Redes eléctricas de alta tensión a su paso por un área de viviendas.
La vivienda es el primer problema para los españoles, por delante de la inmigración y la situación económica, según la más reciente ola del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Esta percepción deriva fundamentalmente del precio de la vivienda, que ha crecido un 80,9% en el conjunto del país en la última década (datos del INE desde el tercer trimestre de 2015 hasta el cierre de septiembre del año en curso), con comunidades, como Madrid, por encima del cien por cien.
Esta escalada de los precios ha incrementado sustancialmente el esfuerzo que supone la adquisición de una vivienda. De acuerdo con el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario publicado hace apenas dos meses por la Sociedad de Tasación, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario se sitúa en 7,6 años de salario íntegro para una vivienda tipo en España, un año más que hace diez y casi el doble si nos retrotraemos dos décadas.
Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, la falta de potencia eléctrica frena el desarrollo de más de 300.000 viviendas.
La causa de este enorme problema es obvia: la oferta está muy por debajo de la demanda. Aunque en los últimos meses se ha producido un ligero aumento de la actividad promotora, ésta sigue siendo insuficiente para cubrir una demanda creciente.
De hecho, según BBVA Research, los visados de vivienda nueva crecieron cerca de un 11% interanual, 132.000 unidades en los últimos doce meses hasta julio de 2025, “pero el ritmo sigue siendo insuficiente para absorber la demanda, teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se habrán creado unos 185.000 hogares, en promedio anual”.
¿Y cuántos cientos de miles de hogares no se habrán creado por la incapacidad de jóvenes y parejas para comprar o alquilar una vivienda?
Si la causa es unívoca, el origen del desequilibrio entre oferta y demanda deriva de varios factores. El primero no es la escasez de apetito promotor, sino la falta de suelo para satisfacerlo. Fundamentalmente son los ayuntamientos quienes tienen que liberar suelo mediante la revisión de sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).
En 2024 se rechazaron solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que sumaron 33.159 megavatios (MW), la mitad de los solicitados.
A la lentitud administrativa que lastra el diseño, la aprobación y el despliegue de este tipo de planeamientos se suma lo fácil que resulta detenerlos y judicializarlos.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tras tomar como muestra 28 municipios de más de 50.000 habitantes, determinó que en promedio un PGOU demora 12 años y 3 meses desde que se acuerda iniciar la revisión hasta su aprobación definitiva.
Una segunda causa del problema es la escasez de profesionales. Un informe emitido en junio por BBVA Research desvela que “el problema de escasez de mano de obra en España afecta particularmente a la actividad de construcción de viviendas y otros edificios desde el año 2023”.
En los últimos años ha empezado a tomar cuerpo un tercer factor: la dificultad para acceder a las redes de distribución de energía eléctrica. En 2024 se rechazaron solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que sumaron 33.159 megavatios (MW), la mitad de los solicitados, según un estudio realizado por la patronal de las grandes eléctricas (AELEC) y Deloitte.
De esta cifra, 6.717 MW correspondieron a promociones de vivienda y polígonos industriales.
Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), “el acceso y conexión a la red eléctrica se ha convertido hoy en uno de los principales desafíos para el desarrollo de nuevas promociones urbanísticas en España” (Informe “Impulsar la vivienda pasa por reforzar las redes eléctricas”, julio de 2025).
Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, la falta de potencia eléctrica frena el desarrollo de más de 300.000 viviendas.
El problema de la conexión para la vivienda nos conduce, a su vez, a uno de los desafíos que la economía española no está abordando con la suficiente rapidez: la descarbonización mediante la electrificación.
Entre el año 2000 y 2024 el PIB de España creció un 146% y la población se incrementó un 20% (la población activa un 36%); y, sin embargo, el consumo energético apenas sumó un 2% en ese mismo período.
Es más, si tomamos como referencia el año 2004, la demanda se redujo.
Uno de los cuellos de botella que estrangula el avance de la electrificación son las redes de transporte y distribución. Su efecto como freno ha quedado evidenciado. En el caso de la vivienda no es razonable, ni eficiente, ni responsable en términos económicos y sociales que no se aborden con celeridad las reformas y las inversiones que son imprescindibles para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española.
Para que todos los españoles puedan ejercer el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” es imprescindible, entre otras políticas, que la electricidad llegue a tiempo. Incluso hoy la mayoría de los relojes con los que medimos el tiempo necesitan acceso a la red eléctrica para cargarse.
*** Juan Béjar es el presidente de BRUC, compañía española de generación renovable