El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Hay decisiones políticas que no admiten marcha atrás; una vez ejecutadas, alteran de forma irreversible la estructura esencial de un país; no su superficie, sino su ser profundo. La regularización masiva e indiscriminada de residentes ilegales pertenece a esa categoría.
El decreto no es un trámite administrativo, es una señal; y las señales, en política, importan mucho más que los decretos. Premiar a quien ha incumplido la ley no es un gesto inocuo; supone trasladar un mensaje claro a millones de desheredados del Tercer Mundo, el mensaje de que violar las fronteras de España puede resultar una vía en extremo eficaz a fin de obtener la residencia permanente en un país de la Unión Europea.
Y España, pese a la miope euforia oficial, es lo que es. El grueso de su estructura productiva sigue descansando, como siempre, sobre sectores de escaso valor añadido: turismo de gama baja, hostelería, construcción, servicios personales y… poco más.
Actividades que requieren mano de obra abundante, poco cualificada y, en consecuencia, tanto más barata cuanto más y más se abra la mano a la incorporación de extranjeros al mercado laboral. Los mercados laborales, por mucho que se quiera endulzar su naturaleza con toneladas de empalagosa retórica buenista, obedecen a una regla muy simple y muy cruda, a saber: si aumenta la oferta de trabajo, los salarios no suben; al contrario, bajan.
No es una conjetura ideológica, sino una regularidad empírica observada ya desde mucho antes de que Karl Marx hablase del “ejército industrial de reserva” a mediados del siglo XIX. Y de ahí la paradoja que nadie en la izquierda quiere mirar de frente.
Defender la apertura sin matices de las fronteras se convierte para ella en una forma de certificación ética
Mientras los indicadores macroeconómicos dibujan la ficción estadística de una España pujante —crecimiento del PIB, creación de empleo, incremento de la recaudación—, la experiencia cotidiana de millones de trabajadores cuenta otra historia: sueldos que apenas alcanzan la frontera del SMI, trayectorias laborales fragmentadas y una sensación persistente de estancamiento. El país de las estadísticas y el país de la vida cotidiana de la gente no comparten el mismo territorio físico.
Así las cosas, más mano de obra en los escalones inferiores del mercado implica más competencia entre quienes menos poder de negociación poseen para defender sus rentas. Es ahí donde irrumpe una curiosa convergencia de intereses que rara vez se explicita, pero que opera con notable eficacia.
Por un lado, una parte significativa del empresariado, el más ineficiente e incapaz de competir en los mercados internacionales, mantiene una vindicación crónica: reducir costes laborales. Para ese grupo de presión, la llegada constante de extranjeros dispuestos a cobrar lo que sea por hacer lo que sea, siempre que no requiera cualificación de ningún tipo, supone un genuino salvavidas existencial. Lo suyo es la mediocridad elevada a filosofía perenne de gestión.
En el otro extremo, una izquierda posmoderna, la misma que ha ido desplazando progresivamente su foco desde las cuestiones económicas hacia las simbólicas y postmaterialistas, encuentra en la inmigración una causa perfecta para dotarse de algo parecido a una seña de identidad.
Defender la apertura sin matices de las fronteras se convierte para ella en una forma de certificación ética, una credencial que le permite situarse en el lado correcto de la Historia, en el altar de la superioridad moral. Y completando el triángulo, una iglesia, la católica, que, fiel a su doctrina universalista, enfatiza ahora la obligación de acoger aquí a, literalmente, todo el mundo.
La política económica de Sánchez ha resultado ser como el infierno: también está empedrada de buenas intenciones
Empresarios, izquierda y jerarquía eclesiástica: tres mundos que discrepan en casi todo, pero que coinciden en lo esencial cuando se trata de la política migratoria. No porque compartan una visión, sino porque cada uno encuentra en ella un beneficio distinto.
Unos obtienen mano de obra barata; otros, capital simbólico; los terceros, coherencia con su doctrina, amén de nuevos fieles para tratar de llenar unos templos cada vez más vacíos. ¿Y quién asume los costes? Es evidente quién: los asalariados con rentas bajas y las capas populares en general, aquellos cuya posición se vuelve más frágil a medida que aumenta la competencia en su propio grupo de actividad.
Son ellos quienes experimentan de forma más directa la presión sobre los salarios, la saturación y degradación de los servicios públicos universales del Estado del bienestar y la erosión de su poder de negociación.
Mientras tanto, algunos observadores bizcos siguen celebrando el teórico milagro de la economía española a partir de un puñado de indicadores agregados. Inflación controlada, crecimiento notable, reducción del desempleo. Todo parece encajar.
Ya han olvidado que hubo un tiempo, y no tan lejano, en que esos mismos indicadores dibujaban otro panorama igualmente prodigioso. Era la España de la expansión inmobiliaria, de las grúas dominando el horizonte y del crédito fácil brotando de las sucursales bancarias en cada esquina. Hasta que llegó 2007.
Hoy no estamos ante una burbuja similar, pero sí ante una ceguera analítica similar. Se puede crecer generando empleo basura. Se puede reducir el paro ampliando hasta el infinito la población activa. Se puede incrementar la recaudación sumando cotizantes con salarios míseros.
Nada de eso, sin embargo, garantiza un modelo económico sólido si la base sigue siendo la misma: baja productividad y dependencia de actividades intensivas en mano de obra poco a nada cualificada. La política migratoria actual no inventa ese modelo, hace algo mucho peor: lo convierte, de facto, en una opción permanente y estructural para el futuro de España. Y lo hace con el respaldo explícito de esa peculiar coalición de intereses que, desde posiciones ideológicas muy distintas, empuja en la misma dirección.
La cuestión de fondo, en última instancia, es sencilla de formular aunque compleja de resolver: ¿aspira España a ser una economía basada en salarios bajos y empleo abundante, o pretende avanzar hacia un modelo sustentado en productividad, empleo de calidad y valor añadido? Las decisiones que se adopten hoy no determinarán únicamente el volumen de población o la composición demográfica del país, sino también el tipo de economía —y de sociedad— que emergerá dentro de una generación.
Porque las políticas que alteran los incentivos básicos no se agotan en el corto plazo. Generan sesgos perversos que se retroalimentan y que, llegado cierto punto, resultan imposibles de corregir. La política económica de Sánchez ha resultado ser como el infierno: también está empedrada de buenas intenciones.
*** José García Domínguez es economista.