Durante años, la geopolítica tecnológica se ha explicado como una especie de western binario: Estados Unidos frente a China, Silicon Valley frente a Shenzhen, presunta democracia liberal frente a autoritarismo digital. Un relato sencillo, tranquilizador… pero cada vez menos útil.

Basta con observar el tono y las decisiones de la nueva administración Trump para entender hasta qué punto ese marco mental se está quedando obsoleto. Cuando se normaliza una intervención militar directa en Venezuela o se trivializa la idea de una presión extrema, cuando no algo más, sobre Groenlandia, el mensaje es claro: el orden internacional ya no se rige por reglas compartidas, y la tecnología, lejos de quedar al margen, se convierte en uno de los principales instrumentos de poder.

En ese contexto, la geopolítica tecnológica deja de ser una disputa entre dos superpotencias para convertirse en un proceso de fragmentación acelerada. No estamos ante una nueva Guerra Fría, sino ante algo más prosaico y más peligroso: un mundo en el que cada bloque, cada región y, en algunos casos, cada país, intenta reducir dependencias críticas porque ha entendido que confiar en infraestructuras ajenas es una vulnerabilidad estratégica. La tecnología ya no es un sector económico: es una infraestructura política.

Seguimos mirando al sitio equivocado: mientras el debate público se obsesiona con TikTok, los aranceles a los coches eléctricos o las sanciones a empresas chinas de semiconductores, las decisiones verdaderamente relevantes se están tomando en capas mucho más profundas y menos visibles.

Quién controla los centros de datos, bajo qué jurisdicción operan, dónde se entrenan los modelos de inteligencia artificial, quién fija los estándares técnicos y regulatorios y quién tiene capacidad real de cómputo a gran escala. Ahí es donde se juega la soberanía, no en los discursos grandilocuentes.

Va de quién entiende antes que la tecnología es poder, que la dependencia es vulnerabilidad y que la soberanía no se proclama: se construye.

Europa es un caso paradigmático de esta confusión. Durante años ha compensado su debilidad industrial y tecnológica con una hipertrofia regulatoria que, si bien ha tenido efectos positivos en términos de derechos y protección del consumidor, no ha servido para construir capacidad estratégica.

Seguimos sin campeones tecnológicos globales, seguimos dependiendo del cloud estadounidense, del hardware asiático y, cada vez más, de modelos de inteligencia artificial entrenados y controlados fuera de nuestras fronteras. Regular no es lo mismo que gobernar, y mucho menos que competir.

La situación se vuelve aún más delicada cuando se introduce la variable Trump. Una administración abiertamente transaccional, dispuesta a utilizar la tecnología, los datos, la energía y las infraestructuras digitales como armas de negociación geopolítica, cambia por completo las reglas del juego. La idea de que Estados Unidos es un socio previsible y estable sobre el que se puede construir una dependencia estructural empieza a resultar, como mínimo, ingenua, cuando no estúpida o suicida. Y eso no solo afecta a Europa, sino a buena parte del mundo. Seguir siendo complaciente ante un oponente así es absurdo.

Países como India, Brasil, Indonesia o Arabia Saudí lo han entendido mucho antes que Europa: no buscan alinearse ciegamente con uno u otro bloque, sino maximizar su margen de maniobra. Invierten en infraestructuras propias, imponen requisitos de localización de datos, negocian desde posiciones más asertivas con los grandes proveedores tecnológicos y diversifican sus alianzas.

No es ideología: es gestión del riesgo. En un mundo volátil, depender de un único proveedor o de una única jurisdicción es una apuesta temeraria.

La tecnología, además, introduce una asimetría particularmente peligrosa: las infraestructuras críticas son invisibles para la mayoría de la población, pero determinantes para el funcionamiento de la economía y del Estado.

El cloud, los sistemas de pago, las redes de comunicaciones, los modelos de inteligencia artificial que automatizan decisiones clave. Todo eso puede convertirse en palanca de presión sin necesidad de disparar un solo tiro. La coerción ya no requiere ocupación militar: basta con controlar el interruptor adecuado.

Aquí es donde la narrativa tradicional se rompe definitivamente. No se trata de elegir entre Estados Unidos o China, sino de entender que ambos operan, cada vez más, como imperios tecnológicos que priorizan sus intereses estratégicos. Pensar que uno de ellos representa un supuesto “orden basado en reglas” mientras el otro es el problema es una simplificación peligrosa. La pregunta relevante no es quién es más simpático, sino quién controla qué, y en qué condiciones.

El caso de Groenlandia es especialmente ilustrativo. Más allá de la anécdota o del exabrupto diplomático, pone sobre la mesa cuestiones muy concretas: control de rutas árticas, acceso a minerales críticos, infraestructuras energéticas y, por supuesto, posicionamiento tecnológico y militar en una región clave para el futuro. Nada de eso tiene que ver con ideología, todo tiene que ver con poder. Y la tecnología atraviesa cada una de esas capas.

Si Europa no quiere quedar atrapada entre decisiones ajenas, necesita abandonar de una vez la ilusión de que la regulación basta. Hace falta una estrategia industrial seria, inversión sostenida en infraestructuras digitales y energéticas, capacidad propia de cómputo y una política tecnológica que entienda el largo plazo. No es una cuestión de orgullo ni de autarquía, sino de resiliencia.

Porque la nueva geopolítica tecnológica no va de Estados Unidos contra China ni de con cuál de ellas te alineas. Va de quién entiende antes que la tecnología es poder, que la dependencia es vulnerabilidad y que la soberanía no se proclama: se construye. Y, de momento, seguimos llegando tarde.

***Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE University.