Defensa
El aumento del gasto en defensa en Europa, impulsado por un entorno geopolítico más incierto, podría convertirse en uno de los principales vectores de política económica en los próximos años. En el caso de España, el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en inversión militar a partir de 2025 abre una nueva fase de expansión presupuestaria con implicaciones significativas para el tejido productivo, aunque no exentas de limitaciones estructurales.
Según un informe de BBVA Research, el plan del Gobierno, equivalente a 0,6 puntos porcentuales del PIB, permitirá cumplir con los objetivos marcados por la OTAN, pero no garantiza por sí mismo una senda sostenida de crecimiento del gasto a largo plazo. La evolución reciente de las licitaciones apunta a una aceleración significativa.
En diciembre del pasado año se alcanzó un volumen cercano a los 21.000 millones de euros en contratos adjudicados, una cifra sin precedentes que refleja la intensificación del esfuerzo inversor.
Más allá de este impacto directo, el verdadero alcance de este incremento reside en su capacidad de arrastre sobre distintos sectores. Tradicionalmente, la industria de defensa se ha asociado a actividades como la fabricación de armas, municiones, aeronaves o vehículos militares.
El análisis de los contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa entre 2022 y 2024 muestra una fuerte concentración en determinados sectores. La industria aeronáutica y la fabricación de armas y municiones concentran aproximadamente el 50% del importe total adjudicado, lo que confirma su papel central en el ecosistema de defensa.
Los sectores directamente vinculados a la defensa representan en torno al 1% de la producción manufacturera en España, la inclusión de actividades indirectas eleva este porcentaje hasta el 11%
Sin embargo, los efectos indirectos podrían ser mucho más amplios y, en algunos casos, más relevantes que los directos. El estudio identifica un amplio conjunto de sectores beneficiados de forma indirecta por el aumento del gasto militar.
A través de un análisis de las interconexiones entre sectores y datos contractuales del Ministerio de Defensa se constata que actividades como los componentes electrónicos, la maquinaria, la metalurgia o los servicios con alto valor añadido (telecomunicaciones, ingeniería e I+D) forman parte del entramado económico que se activa con el gasto en defensa.
Este patrón refuerza la idea de que este último actúa como un catalizador de múltiples actividades económicas, más allá del núcleo tradicional del sector. Especialmente relevante es el papel de los servicios avanzados.
A diferencia de la fabricación de bienes, más intensiva en importaciones y con menor valor añadido local, actividades como la ingeniería, la investigación o las telecomunicaciones generan mayores retornos internos y presentan un potencial más elevado de crecimiento a largo plazo.
Este efecto multiplicador es significativo. Mientras que los sectores directamente vinculados a la defensa representan en torno al 1% de la producción manufacturera en España, la inclusión de actividades indirectas eleva este porcentaje hasta el 11%. En términos de valor añadido empresarial, el salto es aún mayor: del 0,4% al 16%.
El aumento del gasto en defensa presenta una elevada concentración geográfica, reforzando las divergencias regionales existentes
Pese a esto, España presenta debilidades estructurales que limitan su capacidad para capturar plenamente los beneficios del aumento del gasto en defensa. Uno de los principales factores es la elevada dependencia de insumos importados, particularmente en sectores como los productos químicos o el material de transporte.
Tanto la producción como las exportaciones de bienes de defensa incorporan un mayor contenido de valor añadido extranjero que la media de la economía. Esta característica reduce el efecto multiplicador interno del gasto, ya que parte del impulso se filtra hacia el exterior.
Además, la especialización industrial de España en defensa es menor que la de otros países europeos. Economías como Alemania, Francia o Italia cuentan con una mayor integración de su tejido productivo con la industria militar, lo que les permite aprovechar mejor los spillovers asociados al incremento del gasto.
En este contexto, España se sitúa en una posición intermedia o incluso rezagada en comparación internacional. Mientras que países como Finlandia o Alemania destacan por su peso en la producción y exportación de bienes relacionados con la defensa, España muestra un menor grado de especialización y un mayor contenido importador.
También será heterogénea la distribución territorial del impacto económico a nivel regional. Así, el aumento del gasto en defensa presenta una elevada concentración geográfica, reforzando las divergencias regionales existentes.
Las comunidades autónomas con mayor base industrial y tecnológica son las principales beneficiarias. País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña emergen como los polos más favorecidos, al concentrar un mayor número de empresas vinculadas directa e indirectamente a la defensa.
En estas regiones, el impacto se canaliza mediante diferentes vías. En el caso de las economías industriales, como el País Vasco o Cataluña, el impulso se produce principalmente a través de la producción de bienes y manufacturas.
Por su parte, territorios con mayor peso en servicios avanzados, como Madrid o Navarra, capturan el crecimiento mediante actividades de I+D, ingeniería y telecomunicaciones. En el extremo opuesto, las regiones con menor base industrial, especialmente en el sur y en las islas, quedan rezagadas, con una capacidad limitada para beneficiarse de los efectos indirectos del gasto en defensa. Esta dinámica plantea retos en términos de cohesión territorial y equidad en la distribución del crecimiento.
El incremento del gasto en defensa en España representa una oportunidad para dinamizar la economía, impulsar sectores tecnológicos y reforzar la base industrial. Sin embargo, su impacto dependerá en gran medida de la capacidad del país para superar sus limitaciones estructurales. Entre los principales desafíos se encuentran la reducción de la dependencia de inputs extranjeros, el fortalecimiento de la cadena de valor nacional y la mejora de la especialización en sectores estratégicos.
Asimismo, será clave diseñar políticas que permitan una distribución más equilibrada de los beneficios a nivel territorial.
En última instancia, el gasto en defensa no solo responde a objetivos de seguridad, sino que se configura como una herramienta de política económica con efectos de amplio alcance. La cuestión no es tanto cuánto se gasta, sino cómo se articula ese gasto para maximizar su impacto sobre el crecimiento, la innovación y la cohesión económica.
*** Giancarlo Carta, BBVA Research.
