El pasado martes, un joven del Partido Popular acudió a un programa de La Sexta y explicó que el salario neto promedio se ha reducido un 3,4% en términos reales entre 2018 y 2025, que un trabajador con 18.000 euros brutos paga hoy casi cuatro veces más IRPF que su equivalente ajustado a la inflación en 2019.
Antes de que pudiera terminar, varios de los tertulianos presentes y el propio presentador lo interrumpieron para calificar sus datos de "inventados" y de "bulos de la ultraderecha". Ninguno aportó una cifra alternativa ni señaló un error metodológico concreto.
El debate público sobre desinformación suele organizarse en torno a tres categorías. La información errónea, que es falsa pero no intencional. La desinformación, que es falsa y deliberada.
Y la “mala información”, que es verdadera pero usada de forma selectiva para causar daño. Esta taxonomía, desarrollada por Claire Wardle y Hossein Derakhshan para el Consejo de Europa en 2017, ha pasado a ser la referencia académica estándar.
Pero el episodio de La Sexta no encaja bien en ninguna de las tres. Lo que ocurrió allí es algo distinto y más retorcido. Se trata de usar la retórica del fact-checking como arma para atacar datos que son correctos.
La colonización del instrumento crítico al servicio de la intoxicación
Es decir, la colonización del instrumento crítico al servicio de la intoxicación. Y es, precisamente por eso, el más difícil de combatir.
Los datos cuestionados los elaboró Ion González, ingeniero y analista económico, cuya metodología es pública, replicable y está construida enteramente sobre fuentes del INE. El procedimiento es transparente.
Toma el coste salarial total por trabajador de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, lo deflacta con el IPC general acumulado, un 23,2% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, y calcula el salario neto aplicando los tramos del IRPF vigentes en cada año.
Lo que obtiene es el resultado sistemático de no deflactar ni los tramos del impuesto ni las deducciones, los mínimos ni las reducciones, no es un caso aislado ni un ejemplo puntual. Y ese mecanismo afecta con mayor intensidad a las rentas medias y bajas porque esos parámetros adicionales tienen más peso relativo en salarios de entre 18.000 y 22.000 euros. Esto es pura aritmética.
Lo que siguió al programa completo un ciclo que hay que describir con precisión. Ante la respuesta pública de González en redes sociales, que exigió refutación técnica o rectificación, uno de los participantes en el debate publicó en redes que "hubiera sido más correcto" señalar que "la selección de un caso muy concreto y puntual no sirve para explicar la situación real general".
La desinformación sobre datos económicos no es solo un problema político, es un problema de señales
Esta formulación merece atención. La acusación original no era que los datos fueran parciales o insuficientes, sino que eran falsos, inventados, propaganda. La "rectificación" no responde a esa acusación, sino que la sustituye silenciosamente por otra, además incorrecta porque el análisis de González no cubre un caso puntual sino todos los tramos.
El daño original, la acusación de bulo, queda flotando sin ser retirada. La apariencia de honestidad intelectual se logra sin asumir ninguna responsabilidad por lo que se dijo. Nadie rectificó en el mismo medio donde se acusó.
Pero lo más relevante no es solamente si esto es injusto con González o con el joven tertuliano interpelado. Es qué consecuencias tiene sobre el debate que importa. La desinformación sobre datos económicos no es solo un problema político, es un problema de señales.
Cuando los agentes económicos operan con información sesgada sobre salarios, presión fiscal o poder adquisitivo, sus decisiones de inversión, de negociación salarial, de planificación, se construyen sobre una base distorsionada. Éste es el mecanismo por el que la opacidad institucional acaba incorporándose a las primas de riesgo.
Y el daño no es inmediato sino acumulativo. Levitsky y Ziblatt argumentaron en Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018) que las democracias no mueren de golpe sino por erosión de sus normas de contención, entre ellas el compromiso del poder ejecutivo de no manipular la información pública sobre la que los ciudadanos toman decisiones.
Esa erosión tiene una traducción económica, en concreto, peor calidad regulatoria, menor inversión extranjera y mayor coste de financiación soberana. A eso se añade lo que la literatura sobre corrección de bulos ha documentado con consistencia, aunque con matices.
Y es que los desmentidos técnicos alcanzan a una fracción del público que recibió el mensaje original, especialmente cuando ese mensaje fue amplificado por medios con alta audiencia. La acusación de bulo vuela pero la rectificación camina.
España acumula años de estancamiento salarial en términos reales, una crisis de accesibilidad a la vivienda que golpea especialmente a trabajadores de renta media, un sistema de pensiones bajo presión estructural y un problema de productividad que ningún gobierno ha abordado con seriedad.
Todos esos problemas requieren diagnósticos precisos. Requieren que los ciudadanos, los inversores y los propios representantes políticos operen con información fiable sobre lo que está ocurriendo.
Cuando los datos que permiten ese diagnóstico son atacados como propaganda en horario de máxima audiencia, y la corrección no llega al mismo foro donde se hizo el daño, el resultado no es solo una injusticia con quien los elaboró. Es una degradación deliberada de la materia prima sobre la que se toman decisiones reales.
La niebla tiene esa propiedad, no requiere que nadie mienta abiertamente, es suficiente con que la verdad parezca sospechosa.
