El pasado 14 de abril, Pedro Sánchez firmó en Pekín 19 acuerdos con la República Popular China. Memorandos en energía, logística e infraestructuras. Un "diálogo estratégico" con la segunda potencia mundial. La cuarta visita oficial de un presidente español a China en cuatro años.
Un ritmo sin precedente en la historia diplomática española ni en la europea. Y el presidente ha firmado compromisos que generan obligaciones para el Estado español.
Pero ¿cuándo votó el Parlamento si España quería asumir esas obligaciones? Nunca.
Si acaso, el 9 de abril, cuatro días antes del viaje, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció ante la Comisión de Exteriores. Se habló de China, de multipolaridad, del ascenso del Sur Global.
Cada grupo dijo lo que ya pensaba. Nadie autorizó nada. Tampoco nadie podía vetar nada. Albares informó al Parlamento. Eso no es lo mismo que pedir permiso al Parlamento. Esta distinción, aparentemente técnica, es en realidad el núcleo de un problema político de primer orden.
Hace sesenta años, el economista James Buchanan, Premio Nobel en 1986, publicó junto a su colaborador Gordon Tullock, un libro titulado The Calculus of Consent, la obra fundacional de la Escuela de Public Choice. Su tesis no gusta a quienes idealizan la política.
Porque para ellos, los gobernantes no son servidores del bien común sino agentes racionales que maximizan su propio interés, es decir, poder, supervivencia política, control de recursos. Y como cualquier agente racional, tenderán a reducir al mínimo el coste de rendir cuentas siempre que puedan hacerlo.
Lo que describe Buchanan no es corrupción, o no necesariamente. Es lógica. El problema no es que los políticos sean malos. Es que el sistema les permite actuar así.
En España, esa lógica opera con creciente eficacia. El reposicionamiento geopolítico más significativo de la historia reciente del país, a saber, convertir a China en contrapeso estratégico frente a Washington y abrazar la narrativa del "orden multipolar", se ha ejecutado sin que el Congreso haya votado una sola vez sobre la dirección de la política exterior española.
Y tiene un contexto económico que lo hace todavía más relevante porque en 2025, España importó de China bienes por valor de 50.250 millones de euros y exportó apenas 7.972 millones. Un déficit que supera los 42.000 millones y que el propio Sánchez calificó de "insostenible" ante los empresarios chinos, lo cual no impidió firmar 19 acuerdos nuevos al día siguiente.
No es que no hubiera debate parlamentario previo. Es que ese debate no tenía consecuencias vinculantes. Y en términos de rendición de cuentas real, la diferencia entre un debate sin voto y ningún debate es exactamente cero.
Pero el problema es más grave. Porque el caso chino no es una excepción. Es el último episodio de una secuencia reconocible. España lleva varios años gobernando mediante decretos aprobados en consejo de ministros que el Congreso convalida en votaciones de urgencia donde la disciplina de partido hace el trabajo sucio.
Reformas estructurales, cambios regulatorios, modificaciones del marco laboral, todas ellas decisiones que en condiciones ordinarias requerirían debate legislativo llegan al Parlamento como hechos consumados, empaquetadas en decretos ómnibus que se aprueban o rechazan en bloque, sin posibilidad de enmienda.
Y luego están los presupuestos, que es la ley de leyes, el único instrumento donde el Parlamento tiene poder real de veto sobre la política económica, y que llevan años sin presentarse. Sin presupuestos no hay debate real sobre prioridades. No hay elección pública sobre qué se financia y qué no.
Y sin embargo, la ausencia de presupuestos es, paradójicamente, una fuente de libertad para el Ejecutivo. Sin presupuestos, el Gobierno opera en prórroga y recurre a créditos extraordinarios y ampliaciones de crédito que se aprueban sin pasar por el Parlamento.
Tres ámbitos distintos, política exterior, legislación ordinaria, política fiscal, y el mismo resultado: el Gobierno decide sin necesitar autorización real.
A ese esquema se añade un elemento casi más grave, como es el debilitamiento activo de los mecanismos de control externos al Parlamento. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha replicado públicamente al juez Juan Carlos Peinado, que instruye una causa contra Begoña Gómez, cuestionando su imparcialidad y la legitimidad de sus resoluciones.
Asociaciones judiciales y colegios de abogados han calificado estas intervenciones de ataque directo a la independencia judicial. Cuando un ministro convierte al juez en adversario político no está cometiendo un error de comunicación. Está reduciendo, racionalmente, el coste de ser fiscalizado.
Es, de nuevo, la lógica de Buchanan, un agente con incentivos para no rendir cuentas actuará para que rendir cuentas sea más difícil, venga el control de donde venga.
El argumento más habitual frente a esta crítica es que España tiene instituciones, tiene un flamante Parlamento, tiene jueces, tiene prensa libre. Y es verdad. Pero Buchanan nos enseñó que la existencia formal de una institución no garantiza que funcione como mecanismo real de control.
Lo que importa no es si el árbitro existe, sino si el jugador necesita algo de él. El Gobierno español ha construido, con notable coherencia, una arquitectura de decisión que mantiene todas las formas democráticas y elimina, una por una, sus consecuencias vinculantes. Se informa al Parlamento en lugar de pedirle autorización.
Se legisla por decreto en lugar de por ley. Se gobierna sin presupuestos en lugar de someterlos al debate. Se cuestiona a los árbitros cuando sus decisiones incomodan.
El resultado no es una democracia rota. Es algo difícil de nombrar y más difícil aún de revertir: una democracia en la que el poder ya no necesita permiso para ejercerse.
En democracia, el mayor peligro no es el político que actúa mal. Es el que ha conseguido que nadie pueda preguntarle por qué.
