“What About Me?” Nile Rodgers.
Empieza 2026 y Pedro Sánchez corona un hito inédito en nuestra democracia: 100 subidas de impuestos desde 2018, y sigue aumentando la deuda y haciendo a los españoles más pobres.
Las 100 subidas de impuestos y cotizaciones que reflejaba EL ESPAÑOL esta semana suponen un factor clave del sanchismo: el expolio al sector productivo y las familias para crear un país dependiente. Jamás en democracia se había visto un gobierno que combinase una voracidad fiscal de tal magnitud con un deterioro tan acusado del poder adquisitivo de los ciudadanos y del salario real neto.
Los datos son alucinantes: Sánchez ha disparado los impuestos al trabajo con la excusa de “llenar la hucha de las pensiones” y ha aumentado la deuda de la seguridad social un 260% hasta los 136.000 millones de euros, con un déficit contributivo de 51.000 millones de euros.
La seguridad social estaba en dificultades en 2018 y Sánchez la ha dejado con patrimonio neto negativo de más de 100.000 millones de euros y un agujero imposible de solventar con políticas socialistas.
Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y ha acumulado 513.000 millones de euros de recaudación extra desde que llegó a la Moncloa
Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y ha acumulado 513.000 millones de euros de recaudación extra desde que llegó a la Moncloa y, al mismo tiempo, ha incrementado la deuda pública en unos 507.000 millones, lo que evidencia que el gigantesco esfuerzo de familias y empresas no ha servido para sanear las cuentas, ni para mejorar los servicios públicos, sino para alimentar un gasto público descontrolado.
Peores servicios, infraestructuras desatendidas, trenes que no funcionan, apagones y empeoramiento generalizado en los servicios públicos. Ningún español puede decir que los servicios españoles han mejorado en 513.000 millones.
Mientras el Gobierno vende un relato de justicia social, crecimiento inclusivo y mejora de servicios, la realidad es que los españoles trabajan más para el Estado, cobran menos en términos reales netos y soportan unos servicios públicos que no mejoran.
El artículo de EL ESPAÑOL me pareció especialmente relevante al detallar las 100 subidas de impuestos y cotizaciones junto a la evidencia de que ese dinero no ha servido para nada más que engordar una maquinaria estatal extractiva.
Empieza 2026 y la voracidad recaudatoria de Montero y Sánchez no se sacia. Entra en vigor otro paquete de alzas y, además, finalizan varias rebajas temporales en energía y alimentos. Cualquier análisis independiente deja claro que cada excusa coyuntural –pandemia, guerra, inflación, “crisis climática”– se ha utilizado para elevar el expolio fiscal y consolidarlo después.
El ochenta por ciento de la factura de estas subidas de impuestos recae sobre las clases medias, los autónomos, las pymes y los trabajadores asalariados
El Gobierno de Sánchez nos ha acostumbrado a anunciar que “moviliza” miles de millones en ayudas de manera propagandística que nunca se materializa y después cobrártelo con creces.
El Gobierno habla de justicia redistributiva, pero el ochenta por ciento de la factura de estas subidas de impuestos recae sobre las clases medias, los autónomos, las pymes y los trabajadores asalariados que no pueden optimizar su carga fiscal.
El gran botín fiscal: 513.000 millones de recaudación adicional y más deuda.
Uno de los aspectos más injustos de este récord de expolio es la “progresividad en frío”, que supone no deflactar los impuestos en un entorno de inflación disparada, de forma que los salarios suben nominalmente, pero saltan a tramos más altos y pagas más impuestos que nunca.
Funcas y otros análisis independientes llevan años advirtiendo de que esta estrategia ha supuesto unos 30.000 millones de euros adicionales de recaudación “silenciosa” a costa del contribuyente medio.
¿Política fiscal prudente? Es lo que dice Carlos Cuerpo. La realidad es que la deuda pública se ha incrementado en torno a 507.000 millones en el mandato de Sánchez, se ha endeudado hasta niveles récord y en 2026 tendrá que endeudarse en otros 55.000 millones de euros.
