La metástasis del capitalismo de Estado

Bajo una semántica de "transformación estratégica" y "colaboración público-privada", subyace una propuesta que representa uno de los hitos más disruptivos y lesivos en la arquitectura financiera del Estado y en la estructura de la economía española; un mecanismo de ingeniería política diseñado para subordinar el mercado al interés gubernamental.

De entrada y desde una óptica financiera, la denominación de "fondo soberano" (Sovereign Wealth Fund) constituye un oxímoron técnico. Los denominados Principios de Santiago, que rigen la gobernanza de estos fondos a nivel internacional, presuponen la existencia de un excedente de capital acumulado, derivado de rentas extractivas, superávits fiscales y/o por cuenta corriente y destinado al ahorro intergeneracional y, cuando es preciso, a la estabilización macroeconómica.

En el caso español, la génesis es la opuesta: se fundamenta en la monetización de pasivos. España, lastrada por un déficit estructural y una deuda pública en torno al 100% del PIB, no invierte riqueza propia, sino capital prestado. Esta capitalización mediante apalancamiento introduce un riesgo de solvencia sistémico.

Si las inversiones no generan retornos superiores al coste de la deuda con Bruselas, el Estado habrá incurrido en una destrucción neta de valor, consumando un expolio intergeneracional que hipoteca el bienestar de las décadas venideras para sufragar la expansión del poder político presente. Esta dinámica aumenta la vulnerabilidad de la economía ante cualquier shock y compromete irremediablemente la sostenibilidad fiscal.

Bajo el pretexto de la "autonomía estratégica", el Estado podría entrar en el accionariado de corporaciones cotizadas y sectores de manufactura avanzada

La delegación de la gestión en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) plantea serias y más que fundadas dudas sobre la independencia para gestionar el fondo de Sánchez. Como enseña la Teoría de la Elección Pública, los agentes gubernamentales no operan como planificadores omniscientes, sino sujetos a incentivos de maximización de su poder político.

La experiencia de la SEPI en la gestión de empresas insolventes, pero cercanas a los intereses del Gobierno, es un antecedente sombrío que prefigura una gestión caracterizada por la arbitrariedad del Ejecutivo. Un fondo de la magnitud deseada por el Ejecutivo generaría un escenario de selección adversa y riesgo moral, la consolidación de un “capitalismo de amiguetes” y una red de clientelismo opaca ajena a cualquier auditoría técnica independiente.

Aquí reside uno de los puntos más alarmantes: la capacidad de intervención en el tejido empresarial patrio. Si el fondo de Sánchez lograse movilizar 120.000 millones de euros, una cifra que representa casi una quinta parte de la capitalización total del Ibex 35, el Gobierno se dotaría de un instrumento para realizar una "toma de control" de facto, una nacionalización encubierta de buena parte de las grandes empresas.

Bajo el pretexto de la "autonomía estratégica", el Estado podría entrar en el accionariado de corporaciones cotizadas y sectores de manufactura avanzada, convirtiendo los consejos de administración en sucursales de la Moncloa: un INI siglo XXI pero con esteroides financieros y nula rendición de cuentas.

Desde el derecho administrativo comunitario, la propuesta camina sobre el filo de la ilegalidad respecto al principio de adicionalidad de los fondos Next Generation. Estos fueron concebidos para financiar inversiones que el mercado, supuestamente, no acometería.

La pretensión de atraer 109.500 millones adicionales de capital privado hacia un vehículo dirigido por el brazo ejecutor del Estado es una quimera

Sin embargo, la evidente pretensión del fondo promovido por el Gabinete social-comunista y coherente con su trayectoria no es la de acompañar, sino la de sustituir al capital privado, lo que indica una clara voluntad de control. Este intervencionismo genera un efecto de expulsión o crowding out masivo.

Al inundar sectores con capital público subsidiado, se alteran los precios relativos del capital, desincentivando la entrada de inversores privados que no pueden competir con las condiciones de financiación privilegiada del Estado, provocando una zombificación de la economía donde la supervivencia dependerá del favor político y no de la eficiencia.

Dicho lo anterior surge una pregunta elemental: ¿Qué inversor privado racional va a entregar su dinero para que sea gestionado por un Gobierno de sesgo colectivista y cuya acción se define por una crónica arbitrariedad? El capital internacional busca seguridad jurídica y maximización de retornos, no servir de comparsa a objetivos de ingeniería social o supervivencia electoral.

En consecuencia, la pretensión de atraer 109.500 millones adicionales de capital privado hacia un vehículo dirigido por el brazo ejecutor del Estado es una quimera. Por tanto, ante la falta de socios reales, el Estado acabará asumiendo la totalidad del riesgo, socializando las pérdidas mientras centraliza el control político de los beneficios y de las empresas.

La literatura económica muestra que las intervenciones estatales masivas en sectores transables suelen derivar en una apreciación artificial de costes internos, mermando la competitividad. El fondo España Crece no actuará como un amortiguador de shocks, sino como un amplificador de los mismos.

Al vincular la inversión industrial a la gestión pública, el ciclo económico se sincroniza forzosamente con el ciclo político, aumentando la volatilidad y la incertidumbre en un entorno donde la discrecionalidad administrativa sustituye a la Ley.

En conclusión, esta iniciativa no busca modernizar el tejido productivo, sino profundizar en un estatismo rampante. Es un instrumento para más de control de la economía, cuya puesta en marcha acentuaría la erosión de los cimientos de la economía de mercado y la libertad de empresa en España.

Esta no padece una carencia de capital estatal, sino una asfixia de la iniciativa privada causada por una fiscalidad expoliadora, una burocracia aberrante, una regulación masiva y un creciente desprecio a la propiedad privada. El fondo España Crece es una firme apuesta por el estancamiento tutelado, que garantiza la hipertrofia del sector público a costa de la depauperación del privado; un retroceso hacia modelos de planificación central que la historia ya ha sentenciado como ineficientes, corruptores y liberticidas.