La utilización sistemática del término lawfare —guerra jurídica— por parte del actual Ejecutivo español y sus socios para atacar la acción de la justicia no constituye una mera hipérbole retórica ni un exabrupto demagógico de consumo interno.
Es una estrategia deliberada, de honda raíz populista, diseñada para deslegitimar el pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier sociedad libre y próspera: el Estado de Derecho.
Esta narrativa no busca abrir un debate técnico sobre el funcionamiento de los tribunales, sino inocular en la opinión pública la sospecha permanente sobre la neutralidad de los jueces y preparar el terreno para la demolición de los contrapesos institucionales.
La esencia de la democracia liberal, la única real y conocida en términos teóricos y prácticos, no radica en el poder omnímodo de una mayoría coyuntural en el Parlamento, sino en la sumisión de todos los poderes a la ley.
El principio de legalidad y la separación de poderes se concibieron precisamente para evitar la arbitrariedad del gobernante y proteger los derechos individuales frente a los potenciales abusos del Estado.
La soberanía popular, por tanto, no se expresa sólo en las urnas cada cuatro años, sino que se canaliza y limita a través de un ordenamiento legal y constitucional que obliga a todos por igual y cuya protección corresponde a la justicia.
Cuando el Gobierno y sus aliados acusan a los jueces de prevaricación sistémica o de actuar movidos por agendas políticas ocultas, lo que están intentando es subvertir ese orden normativo para blindar su proyecto político y sus desmanes de cualquier tipo de control jurisdiccional.
Se trata de una lógica plebiscitaria según la cual la legitimidad de los votos o la mayoría parlamentaria anula la de las leyes.
Bajo este prisma, cualquier control judicial a las decisiones del Ejecutivo es interpretado de forma espuria como un ataque a la "voluntad del pueblo", obviando que los jueces son, precisamente, los garantes de que esa voluntad se ejerza dentro de los cauces de algo básico en una sociedad libre. La Ley.
La soberanía popular, por tanto, no se expresa sólo en las urnas cada cuatro años, sino que se canaliza y limita a través de un ordenamiento legal y constitucional que obliga a todos por igual y cuya protección corresponde a la justicia.
El argumento gubernamental del lawfare carece de rigor analítico, histórico e institucional.
Los mismos tribunales que hoy son difamados y tildados de reaccionarios e incluso de realizar un golpe soft por investigar presuntos casos de corrupción, tramas de malversación o desvíos de poder en el entorno directo del Ejecutivo social comunista son los que, en su día, sentaron en el banquillo y condenaron a Gobiernos de muy distinto signo político. ¿Qué haría la izquierda patria si un Gobierno de derecha estuviese en su situación actual?
La judicatura no opera bajo el criterio de la oportunidad política ni del calendario electoral, sino bajo el estricto mandato de la ley. Los jueces no eligen las causas que instruyen; se limitan a aplicar las leyes vigentes.
Sostener la tesis de una conspiración judicial generalizada es una calumnia institucional de extrema gravedad cuyo objetivo último es doble: por un lado, desviar la atención de las responsabilidades penales o políticas de los investigados y, por otro, erosionar el prestigio de las magistraturas para justificar la impunidad y facilitar la colonización partidista del aparato del Estado.
![Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/11\/10\/castilla-y-leon\/region\/valladolid\/808679522_237486164_1706x960.jpg"])
La ofensiva contra los jueces tiene devastadoras consecuencias económicas. La certidumbre jurídica es el activo intangible más valioso que posee una economía de mercado avanzada.
Los inversores nacionales e internacionales, las empresas que generan empleo y los propios ciudadanos no arriesgan su capital, su esfuerzo ni sus proyectos de vida en entornos donde las reglas del juego son mutables, donde las leyes se redactan a la medida de los infractores o donde la resolución de los conflictos queda al albedrío o la presión del poder político.
Una justicia cuestionada desde las tribunas públicas para debilitarla o tutelada por el Ejecutivo es el camino más rápido hacia la degradación institucional y el estancamiento económico.
Cuando la confianza en los tribunales se quiebra, se encarece el crédito, se ahuyenta la inversión extranjera directa y se incentiva la inseguridad contractual. La erosión de las certezas legales destruye la predictibilidad del sistema, afecta de manera negativa a la actividad económica y, en última instancia, empobrece a la sociedad en su conjunto.
La defensa de los jueces no es, por tanto, una cuestión gremial ni una reclamación corporativa; es, en un sentido estricto, la defensa de la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.
Cuando los magistrados aplican la ley frente a los desmanes, excesos o corruptelas de los gobernantes, no están haciendo política ni interfiriendo en la labor del Gobierno; están cumpliendo con su alta función constitucional de contrapeso.
Cuando la confianza en los tribunales se quiebra, se encarece el crédito, se ahuyenta la inversión extranjera directa y se incentiva la inseguridad contractual.
En este contexto, el ataque frontal a los jueces representa una intromisión intolerable en las competencias exclusivas de la jurisdicción. Se está ante una inversión perversa de los valores democráticos esenciales: el poder controlado pretendiendo juzgar y someter al poder controlador.
Frente a esta preocupante deriva populista que busca de forma persistente la concentración de poder, la sociedad civil y los defensores de la sociedad abierta deben mantener una postura firme y vigilante. No hay democracia real sin ley, ni ley efectiva sin jueces verdaderamente independientes que tengan la capacidad y la protección necesarias para hacerla cumplir.
La Justicia española está actuando en la actualidad, junto a la prensa libre, como el último dique de contención democrático frente a los excesos de un poder abusivo que confunde conscientemente la mayoría aritmética con la infalibilidad moral y la impunidad legal.
![- Placa en una columna del Consejo General del Poder Judicial.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/11\/10\/espana\/politica\/808679298_237478890_1706x960.jpg"])
Los magistrados españoles merecen el respaldo inequívoco de la ciudadanía frente a una campaña de acoso que no busca la regeneración del sistema, sino la sumisión absoluta de un poder que garantiza nuestras libertades individuales.