¿No hay presupuestos? No importa. El Gobierno no para de firmar todo tipo de gastos como si no hubiera mañana y ha gastado más de 19.000 millones de euros por encima de lo que limitaba el presupuesto.
No hay consolidación fiscal ni mejora estructural del déficit, sólo más presión sobre una economía que ya sufre la tasa de paro más alta de la OCDE y un paro oculto que se eleva a casi un millón de personas escondidas como “inactivos” y un estancamiento crónico de la productividad.
El castigo al trabajador.
Donde se comprueba claramente el modelo Sánchez es en el mercado laboral. El Gobierno presume de más afiliados, pero oculta que el coste total de contratar se ha disparado mientras el salario real neto cae.
Es más, el gobierno esconde que el “récord de empleo” de 22 millones de afiliaciones incluye récord de pluriempleo y de empleo público pagado con deuda. Por eso la tasa de actividad está estancada en un 59%.
Los impuestos al trabajo -cotizaciones sociales- han subido de forma sistemática: Mecanismo de Equidad Intergeneracional, destope de bases máximas, “cuota de solidaridad” para salarios altos, y un alza continua de la factura para empresas y autónomos.
Los estudios cifran en unos 23.000 millones el sobrecoste laboral acumulado por estas medidas y por las alzas del salario mínimo que suponen un aumento de impuestos a todos al subir las bases mínimas de cotización.
Mientras tanto, la OCDE y el INE confirman que los trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo desde 2019: los salarios reales netos han caído en torno a un 2,5% en promedio, es decir, hoy un empleado medio puede comprar menos que antes de que Sánchez llegara al Gobierno.
Con una inflación acumulada superior al 24% desde 2019, con los alimentos disparados más de un 40%, Sánchez ha erosionado brutalmente la renta disponible después de impuestos de los españoles.
No se trata sólo de salario real bruto, sino del salario real neto, el que llega al bolsillo después de impuestos y cotizaciones, que es lo que determina realmente la capacidad de consumo. En España, un trabajador soltero y sin hijos destina ya alrededor del 40,6% de su salario bruto al pago de impuestos y cotizaciones, un esfuerzo muy superior al que sugiere el relato oficial de “impuestos sólo a los ricos”.
La pérdida de poder adquisitivo se sitúa en el entorno del 5,5% para el hogar medio desde la pandemia. La combinación de inflación y presión fiscal hace que el salario neto real sea hoy menor que al inicio de la etapa Sánchez.
Es una forma de empobrecimiento lento, pero constante: el Estado se queda con una parte creciente del esfuerzo de los ciudadanos mientras el valor de lo que cobran se diluye por los precios. ¿Y qué dispara los precios? La inflación no es la subida de los precios, sino la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, creada destrucción inflacionaria generada por el gasto público desbocado.
Más impuestos, peores servicios y más pobreza
El Gobierno insiste en que esta batería de subidas financia un Estado del bienestar más robusto, pero los indicadores sociales cuentan una historia distinta. El gasto social está en máximos, pero la ratio de población en riesgo de pobreza o exclusión supera el 25% y se dispara al 34–35% en el caso de los menores, niveles propios de un país mucho más pobre de lo que refleja el PIB per cápita.
No solo eso, sino que la carencia material severa ha aumentado con Sánchez y España, con Sánchez, ha pasado de ser el sexto país en porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión a ser el tercero, según Eurostat.
Al mismo tiempo, las listas de espera sanitarias baten récords, la educación no mejora en los rankings internacionales, las infraestructuras están abandonadas y la presión fiscal sobre empresas y clases medias ahoga la inversión, la productividad y el crecimiento potencial. España es un ejemplo perfecto de “Estado obeso” que recauda y gasta como nunca, pero que ofrece servicios mediocres y empobrece a la población en términos absolutos y relativos.
Las 100 subidas de impuestos de Sánchez no son una casualidad, sino una estrategia: poner al sector productivo y las familias al servicio del Estado depredador. El sanchismo es un modelo donde la prioridad es recaudar y controlar y en el que el salario real neto de los trabajadores se reduce para controlar a la población y someterla a un gobierno que promete derechos mientras fagocita el futuro de los españoles. La oposición debe derogar este modelo si gobierna, o fracasará.
