La imputación del presidente (se pierde el cargo, pero no el título) Rodríguez Zapatero es un hecho triste.
Independientemente del resultado final de la investigación la sensación decepciona. La labor de un expresidente debería ser la de ayudar, aconsejar, apoyar institucionalmente al presidente en funciones.
En España alguna vez se los ha visto reunidos, pero rara vez en su papel de asesoramiento. Siempre los recuerdo en actos más bien mediáticos.
Una lástima porque el ejercicio del cargo les ha dado un conocimiento muy importante.
Por ejemplo, relaciones con mandatarios o exmandatarios de otros países. Pueden ser “sutiles embajadores” dado que, si el gobierno de España es de un color político, ellos pueden tender puentes con los gobiernos de otra ideología.
Haberlos tenido al cargo del Gobierno del país supone haberles dado la oportunidad de aprender mucho sobre esa delicada materia
Haberlos tenido al cargo del Gobierno del país supone haberles dado la oportunidad de aprender mucho sobre esa delicada materia.
Todo este capital se pierde si su imagen se tiñe demasiado de preferencias partidistas.
Eso no quiere decir que no puedan aparecer en los actos partidarios. Pero como dicen los franceses su papel es estar: au-dessus de la mêlée (por encima de la melé, del lío”.
¿Por qué no lo hacen?
Por varias razones, muchas de ellas derivadas del “ego” malentendido. Mal entendido porque pierden su carácter institucional. Han sido, o deberían haber sido, presidente de “todos los españoles” no sólo de sus partidarios. Cuando dejan de serlo, siguen siendo patrimonio de todos ¿o no?
La imputación de Rodríguez Zapatero, al margen de la ideología de cada uno es una pena muy grande para la nación
Otras razones para su uso partidario son derivadas de los deseos de sus partidos de utilizar su figura a su favor. Al fin y al cabo, fueron capaces de llegar al poder y para ello tuvieron que conseguir votos suficientes.
Sin embargo, “agua pasada no mueve molinos”. Cuando llegan a expresidentes es porque han perdido elecciones. Siempre ocurrió en la democracia española, salvo en el caso del presidente Aznar, aunque en este caso puede haber interpretaciones diferentes. Las perdió aquel que designó para sucederle, que tardo años en recuperar el poder.
Por todo ello la imputación de Rodríguez Zapatero, al margen de la ideología de cada uno es una pena muy grande para la nación.
Es verdad que con el tiempo pudiera ser que los jueces decidieran declararlo “no culpable”. Pero mientras tanto el mal está hecho porque como se sabe “la mujer del cesar no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo”.
También es importante el efecto de esa imputación en la imagen de España. Todos los medios de comunicación europeos y muchos de los mundiales han abierto sus titulares con la noticia.
Por supuesto que no es el único país que tiene ese problema. No hace nada el expresidente de la República francesa, Nicolas Sarcozy, fue nuevamente imputado. Pero volviendo al refranero “mal de muchos, consuelo de tontos”.
Con estos mensajes la fama de España y los españoles se deteriora. La de sus instituciones también ¿Quién va a confiar en un país cuyos ex más importantes manipulan las administraciones valiéndose de sus supuestas relaciones con el poder?
Para evitar las tentaciones económicas en España se asegura que los presidentes que dejan su cargo tengan un salario vitalicio igual al que recibieron en él. Disponen de un despacho, seguridad y secretaría de los presupuestos. Eso se decidió por Real Decreto 405/1992 de 24 de abril. Hasta entonces sólo se aseguraba cuatro años después de dejado el cargo. Un sueldo que todos sabemos que pueden completar con conferencias, casi siempre bien pagadas sin riesgo. Al menos durante los primeros años. Aunque, incluso en esos casos hay que analizar la propuesta para no caer en trampas, es posible que las ofertas no sean tan “inocentes”.
Otra de las razones de ese decreto era evitar un deterioro económico grave de quién gastó unos buenos años de su vida en el beneficio de sus conciudadanos.
En fin, una lástima, una tristeza, un pesar, …
Y dicho esto como suelen decir todos ellos sin excepción: que la ley es para todos y caiga su peso sobre quién la conculcó ¡Faltaría más!
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
