Una joven coge un taxi a su salida del hotel Palma Bellver en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).
En Baleares vuelve a abrirse un debate que España está enfocando de la peor de las maneras. Trata de si la movilidad urbana debe organizarse mediante competencia, innovación y libertad de elección del usuario o mediante planificación administrativa, restricciones de entrada y protección regulatoria de operadores tradicionales. Claramente se está optando por la limitación de la libertad de empresa y la hiperregulación atrofiante.
El enésimo pacto político PP-PSIB para endurecer la regulación de las VTC y de las plataformas digitales (porque en esto están unidos contra el mercado como buenos intervencionistas que son ambos) no representa solo una modificación técnica de la Ley del transporte balear, sino que constituye una concepción política y económica basada en la idea de que la Administración debe decidir quién puede competir, cuántos operadores pueden existir y en qué condiciones. Intervención en grado sumo, más allá de la social democracia, tirando a cuasi soviética.
Esta visión, que se da en toda España, pero con mayor intensidad en Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares -cualquiera diría que el antiguo Reino de Aragón opta por coaccionar la libertad de empresa mientras el Reino de Castilla se muestra más liberal- empieza a entrar en grave colisión con el Derecho europeo y las advertencias que desde la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han hecho a la legislación española en esta materia. El TJUE ya dejó claro que limitar la competencia simplemente para proteger a operadores existentes (los taxistas) no es compatible con la libertad de establecimiento.
Desde entonces, muchas Administraciones y Comunidades Autónomas han cambiado el lenguaje, pero no necesariamente el objetivo. De hecho, no lo han cambiado nada, sigue siendo intervenir totalmente el mercado, les diga lo que le diga la UE o el TJUE. No hacen ni caso, hecha la ley hecha la trampa. Donde antes se hablaba de “equilibrio del sector” (prohibido por TJUE), ahora se habla de sostenibilidad, espacio público o capacidad de carga ecológica (palabrería al uso en la UE).
Se pervierte el lenguaje en las leyes buscando alcanzar los mismos objetivos limitadores de derechos. Esto es corrupción, cuando menos moral. Además de un grave perjuicio al turismo como motor económico de las islas y a los usuarios e interés general de la economía insular al impedir de facto la entrada de nuevos operadores y perseguir hasta intentar exterminar a los que ya están.
Baleares parece avanzar hacia un modelo donde la Administración intenta determinar cuántos operadores son correctos y qué plataformas pueden existir
La regulación propuesta ahora en Baleares por esta alianza contra natura del PP-PSIB, introduce requisitos ambientales y territoriales extraordinariamente abiertos y difíciles de objetivar. Conceptos como presión sobre espacios protegidos o capacidad ecológica pueden convertirse en mecanismos de discrecionalidad administrativa prácticamente ilimitada.
Pero, más preocupante todavía es la ofensiva contra las plataformas digitales. Exigir registros especiales, instalaciones físicas o infraestructuras de estacionamiento -regulando hasta los metros cuadrados exactos que debe tener cada plaza- a empresas tecnológicas parece más orientado a elevar barreras de entrada que a proteger realmente al usuario.
De locos todo, hasta el punto de que las obligaciones que imponen a una plataforma digital no pueden forzarlas, en ningún caso -como se pretende- a que hagan de policía reguladora del mercado de movilidad, que es algo cuya obligación corresponde al Gobierno Balear y no se puede “externalizar”.
El resultado económico de todos estos despropósitos es siempre el mismo. A saber; menos oferta, más escasez, más tiempos de espera y menos innovación, precios más caros y peor servicio al usuario.
Todo ello en un territorio turístico y altamente estacional como Baleares, donde precisamente la flexibilidad resulta esencial. Pero donde al Gobierno le trae sin cuidado que sus medidas arruinen a la sociedad balear.
La paradoja es que mientras el turismo -sobre todo internacional- exige plataformas de movilidad globales cada vez más digitales y eficientes, Baleares parece avanzar hacia un modelo donde la Administración intenta determinar cuántos operadores son correctos y qué plataformas pueden existir.
Solo les queda dilapidar millones de euros del contribuyente en hacer su propia aplicación pública, que -como todas las públicas- no funcionará, nadie la descargará y en el remoto caso de que alguien la use, ofrecerá un servicio cuanto menos mejorable.
Muchos reguladores –“socialistas de todos los partidos” los llamó el premio Nobel de economía F. Hayek- siguen creyendo que el mercado es un mecanismo caótico que debe ser gestionado. Pero el mercado no es una máquina estática calibrable desde un despacho administrativo. Es un proceso dinámico de coordinación donde millones de decisiones individuales procesan información que ningún Gobierno posee. Y no lo quieren ver ni por asomo.
F. Hayek explicó hace décadas que el gran error de la planificación consiste precisamente en creer que la Administración dispone del conocimiento necesario para sustituir el funcionamiento competitivo. Cuando un regulador decide cuántos operadores pueden existir, deja de ordenar el mercado para empezar a reemplazarlo, y lo hace mal en el 100% de las veces.
Limitar artificialmente la oferta no elimina la demanda, al reves, genera demanda insatisfecha que es lo que produce las colas y las esperas que ya deben soportar los turistas y residentes en Baleares. Además, se transfieren rentas hacia quienes ya están dentro del sistema, perjudicando a las empresas que quieren entrar y a los consumidores.
Y la hiperregulación genera inseguridad jurídica. Cambios normativos constantes y judicialización permanente terminan expulsando inversión y deteriorando la confianza empresarial, que ya está por los suelos.
La movilidad del futuro difícilmente se construirá restringiendo plataformas digitales o cerrando mercados. Se construirá con más innovación, más tecnología y más libertad de elección para los usuarios. ¿Si hacen esto con las VTC qué pasará cuando lleguen los robotaxis? ¿Los quemarán?
El asunto para reflexionar es si Baleares quiere quedarse atrapada en un modelo regulatorio defensivo y cada vez más difícil de sostener ante los tribunales y la UE. Aún PP-PSIB están a tiempo de rectificar.
*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.
