Donald Trump
El aumento súbito del arancel global del 10% al 15% anunciado por Trump el pasado 21 de febrero se enmarca en un contexto de tensión tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó sus tarifas “recíprocas”, por considerarlas inconstitucionales por no haber sido aprobadas por el Congreso.
El presidente estadounidense ha decidido usar su margen máximo legal bajo la Trade Act de 1974 para imponer un arancel “temporal”, finalmente del 10%, aunque anunció el 15%, a todos los artículos importados a los Estados Unidos. Y con ello, la sensación de caos aumenta.
No está claro cómo se articulará a largo plazo. Porque la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 en la que el presidente se apoya, permite imponer aranceles durante períodos de como máximo 150 días cuando existan “problemas fundamentales de balanza de pagos que requieran restringir importaciones”. Para mantenerlos durante más tiempo se requiere la aprobación del Congreso.
Es probable que durante ese tiempo la Administración Trump intente reconstruir el muro arancelario tal y como estaba antes de la sentencia del Supremo. Pero para ello tendría que recurrir a cláusulas complejas y que requieren investigar cada caso, lo que llevará tiempo y será menos flexible que el arancel recíproco anterior a la decisión del Supremo.
Lo que es seguro es que el gobierno norteamericano está obligado a reembolsar al menos 175.000 millones de dólares (y la cifra sigue aumentando) a los importadores por los ingresos recaudados por los aranceles recíprocos, ahora declarados ilegales.
Los vaivenes arancelarios perjudican el comercio internacional, no sólo por las trabas a las exportaciones a EEUU, sino sobre todo por la mayor incertidumbre que introduce en las relaciones comerciales
La devolución de estos fondos será un proceso largo y complejo jurídicamente. Además, ese reembolso solo beneficiará directamente a las empresas importadoras, y no a los consumidores finales que sufragaron buena parte de esas facturas arancelarias mediante el aumento de los precios.
Una vez más la Administración Trump introduce incertidumbre en el comercio internacional. El acuerdo bilateral de 2025 con la Unión Europea suponía un 15% generalizado para todos los productos, lo que suponía una ventaja competitiva de los países de la UE respecto a China y otros grandes bloques geopolíticos.
Ahora, este nuevo arancel global del 10% para todos los países se podría sumar a la tasa preexistente a los aranceles recíprocos, por lo que la cuantía total varía enormemente de un producto a otro y superaría en muchos casos el 15% del acuerdo de agosto pasado.
Los efectos de este nuevo arancel son desiguales a nivel global. Los países que tenían en sus acuerdos unos aranceles bastante más elevados que ahora se ven beneficiados, es el caso de China o Brasil. Al menos temporalmente, ya que Estados Unidos está trabajando con otros instrumentos legales para regresar al marco previo.
Los vaivenes arancelarios perjudican el comercio internacional, no sólo por las trabas a las exportaciones a EEUU, sino sobre todo por la mayor incertidumbre que introduce en las relaciones comerciales y por las posibles represalias o medidas espejo, principalmente por parte de China, la UE, India o Brasil.
La política comercial de EEUU exacerba la pérdida de confianza en el multilateralismo
Porque, aunque muchos países verán un arancel efectivo menor que el aplicado con las tarifas declaradas ilegales, la señal política es claramente hostil. Todo ello puede acelerar acuerdos comerciales alternativos sin EEUU y demandas ante la Organización Mundial del Comercio.
El resultado es la desorganización de las cadenas globales de suministro, ya tensas desde la pandemia y las tensiones geopolíticas. Ello repercute en un aumento de los costes logísticos y de producción en sectores como automoción, electrónica y maquinaria. Incluso puede llegar a interrumpir algunos contratos a corto plazo y forzar renegociaciones.
Asimismo, podría afectar al traslado parcial de la producción a EEUU o a países no afectados por futuros aranceles adicionales, si se introducen selectivamente.
De manera general, la multiplicación de barreras aduaneras tendrá efectos en la inflación. Ello puede provocar presión para que los Bancos Centrales retrasen o interrumpan bajadas de tipos de interés que, por otra parte, serían necesarias para afrontar un entorno económico debilitado.
Este es, por tanto, un contexto nefasto para la inversión. De hecho, hemos visto durante los últimos días un aumento de la volatilidad en las bolsas globales y una tendencia de la inversión a refugiarse en activos seguros como los bonos soberanos, el oro o el dólar.
Estas turbulencias financieras no benefician a la canalización del ahorro hacia la inversión productiva de las empresas. De hecho, algunas empresas ya están anticipando escenarios de reubicación productiva y de reducción de inversiones. Y la inversión de hoy es el crecimiento económico y el empleo de mañana.
En suma, la política comercial de EEUU exacerba la pérdida de confianza en el multilateralismo y refuerza la sensación de inestabilidad regulatoria que se ha adentrado en la economía mundial.
El problema no es solo que la primera potencia mundial use todos los resquicios legales para imponer tarifas unilaterales, debilitando la credibilidad del sistema que rige las relaciones económicas internacionales desde el fin de la segunda guerra mundial --con su última decisión, el presidente norteamericano Trump ha actuado mediante la única vía legal disponible después del fallo del Tribunal Supremo, forzando su autoridad al máximo--.
También se echa de menos una reacción de la UE orientada a completar el mercado único, suprimir las trabas a la inversión en el tejido productivo del Viejo Continente y reforzar la capacidad negociadora ante el caos arancelario y geopolítico de Trump.