, el precio sube en Rotterdam. Y cuando sube en Rotterdam, sube en Almería.
China, simultáneamente, suspendió sus exportaciones de fertilizantes para asegurar su mercado interno, e India, el mayor importador mundial de urea, entró en competencia directa con Europa, por los mismos stocks disponibles.
El resultado fue un mercado global contraído en el que la urea pasó de 430 dólares en noviembre a 750 en marzo, en el que el nitrato amónico ureico acumulaba ya un 34,9% de incremento interanual antes del conflicto, y en el que JARC, la principal organización agraria de Cataluña, advirtió en abril de que la urea podría superar los 1.000 euros por tonelada y que ya era, en muchos casos, directamente no disponible en el mercado.
El precio de los fertilizantes no se mueve como el petróleo. Se mueve con un desfase de tres a seis meses respecto al shock que lo origina, y su impacto en la producción agrícola se materializa en la cosecha siguiente.
El shock energético de marzo ya está bajando, pero el shock agrícola de octubre todavía no ha llegado.
Los números que no caben en el relato oficial
España exportó en 2025 más de 77.000 millones de euros en productos agroalimentarios, el mayor superávit comercial de su historia, el 20% exacto de todas sus exportaciones. Ese activo se construyó, en proporciones significativas, sobre fertilizantes que vienen del Golfo Pérsico.
Para entender la escala real del riesgo, el superávit agroalimentario compensa hoy el 31% del déficit comercial general de España. Si el rendimiento de los cultivos cae un 30% por la reducción de abonado que COAG ya está documentando, ese amortiguador pierde más de 5.000 millones de euros de capacidad (estimación propia de JPA a partir de datos del Ministerio de Comercio y COAG); no es problema del campo, es un problema de la balanza de pagos.
Mercosur es una de las pocas palancas reales de diversificación frente a la dependencia que Ormuz acaba de revelar.
El propio Ministerio de Agricultura acaba de confirmar que abonará este verano 500 millones de euros en ayudas para fertilizantes, con el objetivo explícito de que los agricultores puedan planificar sus compras antes de las siembras de invierno, concentradas entre octubre y diciembre. Es una medida necesaria; y también la admisión implícita de que sin esa intervención, una parte relevante del campo español no sembraría en otoño.
El coste semanal del encarecimiento de insumos para el campo español alcanzó 41 millones de euros durante la fase más intensa del shock. Asaja lo cuantificó en seis millones diarios. Los costes de producción del maíz en regadío han subido entre un 35% y un 40% respecto a 2025.
Y para los cultivos extensivos de cereal, maíz y remolacha, el impacto global para el sector podría oscilar, según las estimaciones agregadas de COAG, ASAJA y UPA, entre 1.500 y 6.000 millones de euros anuales.
Esas cifras no aparecen en ningún indicador de dependencia energética, ni en los modelos de riesgo soberano publicados durante la crisis. Están en los informes de las organizaciones agrarias, que son exactamente las fuentes que los modelos macroeconómicos estándar no incluyen.
La paradoja que merece análisis
En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, los precios de los fertilizantes se triplicaron en dieciocho meses, y Europa redescubrió que había externalizado silenciosamente la base de su seguridad alimentaria.
La Comisión Europea suspendió aranceles, Bruselas habló de soberanía alimentaria, los agricultores protestaron en las capitales. Y tres años después, con la crisis de Ormuz, el ciclo se repite exactamente.
La diferencia es que en 2022 el shock llegó sin aviso. En 2026, llegó después de que todos los informes de riesgo dijeran que España estaba bien protegida.
Esa es la paradoja que merece análisis, porque los modelos no fallaron por falta de datos. Tenían los datos correctos, la diversificación energética española es real y sólida, pero los estaban usando para responder a la pregunta equivocada.
Hay una lección que trasciende este shock concreto. Los sistemas de riesgo soberano se construyen sobre los vectores que ya han fallado, no sobre los que todavía no han fallado.
Con el petróleo árabe, nadie modelizó la vulnerabilidad hasta 1973. Con el gas ruso, los avisos llegaron en 2006 y 2009, y nadie actuó hasta 2022. Con los fertilizantes del Golfo, la señal llegó en 2022, y en 2026 el sistema volvió a sorprenderse.
Y hay una segunda paradoja, más incómoda que la primera: el único acuerdo comercial de la UE que abre acceso preferencial a proveedores alternativos de insumos agrícolas es precisamente el que el sector primario español más ha resistido.
Mercosur no es solo competencia. Es también una de las pocas palancas reales de diversificación frente a la dependencia que Ormuz acaba de revelar.
La pregunta que vale la cosecha de 2027
El precio de la urea está bajando. Las proyecciones de consenso la sitúan alrededor de los 580 dólares al final del trimestre y cerca de 664 en doce meses, cifras que siguen siendo un 30% superiores a los niveles de noviembre de 2025.
Y todas estas proyecciones construidas sobre el supuesto de que Ormuz no vuelve a cerrarse, de que China no extiende sus restricciones de exportación, y de que la demanda india se estabiliza; por supuesto, ninguna de ellas incorpora la variable Trump. Así que ninguno de esos tres supuestos está garantizado.
Lo que sí es garantizable es que la campaña de siembra de invierno en España se decide entre julio y septiembre. Que los agricultores que redujeron el abonado este año están calculando ahora mismo si pueden permitirse recuperarlo el próximo.
Y que la siguiente crisis, en Ormuz o en cualquier otro corredor del Golfo, encontrará exactamente la misma vulnerabilidad si el marco de análisis de riesgo soberano español sigue midiendo solo lo que pasa por el estrecho en forma de barril.
El problema no era el petróleo; era el abono.
*** Jose Parejo es CEO y fundador de Jose Parejo & Associates (JPA), firma de inteligencia estratégica que asesora a consejos de administración e instituciones en análisis geopolítico aplicado, riesgo político y toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre.
