El reciente e inaudito aval de la Comisión Europea a la utilización de los fondos del mecanismo Next Generation EU para financiar, de manera directa o mediante burdos artificios de vasos comunicantes presupuestarios, el gasto corriente en pensiones constituye uno de los episodios más deplorables, intelectualmente deshonestos y económicamente destructivos de la historia reciente de la Unión Europea.
No se está ante un mero desliz administrativo o una muestra de flexibilidad burocrática. Estamos ante una capitulación institucional en toda regla que dinamita los cimientos de la ortodoxia fiscal y premia la irresponsabilidad patria.
Desde una perspectiva macroeconómica, la posición de Bruselas representa una aberración conceptual. Los fondos de recuperación fueron concebidos, articulados y vendidos a la opinión pública europea y a los mercados como un instrumento histórico, con un carácter estrictamente temporal, condicional y finalista, diseñado para elevar el crecimiento potencial de las economías periféricas a través de la inversión de capital en vectores estratégicos y a la implementación de reformas estructurales de oferta.
El objetivo teórico indiscutible, para España, era la oportunidad de converger hacia los niveles de productividad media de la UE y de la Eurozona.
Sin embargo, al validar la fungibilidad de estos recursos para sostener el sistema público de reparto, la Comisión Europea ha bendecido la mutación de fondos de capitalización en gasto corriente, improductivo y recurrente.
En términos de la teoría del crecimiento endógeno, el multiplicador fiscal de una inversión en bienes de equipo, tecnología o infraestructuras críticas es sustancialmente superior a la unidad a largo plazo. Por el contrario, el multiplicador de una transferencia de renta desvinculada de la productividad es efímero, dejando intactas —cuando no agravadas— las debilidades estructurales del tejido productivo.
El argumento analítico es demoledor. El presupuesto del Estado es un todo fungible. Si el maná europeo asume la financiación de partidas inversoras que, en condiciones normales, el Gobierno habría tenido que sufragar con recursos propios, se libera de forma automática un espacio fiscal equivalente.
Ese espacio fiscal, en lugar de destinarse a la amortización de deuda o a la reducción de la asfixiante carga tributaria que sufren las empresas y las clases medias, se ha instrumentalizado para indexar las pensiones al IPC y sostener una estructura de gasto clientelar inviable.
Esa pirueta contable genera un doble efecto devastador. Por un lado, el efecto expulsión (crowding-out): al desviar recursos reales hacia el consumo presente del sector público en detrimento de la acumulación de capital, se detrae ahorro disponible para la inversión privada, deprimiendo el stock de capital por trabajador y, por ende, sus salarios futuros.
La aquiescencia de la Comisión Europea consagra un escenario de riesgo moral a escala continental
Por otro lado, la destrucción de incentivos, ya que se elimina cualquier estímulo político para acometer la inaplazable reforma del sistema de pensiones bajo criterios actuariales de equidad y sostenibilidad estructural.
La aquiescencia de la Comisión Europea consagra un escenario de riesgo moral (moral hazard) a escala continental. Cuando el supervisor abdica de su función de control y valida la indisciplina, introduce una asimetría de incentivos perversa. Los gobiernos con sesgo al gasto público expansivo y al cortoplacismo electoral descubren que la vulneración de las reglas del juego no acarrea sanciones, sino la complicidad del propio regulador cuando no su entusiasta soporte.
La actual Comisión Europea, un engendro cada vez más intervencionista y ajeno a la disciplina macro, ha sustituido el rigor técnico y la vigilancia de los equilibrios macroeconómicos por un pragmatismo político de baja estofa.
Es la victoria del funcionariado socialdemócrata e intervencionista que domina los pasillos de Bruselas, más preocupado por evitar tensiones políticas a corto plazo con los gobiernos nacionales que por preservar la estabilidad monetaria y fiscal de la Eurozona.
![El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, durante la presentación de las previsiones económicas de primavera](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/21\/actualidad\/1003744254789_263084538_320x180.jpg"])
Legitimar que los fondos comunitarios sirvan de respirador artificial para un modelo de reparto demográficamente quebrado es una irresponsabilidad de consecuencias sistémicas. El mensaje enviado a los mercados globales es nítido y alarmante: las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son de plastilina y la condicionalidad de los fondos europeos es una ficción jurídica, alterables por la discrecionalidad política y las buenas relaciones con la Sra. Van der Layen.
El drama de esta posición es que acelera la trayectoria de insostenibilidad de las finanzas públicas españolas. El déficit estructural de la seguridad social no se corrige con parches de liquidez exterior; se agrava. Al expandir el gasto estructural con ingresos extraordinarios e irrepetibles —pues estos fondos tienen fecha de caducidad—, se está cavando un foso fiscal aún más profundo para el final de la década. Cuando el grifo europeo se cierre definitivamente, la brecha entre ingresos contributivos y obligaciones de gasto será sideral, abocando al país a un ajuste brutal vía impuestos o a una crisis de deuda soberana de manual.
En definitiva, la posición de la Comisión Europea no es un acto de comprensión macroeconómica, es un ejercicio de cobardía institucional. Ha preferido el aplauso efímero de los gobiernos gastadores antes que la defensa firme de la ortodoxia económica.
Al actuar como el cómplice necesario del Gobierno en la ocultación de la quiebra técnica del sistema, Bruselas no solo compromete el futuro de las próximas generaciones de trabajadores, sino que despoja al proyecto europeo de su última balsa de credibilidad económica. Una auténtica claudicación de la razón económica ante el populismo fiscal.
