El Gobierno Sánchez habla de defensa de los servicios públicos; son solo eslóganes electorales.
Las inversiones públicas en infraestructuras han reducido su peso en los gastos del Estado. Prueba de ello es la situación de la red ferroviaria y las carreteras. La defensa de la sanidad pública, alentada callejeramente, tropieza con la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el colectivo médico.
En educación, según PISA los resultados en matemáticas son deplorables, y este gobierno prefiere castigar a las universidades privadas en lugar de mejorar las públicas … Por ser objetivos hay que anotar a su favor la regularización de las pensiones. Pero en lo demás el estado del bienestar sanchista se tambalea.
Eso, a pesar del extraordinario aumento de la recaudación tributaria, que paga fundamentalmente la clase media y trabajadora a la que dice proteger.
Sus salarios menguan en capacidad adquisitiva a pesar de las subidas legales del SMI y los acuerdos en los convenios colectivos. Lo hacen roídos por la avaricia de la Hacienda pública y la inflación.
Pero si hay algo que una parte importante de esa clase media y trabajadora sufre con crudeza es la vivienda
Pero si hay algo que una parte importante de esa clase media y trabajadora sufre con crudeza es la vivienda. Sin resolver ese problema es imposible hablar de bienestar.
Todos aquellos que no han tenido acceso a la propiedad antes de la llegada de Sánchez al poder están sufriendo una merma de su bienestar por el precio de la compra de vivienda o la subida del alquiler. Un problema que afecta fundamentalmente a los jóvenes y a las familias con menores ingresos. A aquellos que dice defender más este gobierno.
Por eso lo que ocurrió en el Congreso en esta semana sobre la vivienda es importante.
El Real Decreto ley 8/2026 sobre la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual y la limitación de precios fue rechazado. PP, Vox y Junta votaron en contra, el PNV se abstuvo.
Tanto la promulgación del Real Decreto-ley como su rechazo en el Congreso explican porque la oferta de vivienda, en particular en alquiler, es escasa.
Los nuevos alquileres, al bajar la oferta, suben. También suben para defenderse de posibles futuras contingencias legales
La publicación del Real Decreto-ley produjo inseguridad jurídica en los propietarios. Con la excusa de la coyuntura económica se cambian las reglas. El propietario que quiere alquilar su piso duda sobre si en el futuro los contratos que ahora firma serán válidos.
En consecuencia, retira el inmueble del mercado. Por tanto, los nuevos alquileres, al bajar la oferta, suben. También suben para defenderse de posibles futuras contingencias legales.
Para el inquilino el rechazo del Real Decreto-ley por el Congreso también produce inseguridad jurídica. Se las veía felices con una prórroga obligatoria de dos años y un aumento moderado del alquiler
¿Ahora qué? ¿Está o no en un limbo jurídico? ¿Deberá ir a los tribunales y pagarse una defensa jurídica agravando su pérdida de poder adquisitivo? ¿Debería ir al mercado de compra para evitar esta inseguridad?
Entonces, la retirada de oferta de alquiler y el aumento de la presión de demanda de vivienda en propiedad aumenta el precio de compra.
Ante su incapacidad para resolver este problema, después de más de siete años en la Moncloa, el Gobierno echa las culpas a los propietarios. Habla de los grandes propietarios, con acento demagógico.
Como si haber invertido en vivienda fuera un delito. Algo que aún retrae más la oferta en alquiler. Las amenazas y el miedo son malos consejeros económicos. Ya pocos invertirán en inmuebles y, peor aún, tampoco en construcción.
Por tanto, Sr. Sánchez y compañía, menos hablar de defensa de servicios públicos y más resolver los problemas de verdad.
La vivienda se resuelve con seguridad jurídica con leyes pactadas y permanentes; con ayuda financiera a promotores y constructores; con defensa de la propiedad y no atacándola; con vivienda pública social para los menos favorecidos; con una ley del suelo que liberalice terrenos; con infraestructuras que vertebren el territorio permitiendo movilidad entre zonas residenciales y de trabajo, …
Todo esto está inventado y comprobado. Basta con copiar políticas ya experimentadas.
Sin vivienda asequible no hay “Estado del Bienestar”, y con Sánchez, después de siete años de poder, no la hay. Ni parece que la vaya a haber con sus políticas fracasadas.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.
