Infraestructura de distribución de gas.
España se encuentra en un punto de inflexión para su sistema energético. De forma inminente conoceremos un nuevo marco regulatorio para las redes de gas que no sólo fijará parámetros económicos, sino que condicionará la capacidad real del país para garantizar seguridad de suministro, competitividad y una transición energética ordenada.
En este contexto, conviene alejarse del debate tecnológico y plantear una pregunta más de fondo: ¿estamos protegiendo adecuadamente los activos estratégicos que ya sostienen nuestro sistema?
Uno de esos activos es la red de gas. Una infraestructura extensa, moderna y plenamente operativa que, desde hace décadas, garantiza el suministro energético a hogares, industria y servicios en todo el territorio.
España cuenta con cerca de 100.000 kilómetros de red de distribución y transporte que dan servicio a más de 20 millones de personas y empresas. Es una red que funciona de manera continua, incluso en situaciones extremas, y que transporta hoy más energía que la red eléctrica.
Esta realidad suele pasar desapercibida precisamente porque el sistema funciona. Pero su valor se hace evidente cuando la demanda se concentra, cuando las condiciones climáticas son adversas o cuando el sistema eléctrico se tensiona.
El respaldo del gas fue determinante para la recuperación del sistema eléctrico tras el apagón
En abril de 2025, el respaldo del gas fue determinante para la recuperación del sistema eléctrico tras el apagón. No fue un episodio aislado. En la última década, mientras la demanda punta eléctrica ha descendido un 6%, la demanda punta de gas ha aumentado un 23%. Es un dato revelador de una necesidad estructural, no coyuntural.
En un sistema energético con una penetración creciente de renovables intermitentes, con el cierre progresivo de centrales nucleares y con una demanda eléctrica al alza asociada a nuevos usos intensivos, la flexibilidad y la capacidad de respuesta inmediata son imprescindibles. Hoy, el gas sigue siendo el principal vector que aporta estabilidad y resiliencia al conjunto del sistema energético.
Esta función también tiene una dimensión social y económica muy evidente. Más de ocho millones de hogares en España dependen del gas para cubrir necesidades básicas como la calefacción y el agua caliente sanitaria. En un parque residencial en el que más del 80% de las viviendas no puede electrificarse sin reformas profundas y costes elevados, el gas sigue siendo una solución eficiente y accesible que ya funciona para millones de familias. Una transición energética que ignore esta realidad corre el riesgo de ser socialmente injusta y difícilmente asumible.
Algo similar ocurre en la industria. Sectores intensivos en usos términos y procesos continuos no disponen hoy de alternativas eléctricas competitivas a gran escala. El gas permite mantener actividad, empleo y competitividad en una parte muy relevante del tejido productivo español. Prescindir de él sin soluciones equivalentes no acelera la transición. Al contrario, la debilita.
En un parque residencial en el que más del 80% de las viviendas no puede electrificarse sin reformas profundas y costes elevados, el gas sigue siendo una solución eficiente y accesible
A esta función estructural se suma una oportunidad de futuro que España no debería desaprovechar y que se llama gas verde. Nuestro país cuenta con uno de los mayores potenciales de producción de biometano de Europa, suficiente para descarbonizar completamente el sector residencial y una parte significativa de la industria. Se trata de una energía renovable, almacenable y gestionable, que aprovecha residuos y genera actividad económica en el entorno rural.
Pero hay una condición imprescindible para que esta oportunidad se materialice: disponer de redes sólidas, bien mantenidas y preparadas para integrarlo. Sin red, no hay gas verde. La buena noticia es que esa red ya existe. Se trata de una infraestructura plenamente operativa que no requiere grandes transformaciones para distribuir gases renovables.
El biometano puede circular por las mismas redes que hoy transportan gas convencional; basta con realizar las conexiones necesarias y garantizar un mantenimiento adecuado para que esta oportunidad sea una realidad.
En este punto, el debate regulatorio es inevitable. Entre 2021 y 2026, la retribución de la distribución de gas se ha reducido un 23% en un contexto de inflación acumulada superior al 21% y con un fuerte incremento de los costes de financiación.
La transición no consiste en renunciar a los activos que nos han dado seguridad durante décadas, sino en integrarlos en el modelo del futuro
A diferencia de otros sectores regulados, no han existido mecanismos automáticos de ajuste que reflejen este nuevo entorno. El resultado es una presión creciente sobre la capacidad de gestión para el mantenimiento, digitalización, ciberseguridad e integración de gases renovables.
El nuevo marco regulatorio es una oportunidad para abordar este debate con una visión de país. No se trata de enfrentar energías ni de frenar la transición, sino de apoyarla sobre bases sólidas. Aprovechar lo que ya funciona, maximizar las infraestructuras existentes y dotarlas de un marco estable y previsible es, probablemente, la forma más eficiente y responsable de avanzar.
La transición energética no consiste en renunciar a los activos que nos han dado seguridad durante décadas, sino en integrarlos con inteligencia en el modelo del futuro. Las decisiones que tomemos ahora marcarán esa diferencia.
*** Fidel López Soria, CEO de Redexis.
