La economía se mueve por incentivos y expectativas y la ruptura de la barrera de los 110 dólares por el barril de Brent es la respuesta racional a un escenario de acusada incertidumbre global.
La decisión de la Administración estadounidense de otorgar una prórroga al plazo de negociación hasta el próximo 6 de abril no ha tenido el efecto balsámico esperado sobre el sentimiento de los mercados.
Al contrario, ha operado como un recordatorio de que, en el tablero de Oriente Medio, el tiempo es un activo que se agota mientras el riesgo se acumula. Esto muestra un escepticismo profundo, ojalá equivocado, ante el cierre de un acuerdo que acabe con las hostilidades y permita reanudar el tránsito por el Estrecho de Ormuz.
De momento se está produciendo una ampliación de la prima de riesgo geopolítico. Esta se ha desplazado hacia la derecha en la curva de futuros; esto es, el mercado no es demasiado optimista sobre una resolución rápida del conflicto; no está comprando la tregua; está cubriendo su potencial fracaso.
Quizá esto sea una sobrerreacción coyuntural ante el desconocimiento absoluto de cuáles son los quince puntos puestos por Washington sobre la mesa y la disposición iraní a aceptarlos. En esta tesitura, el mercado opta por la prudencia defensiva.
Los inversores y los mercados pueden convivir con el riesgo si este es cuantificable y modelable
La prórroga, concebida como una herramienta de presión negociadora, no ha eliminado la percepción de riesgo sistémico. Esto se refleja en un aumento de la volatilidad implícita en los mercados y fuerza a los gestores a cubrir posiciones.
Esa situación es el resultado de la asimetría entre la retórica diplomática y la realidad económico-financiera. La estrategia de utilizar el tiempo como moneda de cambio es arriesgada por definición, ya que el tiempo, en ausencia de hechos verificables, es un poderoso y racional incentivo para la especulación.
Si bien resulta esperanzador y deseable, confiar en la capacidad de la diplomacia para lograr un acuerdo razonable que desactive la guerra, la falta de señales de compromiso real por parte de Irán alimenta un escepticismo justificado por la evidencia histórica de las últimas décadas. Los mercados recuerdan bien que todos los acuerdos realizados con los Ayatolás fueron papel mojado.
Los inversores y los mercados pueden convivir con el riesgo si este es cuantificable y modelable, pero detestan por encima de todo la incertidumbre absoluta. A día de hoy, la prórroga del 6 de abril es percibida no como un paso hacia la solución, sino como una tregua táctica que Irán podría utilizar para para seguir perturbando la navegación comercial o para continuar desplegando operaciones de guerra híbrida.
En otras palabras, se descuenta la desconfianza en la voluntad de Irán de aceptar, salvo de manera temporal, un compromiso real de renuncia a sus acciones.
España se asoma al precipicio de una crisis energética global
Para que el mercado "compre" la paz, el acuerdo con Irán ha de pivotar sobre tres ejes: primero, la garantía física y jurídica de la libre navegación en Ormuz bajo una supervisión internacional permanente; segundo, la renuncia monitorizada y efectiva de Irán a su programa nuclear y al desarrollo de misiles balísticos a cambio de permitir su vuelta al comercio mundial y tercero, un compromiso de estabilidad en la producción que permita a la OPEP+ absorber la volatilidad sin recurrir a recortes defensivos que estrangulan la oferta.
Solo un pacto que incluya estos mínimos tendría algún tipo de credibilidad a corto y medio plazo…a largo es imposible garantizar nada mientras la Teocracia persista.
Si la guerra no se detiene, los precios de la energía no se mantendrán en sus altos niveles actuales, sino se incrementarán más. En este supuesto, la economía mundial estará abocada a un escenario de estanflación, esa pesadilla donde coinciden el estancamiento del PIB y una elevada inflación; es decir, un choque de oferta estructural que pulveriza los márgenes empresariales y actúa como un impuesto directo y regresivo sobre la renta de las familias.
En otras palabras, la persistencia del conflicto en Oriente Medio no solo encarece el la electricidad y la cesta de la compra; liquida la inversión productiva, fomenta la pérdida de poder adquisitivo y conduce a una era de crecimiento plano o incluso a una recesión.
La economía española está muy mal equipada para hacer frente a un shock de oferta tanto de mediana intensidad como agudo.
Ese tipo de perturbaciones, recuerden la experiencia de los años 70 del siglo pasado, no se combaten con políticas keynesianas de expansión de la demanda, sino con políticas de oferta: reducciones de impuestos a empresas y familias, liberalización de los mercados para facilitar su ajuste al shock e incrementar la competencia para reducir precios y aumentar la producción y con disciplina macroeconómica.
España tiene un déficit y una deuda pública que lastran la capacidad de acometer bajadas impositivas sustanciales y unos mercados rígidos producto del intervencionismo del Gobierno social comunista.
En definitiva, España se asoma al precipicio de una crisis energética global con la mochila cargada de piedras: una presión fiscal asfixiante, unos mercados rígidos y unas cuentas públicas que han agotado todo su margen de maniobra.
Si el 6 de abril se confirma como un brindis al sol diplomático y la guerra en Oriente Medio se cronifica, la economía española no solo sufrirá; se verá abocada a una parálisis estanflacionaria de la que no se sale con propaganda ni con cheques financiados con deuda. La realidad es terca y no admite prórrogas.
