Durante años hemos confundido acción política con gesto político. Eso se ha traducido en anuncios que no iban acompañados de acciones, declaraciones que no resolvían problemas, promesas que no se cumplían. Y no ha pasado nada.
Es el “Votasteis gestos, tenéis gestos” de mi libro (Deusto, 2021). De esa confusión ha nacido una maquinaria muy eficaz para producir titulares, ruido y escenografía institucional, pero notablemente ineficaz para afrontar los problemas graves de nuestro país. Es el fenómeno que mi amigo Javier González Recuenco ha bautizado con un término tan certero como incómodo: la pantomimachine. La mezcla perfecta entre pantomima y máquina.
La pantomimachine no es propaganda clásica ni mentira puntual. Es algo más sofisticado y corrosivo. Es el fenómeno por el cual nuestro sistema ha aprendido que simular acción es más rentable que actuar, porque los incentivos políticos premian el anuncio, no el resultado.
Y como toda máquina bien engrasada, funciona de forma repetitiva, automática y transversal. El problema es que, tal y como señalaba Recuenco esta semana, más allá de la parte cómica que puedan tener estas situaciones, no es gratis.
Lleva mucho tiempo en funcionamiento, pero hay ejemplos frescos de esta semana en varios frentes distintos. Por ejemplo, la vivienda. Durante años se ha alimentado un relato simplificador en torno a este problema.
El coste económico es visible: retirada de oferta, incertidumbre regulatoria, desvío de viviendas a otros usos
Como explicaba Jon González en redes, el “casero”, el “rentista”, el “especulador” eran el enemigo y los esfuerzos del gobierno, y de los medios y redes afines al régimen, ha sido señalar y demonizar a las personas y, regular y topar la vivienda. El gesto político era claro, comunicativamente eficaz y alimentaba su pretendida superioridad moral. Económicamente, desastroso.
Ahora vencen contratos, llega el ajuste y se agota el repertorio teatral. De pronto escuchamos que hay que “incentivar a los caseros” y que “no conviene enfrentar a arrendadores e inquilinos”. El giro no solo es tardío: es incomprensible para el propio electorado, que con razón se pregunta si no eran ellos el problema ayer.
Aquí la pantomimachine crea el problema que luego finge corregir. El coste económico es visible: retirada de oferta, incertidumbre regulatoria, desvío de viviendas a otros usos. El coste intangible es aún mayor y se propaga como un virus: pedagogía económica tóxica, pérdida de credibilidad diagnóstica y una ciudadanía cada vez más desorientada.
Este fenómeno también opera en el terreno moral, y ahí sus efectos son especialmente corrosivos. El caso de Venezuela es paradigmático. Durante años se ha negado la existencia de centros de tortura, se ha blanqueado a un régimen usurpador y se ha pedido activamente a víctimas excarceladas que guardaran silencio para evitar “escándalos internacionales”.
Todo ello mientras figuras relevantes del entorno político español actuaban como intermediarios bien remunerados del régimen de Maduro.
La fragmentación fiscal, el debilitamiento de la capacidad redistributiva y la corrosión del sistema de incentivos
Hoy, con la evidencia acumulada, con testimonios directos de torturados, con premios internacionales a la oposición democrática y con un régimen cada vez más acorralado, los mensajes del PSOE y de Podemos siguen siendo ambiguos cuando no directamente silenciosos.
Mientras otros líderes europeos reciben a los excarcelados como lo que son, víctimas de una dictadura, en España se opta por taparles la boca y borrar el problema del espacio público.
El caso de Irán no es mejor. Durante mucho tiempo, buena parte de la prensa y de la clase política occidental miró hacia otro lado mientras las redes denunciaban la represión y las matanzas. La indignación institucional llegó tarde, cuando el número de muertos hace ya imposible sostener el silencio. Y en algunos casos, como el de Podemos, el perfil bajo no es casual: su entorno mediático fue financiado por el propio régimen iraní y por actores afines al fundamentalismo islamista.
No estamos ante incoherencias aisladas. Estamos ante una gestión estratégica del silencio, una moral activable a conveniencia, que permite simular compromiso con los derechos humanos sin asumir el coste político, económico o reputacional de defenderlos cuando importa. Pero hay otro coste intangible: el coste del precedente.
Cada silencio, cada ambigüedad calculada, cada reacción tardía enseña a los regímenes autoritarios que el umbral de tolerancia es alto y que la condena internacional es negociable. Por decirlo claramente, se abarata la represión.
Pero la pantomimachine también se disfraza de complejidad técnica. El nuevo debate sobre financiación autonómica y la supuesta “ordinalidad” se presenta como un ejercicio de equilibrio, sofisticación y justicia territorial. Pero en realidad, como explica Benito Arruñada, opera como un pactismo feudalizante que debilita al Estado en beneficio de élites extractivas concretas.
Los socios están satisfechos, el conflicto se aplaza y el titular se consigue. Prueba superada. Pero el coste económico es serio.
La fragmentación fiscal, el debilitamiento de la capacidad redistributiva y la corrosión del sistema de incentivos. El coste intangible es aún más profundo y consiste en la percepción de desigualdad arbitraria, la ruptura de la lealtad institucional común y normalización de un Estado negociado a trozos.
Finalmente, el caso más grave es el que afecta al corazón institucional. La decisión de permitir que un fiscal general inhabilitado pueda seguir ejerciendo, apoyándose en una interpretación forzada de la ley, es un ejemplo de manual. Formalmente correcto y sustantivamente devastador. El mensaje implícito es demoledor.
El procedimiento importa más que el principio. Hablamos de la erosión de la confianza en la justicia, de la desmoralización interna de los profesionales y, sobre todo, de la sensación de que todo vale si eso permite atornillarme en el poder.
Este carísimo fenómeno prospera cuando renunciamos a exigir. Cuando aceptamos el gesto como sustituto de la acción y el relato como sustituto de la responsabilidad. Es una renuncia cívica.
Pero ningún engranaje funciona sin energía. Y la energía de esta máquina es el consentimiento: votos, silencios y expectativas bajas. Retirar ese consentimiento parece revolucionario, pero sólo es democrático.
La pantomimachine no es gratis, pero tampoco es invencible. Depende de cuánto tiempo más estemos dispuestos a sostenerla.