Yolanda Díaz
Cada año por estas fechas se publican diferentes informes de referencia en materia fiscal coincidiendo también con el inicio de la campaña de declaraciones de renta. Uno de los más importantes es el Taxing Wages de la OCDE, un estudio muy consolidado que tiene como objetivo poner de relieve la evolución de la fiscalidad sobre los salarios en los países desarrollados, la composición de los impuestos directos (IRPF y cotizaciones sociales menos deducciones familiares) y cómo afecta desde el punto de vista personal y familiar.
En este sentido, el estudio recién publicado correspondiente a 2026 coloca a España entre los diez primeros países de la OCDE en presión fiscal familiar sin hijos, calculada ésta a través de la llamada “cuña fiscal” que es la suma de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social menos deducciones familiares en relación al coste laboral bruto (salario bruto más la cotización patronal).
Y, en el caso de tener dos hijos, España escala tres puestos más hasta el séptimo. Un 41,4% del coste laboral bruto se va a pagar impuestos en el caso del contribuyente sin hijos y el 36,8% en el caso del contribuyente con dos hijos.
Examinando el ranking, un lego en la materia de los muchos que abundan tristemente hoy en día podría argüir que en fiscalidad personal España está por debajo de sus tres principales comparables: Alemania (49,26%), Francia (47,18%) e Italia (45,76%).
El “pequeño” detalle es que el contribuyente español está a una distancia muy considerable de la renta disponible media de estos países y del conjunto de la Eurozona. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la renta disponible bruta medida en paridad de poder de compra en 2024 fue en España del 86,7% de la renta media de la Eurozona, en Italia del 92,1%, en Francia del 103,9% y en Alemania del 118,9%.
Mientras la fiscalidad del trabajo se ha moderado en la OCDE en las últimas décadas (-1pp.), en España ha seguido aumentando (2,1 pp.)
Por tanto, nuestro 41,4% de cuña fiscal tiene unas repercusiones reales muy superiores que el casi 50% de Alemania o el 47% de Francia. La presión fiscal en España de los dos impuestos que más recaudan (IRPF y Cotizaciones) recaen sobre familias cuyos salarios reales en términos netos han descendido entre 2018 y 2025 y en términos de renta disponible bruta PPA apenas hemos aumentado 4 puntos de convergencia con la Eurozona entre 2018 y 2024, algo totalmente insuficiente para revertir la tendencia que desde hace más de una década nos mantiene alejados del nivel de convergencia real de entrada en el euro en el año 2000.
Pero también esta misma presión tributaria recae sobre empresas de tamaño más pequeño, con grandes dificultades para ganar dinero. Los estudios periódicos del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España así lo muestran: en el último barómetro, el 20,1% de las pymes cerró 2025 en pérdidas y el 22,3% tuvo beneficio cero.
En un momento en que las cotizaciones a la Seguridad Social siguen subiendo vía MEI y el SMI aumenta las bases mínimas de cotización, se intensifica el “círculo vicioso” entre pagar más impuestos por un trabajador, presión bajista sobre sus salarios, expectativas deprimidas que resienten la productividad y resultados empresariales, cuanto menos, mediocres.
Mientras la fiscalidad del trabajo se ha moderado en la OCDE en las últimas décadas (-1pp.), en España ha seguido aumentando (2,1 pp.). Cuando entramos en el euro en el año 2000, la cuña fiscal española era del 38,6% suponiendo 2,5 puntos más que la media OCDE. Hoy ese diferencial escala hasta 6,3 puntos.
En todo este tiempo, la política económica ha cargado de piedras la mochila del trabajador medio, pero también al empresario. En estos últimos años de continuo crecimiento en volumen y, a muchísima distancia, en términos per cápita, parece como si los problemas de fondo desaparecieran.
En un ejemplo de pura aplicación de la equivalencia ricardiana, el incremento del gasto público es indiferente que se financie con subidas de los impuestos actuales o con emisiones de deuda pública, ya que ambas herramientas se están utilizando.
Si además se une una inflación acumulada del 25% entre 2018 y 2025 que ha provocado una progresividad en frío dado que no se han deflactado los impuestos, el deterioro de la salud financiera de familias y empresas no se puede compensar con un PIB real un 10,6% por encima del nivel pre pandemia al cierre de 2025.
Finalmente, un elemento que evidencia el mal diseño de la política fiscal es la amortiguación mínima en la fiscalidad que supone tener hijos.
Mientras la cuña fiscal en la OCDE desciende 8,9 puntos de no tener hijos a tener dos, en España es prácticamente la mitad (4,6 pp.). Pero si analizamos este cambio por países, de los tres grandes comparables en la Eurozona, sólo Francia sigue estando por encima de España en el 39,09%, pero bajando 8 puntos, casi el doble que España.
Alemania se desploma 14,3 puntos e Italia 11,5 puntos. Tanto en cifras macro como en estudios micro como el que hicimos durante años bajo el concepto de liberación fiscal, el IRPF español está muy mal diseñado, generando incentivos a tener hijos de forma más tardía, ya que premia vía reducciones en la base imponible (mínimo personal y familiar, sobre todo) y, por tanto, hacia familias con mayor nivel de renta y ésta se suele conseguir en etapas profesionales maduras (a partir de los 40-45 años).
Y, en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, directamente ni se inmutan se tengan o no hijos. Es urgente acabar con esta situación.
No es razonable ni sensato el coste que tiene trabajar en España sólo midiéndolo desde el punto de vista de la tributación. A ello habría que añadir otros elementos (coste de la vida, vivienda, regulación, seguridad…) que explican la desafección de la sociedad española. Así no podemos seguir.
*** Javier Santacruz es economista.
