El pasado martes por la tarde, la profesora y amiga Irene Correas Sosa y yo, presentamos en la Fundación Civismo una charla en la que proponíamos incluir en el debate público un concepto que, sin ser nuevo, se ha dejado arrumbado a pesar de su importancia. Se trata de la subsidiariedad horizontal.
Este concepto se basa en abandonar, cuando sea posible, la verticalidad territorial del poder (administración nacional, regional, local) por una subsidiariedad no territorial sino basada en la eficiencia. La metodología docente que aplicar será la del mejor colegio, sea este público o privado.
La estructura impositiva por imitar será la de la administración más eficiente. Allí donde la iniciativa privada sea más eficiente, competirá con la iniciativa estatal, el público elegirá, como con los “vouchers” escolares.
Es decir, se trata, por expresarlo brevemente, de poner en el centro de la gestión pública el bienestar de los ciudadanos, no del Estado. Es lo que se suele llamar “yardstick competition” que, traducido al castellano, sería la competencia según la vara de medir. La marca más alta, es la elegida.
Para que esta alternativa, que ya funciona en algunos ámbitos en algunos países, tenga éxito, tienen que darse, principalmente, tres circunstancias: que los ciudadanos estén informados, que haya transparencia y rendición de cuentas de las gestiones y, por supuesto, que se permita la competencia público-privada.
La sociedad española ha aceptado la creencia de que las personas somos incapaces de responsabilizarnos de nuestras elecciones
Un sueño imposible España, un país que encadena años sin Presupuestos, donde el Ejecutivo evita el control parlamentario y donde la información pública se rectifica solo tras presión mediática, es decir, que no cumple las condiciones mínimas para que el ciudadano pueda comparar, elegir y exigir.
Un país en el que diferentes familiares del presidente y personas de su círculo político están encausados, o están siendo investigados o están en la cárcel y en lugar de facilitar la labor de la UCO y los jueces, se les ataca y cuestiona su labor, sin respetar las reglas del juego democrático.
Pero no se trata solamente del Gobierno. La sociedad española ha aceptado la creencia de que las personas somos incapaces de responsabilizarnos de nuestras elecciones. Elegimos igualarnos, pero a la baja, porque, al parecer, “lo privado” es intrínsecamente malo y “lo público” es moralmente superior, por definición.
De esta manera, los padres no somos los mejores tutores de nuestros hijos, ni cada uno de nosotros sabe qué alimentos comer y en qué cantidades. Todo lo que es perjudicial debe ser prohibido, sin dejar a la elección individual la decisión de escoger lo mejor y rechazar lo peor.
No vaya a ser que nos equivoquemos. Como si la misma persona que ejerce la función pública no fuera, a la vez, un ciudadano privado.
La independencia institucional no es un lujo tecnocrático
Reclamar el desarrollo y promoción de una sociedad civil en España, con estos mimbres, es casi ilusorio. Casi.
Queda alguna esperanza. Hay un pequeño, pero muy potente, grupo de tuiteros dedicados a desmontar mentiras, a analizar contratos públicos, comisiones huecas, dinero despilfarrado, ayudados por las nuevas tecnologías y a golpe de tesón.
Jaime Gómez-Obregón merece un premio por la labor que está haciendo, en solitario. Y después de Jaime, otros tuiteros se han convertido en una nueva ciudadanía fiscalizadora que nos muestran lo que el Gobierno y sus tentáculos no quieren que veamos.
No puedo olvidar a los economistas y periodistas que analizan datos económicos y políticos y ponen en su sitio a mentirosos, falseadores de la realidad y corruptos. Sobre estos ciudadanos ya se está cimentando la sociedad civil. No es suficiente, pero demuestra que el problema no es la incapacidad ciudadana, sino la falta de voluntad política de rendir cuentas.
Mientras tanto, el Gobierno sigue a los suyo, aparentemente ajeno a la realidad. Esta semana, una de las noticias económicas ha sido la propuesta por parte de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, el nombramiento de Inés Olondriz como presidente de la AIReF, la institución que debe fiscalizar las cuentas del Gobierno y que, entre otras cosas, es responsable de evaluar la sostenibilidad de las pensiones.
Lo terrible es que Inés Olondríz es subordinada directa de Montero, y es quien diseñó la llamada “quita catalana” que tanto va a perjudicar a muchos ciudadanos españoles.
Para más inri, la ya expresidenta de la AIReF, Cristina Herrero, expresó públicamente su deseo de que su sucesor o sucesora no procediera del Gobierno porque le parece “inadmisible pasar de la esfera política a la presidencia de la AIReF”. Unas declaraciones muy sensatas de una de las personas que ha luchado por mantener esa independencia, tan necesaria en un Estado de derecho, y en cualquier democracia sana que se precie.
La AIReF no es una oficina administrativa más. Es un contrapeso técnico creado precisamente para evaluar al Gobierno sin interferencias. Si quien la preside procede directamente del Ejecutivo al que debe examinar, el problema no es personal. Es estructural. La independencia deja de ser una garantía y se convierte en una formalidad.
La independencia institucional no es un lujo tecnocrático. Es la condición que separa un Estado de derecho de un sistema de lealtades. Cuando el control depende del poder, el ciudadano deja de ser sujeto y pasa a ser espectador. Y un país de espectadores no puede exigir cuentas. Solo puede aplaudir o resignarse.
